Trochando Sin Fronteras 25 de agosto de 2016
Hablar de una nueva política minero energética significa para el movimiento social y sus organizaciones construir soberanía sobre los preciosos recursos naturales del país. Recursos que como el carbón, el petróleo, el oro, el coltán o el agua, entre otros, son elementos no renovables y que su explotación desmedida no producen riqueza para los colombianos, sino miseria y contaminación ambiental.
Se hace necesario, entonces, procurar la construcción de políticas y leyes que permitan el goce y disfrute de estos recursos; que contribuyan a superar los conflictos territoriales generados por la explotación minero energética; que eviten el saqueo y la pobreza; que promueva mayor inversión social; que mejoren las condiciones laborales de los trabajadores y que mitiguen los impactos ambientales ocasionados.
Esa nueva política minero energética permitiría a la nación definir los territorios de explotación, cómo hacer el proceso de extracción, a quién vender los recursos y en qué invertir las ganancias.
Varias organizaciones y movimientos sociales vienen trabajando en la construcción de una propuesta minero energética, con base en elementos que garanticen la soberanía, la explotación racional, la distribución equitativa de las ganancias y el equilibrio ambiental.
Trochando Sin Fronteras dialogo con Ricardo Apolinar docente universitario quien asesora a la Cumbre Agraria en la discusión con el gobierno sobre el tema minero- energético y se refirió a la forma como se vienen explotando los recursos naturales en Colombia y la construcción de una propuesta de una nueva política minero- energética para el país
Trochando Sin Fronteras-TSF:¿Debe ser la empresa nacional y no las transnacionales quienes se encarguen del aprovechamiento de los recursos naturales minero energético?
Ricardo Apolinar-RA: Sin lugar a dudas debe ser la nación, a través de sus empresas públicas, la que desarrolle las actividades de exploración y explotación de los recursos naturales, por varias razones: eso facilitaría que como estado y como ciudadanos podamos ejercer un control más riguroso de sus prácticas económicas, laborares y ambientales, lo que permitiría la veeduría a los recursos por la venta y su destinación para la inversión social.
En el caso de las empresas privadas y trasnacionales, a partir de la experiencia vivida en más 40 años de explotación de minerales e hidrocarburos en el país, éstas solo han dejado miseria y destrucción en los territorios donde se realizó la explotación de los recursos. Ejemplos claros son el Cerrejón, en la Guajira, donde los intereses de las compañías extranjeras están por encima del derecho al a vida de las comunidades indígenas. Esto permitió el desvió de ríos y arroyos, dejando sin el líquido vital a los indígenas Wayúu. También está el caso de la OXY en Arauca, que desplazó campesinos e indígenas de sus territorios y destruyó el Santuario de Flora y Fauna de la Laguna de Lipa, para sacar el petróleo del campo Caño Limón.
Aunque estos atropellos y crímenes en contra de habitantes y el ambiente están documentados, los mismos son cobijados por la impunidad que genera la legislación de nuestro país, que es flexible para las transnacionales, y dura para el pueblo.
TSF: ¿Cómo se va a realizar?
RA: La propuesta de una nueva política minero- energética iniciará con foros regionales que permitan establecer un diálogo nacional y que generen los espacios para la construcción de propuestas desde las comunidades, el movimiento social y los sindicatos de la industria. Los insumos ya han venido generándose desde las asambleas por la paz realizadas el año anterior y las propuestas de las organizaciones que hacen parte de la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular.
Fue gracias a la Cumbre y la movilización de la Minga Nacional en el 2016, que se logró el sustento financiero para la realización de los foros regionales y el encuentro nacional, como parte de los acuerdos suscritos con el gobierno nacional en las mesas de diálogo para el levantamiento del paro.
Está en manos de los colombianos, las organizaciones sociales y políticas la construcción y el posicionamiento de esta nueva política minero energética, que genere mejores condiciones de vida en los territorios.
