El pasado 13 de abril inició un paro de trabajadores impulsado por el Comité Pro-mejora Salarial de la Universidad Nacional de Colombia. En entrevista con Juan Carlos Arango, nos da a conocer las exigencias de los trabajadores en esta tercera asamblea permanente.
El Comité es un movimiento que agrupa trabajadores de base de los sindicatos SINTRAUNICOL (Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados Universitarios de Colombia) y SINTRAUNAL (Sindicato Mixto de Trabajadores de las Universidades Públicas Nacionales), así como no sindicalizados. Estos trabajadores exigen el cumplimiento de los acuerdos pactados con la administración de la Universidad Nacional el 29 de septiembre de 2013, pues luego de 19 meses de reclamos por vías institucionales, no fue posible ni siquiera lograr el diálogo con las directivas universitarias.
En la asamblea permanente del 2013, los trabajadores lograron que el gobierno nacional destinara 19 mil millones de pesos para el aumento salarial. También se consiguió que una comisión estudiara los cargos de carrera administrativa que eran de libre nombramiento y remoción en cabeza del rector y por tanto servían a su clientelismo dentro de la institución. La conclusión fue que tales cargos, que son 140, debían ser regresados a la asignación por méritos, lo cual hasta hoy no se ha cumplido.
El 11 de diciembre del mismo año se debía presentar al CSU (Consejo Superior Universitario) una tabla de aumentos de salarios de los niveles bajos elaborada con los trabajadores. Por el contrario, la administración presentó otra tabla a espaldas de lo pactado, mediante la cual incrementaba los salarios de los cuerpos directivos y asesores. Con esto se incumplió el acuerdo, dejando sin aumento a 75 trabajadores de las labores de mantenimiento de la Universidad y a 60 profesores del Instituto Pedagógico Arturo Ramírez Montúfar -IPARM-.
Los aumentos salariales de la dirección de la Universidad son una de las expresiones de la corrupción que lleva a la cabeza Ignacio Mantilla, como representante de las políticas del gobierno de Juan Manuel Santos en su estrategia de colapsar la Universidad y avanzar en su privatización. Así el rector tuvo un incremento superior a un millón de pesos, el vicerrector sobre los ochocientos mil pesos, y aumentos similares en el cuerpo directivo y asesor, en cifras que no son públicas aún. Todo este reparto en los altos cargos en comparación con los aumentos pírricos que les dieron a los trabajadores, que van desde los doscientos mil pesos, hasta treinta mil pesos, así como a quienes no se les hizo ningún incremento.
Criminalización desde la dirección universitaria
El gremio sindical ha manifestado su rechazo a las medidas represivas y de amedrentamiento que ha llevado a cabo la dirección de la universidad, mediante el llamado a lista cada dos horas a los trabajadores que están en los edificios abiertos, así como el descuento en los salarios, ordenado mediante resolución 340 del 13 de abril/15.
Se ha denunciado el seguimiento y la toma de fotografías y filmaciones por parte de la seguridad privada a miembros del Comité, pues además de ser un hecho irregular, se desconoce el uso que las directivas de la Universidad le den a este material.
Por los medios de comunicación, hacia el exterior y al interior de la Universidad, la dirección presenta el argumento de la ilegalidad del Comité Pro-mejora Salarial. Esto resulta absurdo, toda vez que las mismas directivas han suscrito tres acuerdos con el referido Comité en ocasiones anteriores al paro, acuerdos que han sido depositados en el Ministerio del Trabajo. Un aspecto positivo de la conformación del Comité es que los trabajadores evitan que la dirección de la Universidad burle sus demandas con la cantidad de trámites burocráticos y dilaciones de las que hace uso para bloquear la actividad sindical.
La Asamblea Tri-estamentaria
Con su movimiento, los trabajadores han evidenciado la crisis que atraviesa la Universidad Nacional, así como la necesidad de unidad de todos los integrantes de la comunidad para su defensa. Por esto se convocó para el 15 de abril una reunión de profesores, estudiantes y trabajadores, a fin de discutir las razones de la asamblea permanente y evidenciar cómo este conflicto es parte de la grave crisis de la Universidad y de la educación pública en Colombia.
Desde las asamblea se apoya la lucha de los trabajadores, expresando el rechazo a las formas mal intencionadas de la dirección de dar solución al sinnúmero de problemas que cada vez se extienden y se profundizan. Ejemplo de ello es el nivel de auto-financiamiento de la universidad, que tarde o temprano la lleva al suicidio y que hoy día tiene como resultado déficits presupuestales como el de la Facultad de Ciencias Humanas, o casos como el de la facultad de Derecho y Ciencia Política que se auto-financian a través de programas de posgrado y extensión en más de un 90%.
La Asociación de Profesores Universitarios (ASPU) también rechaza las políticas del rector y denuncian el incumplimiento en mesas de discusión con la dirección.
El miércoles 29 de abril, surgió de la asamblea tri-estamentaria un pliego de peticiones a la dirección, exigiendo: 1. la solución dialogada del conflicto laboral mediante una mesa tri-estamentaria 2. la anulación de las medidas represivas, 3. garantías para realizar un Congreso Universitario (espacios, horarios, encuentros nacionales), 4. elaboración de un plan de pago para saldar el déficit de 150 mil millones de pesos y suplir los 470 mil millones que provienen de recursos propios, y la no ejecución del cupo de endeudamiento de 200 mil millones con el FINDETER, 5. derogatoria de las resoluciones sobre el régimen de admisión de la Universidad, 6. garantías para la finalización del semestre académico, y 7. compromiso de la Universidad para rescatar las residencias 10 de mayo, reconociendo su responsabilidad con éstas.
En masiva movilización la comunidad se dirigió al edificio Uriel Gutiérrez a radicar el pliego de peticiones. Como la directiva se rehusó a recibir el documento, los estudiantes se tomaron el edificio administrativo durante 24 horas, logrando una mesa con la dirección a fin de revisar el pliego.
La comunidad universitaria se encuentra ante la posibilidad de generar un movimiento que ponga sobre la mesa el debate sobre la defensa de la Universidad, su carácter público y estatal, y su papel como referente de dignidad nacional y hacia la construcción colectiva de los destinos del país.
