A propósito de la cacareada crisis económica y social por cuenta de los bajos precios del petróleo, es conveniente dar un vistazo a las regiones que en las últimas décadas amarraron su desarrollo a la renta petrolera y terminaron siendo petroleo-dependientes.
En general, la caída del precio del crudo en el mundo responde a diversos factores, pero principalmente a tensiones políticas y económicas entre los países ricos que reconfiguran el mercado global y controlan los dos sistemas de producción y oferta mundial de petróleo, por un lado la Organización de países Exportadores de Petróleo OPEP y por otro, los países productores que están por fuera de ésta.
Colombia tiene una mínima producción de petróleo pero su economía y buena parte del desarrollo y la implementación de sus políticas sociales, dependen de la renta petrolera. Esto viene afectando a la nación y a las regiones que se petrolizaron, casos de Arauca, Casanare, Putumayo, y Meta, entre otros, que han confiado su funcionamiento y desarrollo a los ingresos por concepto de las regalías. Significa que si lo que se presupuestó sobre la base promedio de 98 dólares por barril de crudo en el 2012 y los precios reales del momento han estado por debajo de 60 dólares por barril, el hueco fiscal rsulta bastante grande.
La nación financia con recursos de renta petrolera su plan de seguridad, es decir, el gasto militar, algunos sectores de infraestructura, como vías y proyectos portuarios, y además planes de seguridad social. La baja sustancial en los presupuestos de departamentos y municipios en regiones petrolizadas, vienen siendo el detonante de fallidas políticas sociales que hicieron crisis tiempo atrás en sectores como salud, educación, vivienda, infraestructura y agricultura, pero que gracias a la bonanza de regalías estaban siendo medianamente atenuadas.
Lo que no han reconocido estas regiones petroleo-dependientes, es que hay otros actores que impactan directamente y han profundizado la crisis; entre los que se cuentan el gasto militar y de seguridad para la industria minero energética, la corrupción administrativa, la mediocre planificación, los impactos socio-ambientales, el abandono sistemático a sectores de la producción como la economía campesina y la producción local.
Es necesario que la sociedad, las comunidades a través de los movimientos sociales y procesos sectoriales entren a corregir y modificar políticas públicas. Esto se logra trascendiendo el ejercicio de veeduría ciudadana para llegar a incidir y definir los planes de ordenamiento territorial e imprimirles un carácter popular, a fin de retomar la vocación productiva de las regiones a partir de las necesidades y proyecciones de sus habitantes y no de las expectativas y pretensiones de las empresas petroleras.
Los habitantes de estos departamentos, a través de sus movimientos sociales tienen la oportunidad de frenar y corregir los impactos ambientales y el deterioro de los demás aspectos de cada región.
La reflexión pasa por entender que la solución a la crisis generada por la dependencia a una economía petrolizada, no está a la vuelta de la esquina, y que tampoco vendrá de afuera; que es potenciando sectores estratégicos y participando directa y activamente en construir otras dinámicas socio económicas, como se resolverá la situación.
Seguramente en los próximos años vendrá una subida vertiginosa del precio del petróleo -analistas prevén que el barril de crudo puede superar los 150 dólares antes del 2017-, pero esto, por sí solo, no garantizará que sean positivos sus impactos en las regiones productoras, si no se corrige el modelo actual, con unas estrategias y un plan dirigido al aprovechamiento y uso racional y responsable de los recursos.
