Una comunicación informal circuló entre funcionarios del gobierno de Abelardo de la Espriella con una instrucción muy breve: evitar el uso recurrente de la palabra campesinos en las comunicaciones oficiales. El mensaje, revelado por La Silla Vacía, fue enviado por WhatsApp a contratistas de la Agencia Nacional de Tierras y recomendaba usar, en su lugar, expresiones como “productores rurales”. También planteaba evitar el término “reforma agraria” y reemplazarlo por fórmulas como “acceso a tierras” o “formalización”.
No llegó como decreto, ley o resolución firmada. Fue uno de esos mensajes que circulan dentro de la administración pública y que, por su carácter informal, rara vez dejan trazabilidad. Sin embargo, este tipo de orientaciones termina moldeando el lenguaje con el que el Estado nombra —o deja de nombrar— a millones de personas y entra en tensión con los avances alcanzados en el reconocimiento del campesinado como sujeto de derechos, consagrado en el Acto Legislativo 01 de 2023.
Lo que podría parecer una simple decisión de estilo tiene implicaciones profundamente políticas: si desaparece el nombre, también puede debilitarse el reconocimiento de una historia, unas demandas colectivas y unos derechos específicos.
La instrucción ocurre, además, en un contexto de centralización de la comunicación gubernamental. Una Directiva Presidencial estableció que ministros, directores y otros altos funcionarios deben consultar y coordinar con la Secretaría de Comunicaciones y Prensa de Presidencia antes de dar entrevistas, declaraciones o participar en medios. El Gobierno presenta la medida como un mecanismo para mantener información coherente y verificada; en la práctica, sin embargo, concentra en Presidencia un mayor control sobre el relato institucional.
En ese escenario, dejar de nombrar al campesinado no es un detalle menor. El campesinado colombiano no es una categoría cualquiera ni una palabra que pueda intercambiarse sin consecuencias por “pequeños empresarios del campo” o “productores rurales”. Nombra a un sujeto social cuya historia está ligada a la tierra, la producción de alimentos, el trabajo familiar, las economías locales, la organización comunitaria y la defensa del territorio. Pero también a una población históricamente atravesada por el despojo, la concentración de la tierra, el abandono estatal y la violencia armada.
Aún así , en 2023 después de décadas de luchas de organizaciones agrarias y campesinas, el Congreso aprobó el Acto Legislativo 01, que modificó el artículo 64 de la Constitución y reconoció expresamente al campesinado como sujeto de derechos y de especial protección constitucional. No fue solamente un cambio de palabras en la Carta Política: significó reconocer una identidad colectiva y establecer responsabilidades específicas del Estado frente a una población históricamente marginada.
Ver esta publicación en Instagram
Algo similar ocurre con la pretensión de reemplazar la expresión “reforma agraria” por términos como “acceso a tierras” o “formalización”. Para organizaciones campesinas como el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la reforma agraria no se reduce a entregar o titular predios. Su propuesta de Reforma Agraria Integral y Popular (RAIP) plantea transformaciones estructurales que pasan por democratizar la tierra y el territorio, reconocer al campesinado como sujeto de derechos, fortalecer los Territorios Campesinos Agroalimentarios, impulsar la soberanía alimentaria y la agroecología, garantizar bienes colectivos como salud, educación, vivienda y vías, y construir formas públicas, cooperativas y comunitarias para la producción y comercialización. Reducir esa discusión a “acceso” o “formalización” no solo modifica las palabras: también puede vaciar de contenido una reivindicación histórica que cuestiona la concentración de la tierra y propone transformar las relaciones económicas, sociales y políticas que determinan la vida en el campo colombiano.
Ahora, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, defendió públicamente la decisión de sustituir la palabra “campesino” por “pequeños empresarios del campo”, al considerar que el primer término es despectivo y que la nueva denominación busca elevar su estatus. Pero la dignificación no pasa por borrar el nombre que el propio campesinado ha construido y defendido durante décadas como identidad social y política. Mucho menos por sustituirlo, desde las instituciones, por una categoría asociada principalmente a su función económica.
Porque un campesino no es solamente un productor. La palabra también habla de una relación con la tierra y el territorio, de formas de organización, de prácticas culturales, de comunidades y, sobre todo, de luchas históricas que consiguieron convertir ese nombre en una categoría reconocida por la propia Constitución.
En Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, el Catatumbo y muchas otras regiones del país, las organizaciones campesinas continúan enfrentando la disputa armada, la precariedad económica, la concentración de la tierra y el abandono institucional. Reconocerlas exige mucho más que mencionarlas en un comunicado, pero comienza por no borrar el nombre con el que han construido sus luchas y conquistado derechos.
Silenciar la palabra campesino no hace desaparecer esa historia. Lo que sí puede hacer es despojar de contenido político una identidad que tardó décadas en ser reconocida por el Estado.
