Mencionar al poder popular, la participación comunitaria y el cuidado de la naturaleza suena esperanzador en un evento de tal magnitud política y mediática como la COP16. Pareciera que un gobierno con ese discurso, extendiera la mano a las comunidades y movimientos sociales que protegen al territorio e invitara a estrechar esfuerzos para continuar con esas históricas luchas colectivas; sin embargo, por más alcance nacional e internacional que tenga cualquier tarima en la COP16, la realidad en los territorios desbarata el contenido de esos discursos gubernamentales[1].
Un caso territorial está en el norte del Tolima. En el municipio de Falan, la multinacional minera Outcrop Silver, clavó sus dientes para robar el oro y la plata a través de empresas mineras locales (Miranda Gold, Minerales Santa Ana, Baroyeca Gold and Silver Inc., Activos Mineros de Colombia, Condor Precious Metals). Estas empresas tienen en la actualidad 6,475 hectáreas en contrataciones mineras, distribuidas en 11 títulos mineros y con pretensiones de ampliar su radio de explotación a 21 000 hectáreas, mediante solicitudes a la Agencia Nacional de Minería (ANM)[2].
Este proyecto conocido y feriado ante inversionistas extranjeros, como Proyecto Santa Ana, pretende extraer el oro y la plata de un sistema de vetas que van desde la media montaña hasta el piedemonte de la cordillera central. Las comunidades han expresado que la extracción de minerales pone en riesgo el acuífero del norte del Tolima que se alimenta del nevado del Ruíz y del nevado del Tolima, afectando también la soberanía alimentaria y la cultura campesina de este territorio[3].
La gente de Falan se pellizcó y ganó una tutela para realizar la audiencia pública el 3 de septiembre de 2023 en la que debían recibir explicaciones e información por parte de la ANM sobre los proyectos mineros que se quieren imponer allí y de paso a responder los cuestionamientos de la comunidad campesina y ambientalista.
La audiencia se realizó, pero, lamentablemente, al día siguiente fue asesinado el ambientalista Johan Ferney Aguilar González, hijo de Wilmer Antonio Aguilar Rodríguez, otro líder ambiental. Padre e hijo participaron en dicha audiencia pública, y Wilmer aprovechó ese espacio con el gobierno nacional para denunciar las amenazas recibidas tiempo atrás[4].
Hasta ahora, la supuesta investigación en el caso de Johan no ha tenido resultados, aún se desconocen los autores intelectuales y materiales del homicidio. Otros asistentes a la audiencia pública, denunciaron que en la carretera por donde salían hacia Ibagué después de terminado el evento, encontraron árboles talados y atravesados que impedían la movilidad, creando un ambiente hostil a las comunidades que están luchando contra la minería en Falan.
Con este caso, entre muchos conflictos socio-ambientales vigentes en el Tolima, se evidencian las contradicciones de la “transición energética” propuesta por el gobierno nacional. Ya que, en términos de actores, las multinacionales extranjeras junto a sus filiales y aliados locales son quienes controlan la explotación de los minerales e imponiendo así su territorialidad expoliadora y privatizadora, en clara violación integral a nuestra soberanía nacional. Además, estos casos en los territorios son la expresión local de la estrategia mundial de las potencias capitalistas para seguir garantizando las materias primas que necesita su industria militar-tecnológica, como también para la elaboración de sus productos impuestos al resto de los países.
Viendo las propuestas ambientalistas de un gobierno progresista, desde esta orilla popular y teniendo en cuenta las realidades territoriales, se reafirma la validez de las alternativas que las mismas comunidades vienen planteando y materializando por años. Sintetizando, de manera muy general, dichas alternativas le apuestan al ordenamiento territorial popular, el autogobierno comunitario y a la movilización social permanente para que llegue el día en que seamos las comunidades quienes decidan el futuro y no las multinacionales junto a sus aliados locales.
Referencias
