Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Vivienda y hábitat: La eterna deuda del Estado con los sectores populares


Por:  Gloria Bermúdez Barrera, Alexis Casallas Torres

Grupo de formación e investigación “Orlando Fals Borda” – EntreRedes

“A la memoria de Carlos y mi abuelo”

espectador

Foto: http://www.elespectador.com/

Mi abuelo llegó a Bogotá en la década de los sesenta, huyéndole al hambre y la pobreza que azotaba diferentes regiones de Boyacá. Además de unas cuantas ruanas y dentales que trajo y que vendió en las calles de la ciudad para ganarse la vida, traía consigo un sueño, conseguir una casita para él, mi abuela, mi mamá y mis 6 tías. Luego de varios años de trabajar como vendedor callejero logró comprar su lote y construir. Desafortunadamente la mayoría de mi familia no ha contado con  la misma suerte.

Desde la llegada de mi abuelo a Bogotá, han sido cientos las falsas promesas de vivienda que han hecho los gobiernos de turno, miles los “generosos” políticos que han prometido vivienda propia, y varias las políticas públicas de vivienda que han terminado en un completo fracaso. Las cosas no han cambiado mucho en estos 50 años, la promesa de vivienda propia sigue siendo el más eficaz anzuelo de los políticos para la pesca de electores, y todavía son millones los/as colombianos/as que sueñan tener algún día su casita propia. Ante este panorama vale la pena preguntarnos ¿por qué no se ha logrado solucionar el problema de déficit de vivienda propia para millones de colombianos/as? Y frente a esta situación ¿Cómo desde las experiencias de las comunidades podemos construir una propuesta política que garantice nuestro derecho a la vivienda?

El déficit de vivienda: De mal en peor

En la actualidad Colombia tiene uno de los déficits más altos de vivienda de la región, afectando a cerca del 40% de los hogares. En el caso concreto de Bogotá, según el CENAC[1] para el 2011 el 41,4 por ciento de los hogares estaba en arriendo, el 40,3 % tenía vivienda propia, el 3,5 % residía en usufructo y el 2,3 % restante tenía otra forma de tenencia. Las localidades con mayor déficit de vivienda son Ciudad Bolívar (56,8%), Usme (53,3%), Mártires (51,9%) y Rafael Uribe (51,4%).

A pesar de lo preocupantes que son las cifras, la solución al déficit de vivienda no está a la vista. Por el contrario, este tiende agudizarse de la mano del incremento constante de los precios de la vivienda en la ciudad. Tener casa propia en Bogotá es un sueño que sube y sube de precio. Se calcula que en los últimos 10 años el precio de la vivienda ha subido en un 160%, como lo informó en abril de este año el DANE.

 

La especulación ha sido y es ama y señora del mercado de la vivienda en Bogotá. Hace 15 años una vivienda en estrato 2 que valía 20 millones de pesos, hoy cuesta entre 80 y 90 millones. Sin embargo, ha sido en los últimos años que los precios han crecido desmesuradamente. Por ejemplo, el costo del metro cuadrado en Santa Bárbara Central (al norte de la ciudad) se incrementó un 100% en tan solo dos años, al pasar de 5 millones de pesos que valía en el 2011 a 10 millones en el 2013. Es más, aunque parezca absurdo, hay barrios exclusivos de Bogotá en los que el precio del metro cuadrado es igual al de algunas zonas de Miami o Nueva York. Los exagerados precios de la vivienda en Bogotá han impedido que miles de familias puedan acceder a una casa propia, o que para hacerlo tengan que recurrir a la banca privada a fin de obtener un abusivo crédito. Según Libardo Sarmiento, en el periodo octubre 2013-septiembre 2014, el valor de los créditos para vivienda nueva y usada aumentó 18,3 y 4,7 %, respectivamente.

pupDe la mano de los crecientes precios de la vivienda en Bogotá se ha encarecido el costo del canon de arrendamiento.  Ante la imposibilidad de miles de familias de tener vivienda propia, la mayoría de estas debe tomar casas, apartamentos y habitaciones en arriendo. Según Fedelonjas, en Bogotá el 46,2% de los hogares están en condición de arrendatarios o subarrendatarios.                                                                                             Foto: http://poderyunidadpopular.org/

De hecho Bogotá, según el Banco Interamericano de Desarrollo -BID-, es la ciudad de América Latina donde más gente vive en arriendo, y una de las más costosas para vivir. Por ejemplo, arrendar un apartamento en los estratos 3 y 4 cuesta en promedio $850.000 y el ingreso anual para un ciudadano es de $14’840.000, mientras que en Sao Paulo (Brasil), que maneja un precio de arrendamiento similar al bogotano, sus habitantes devengan un promedio de $21’715.000 al año. Como se decía, eso es respecto a los estratos 3 y 4. Sin embargo, el problema es peor para las familias sin vivienda propia que devengan hasta un salario mínimo mensual, ya que deben destinar aproximadamente el 60% de su ingreso al pago de arriendo, lo que es una cifra excesiva para un hogar pobre, como lo indica el experto en urbanismo de la Universidad Nacional Carlos Torres.

¿Y cómo responde el Estado a esta situación?

La respuesta del Estado frente a esta problemática ha sido equivocada e insuficiente. Como lo señala Carlos Torres, Bogotá arrastra con un déficit de vivienda histórico. Según el Plan de Ordenamiento Territorial -POT- del año 2000, para el 2010 se debían construir 500.000 nuevas edificaciones en la ciudad, eso quería decir que cada año se tenía que levantar 55.000 nuevas viviendas, para solucionar el déficit. En Bogotá el déficit para agosto de 2007 era de 325.795 unidades habitacionales, de las cuales 175.899 correspondían al déficit cuantitativo[2] y 149.896 al déficit cualitativo[3], por lo que se puede concluir que el problema de la vivienda ha terminado por agudizarse y perpetuarse.

En las últimas décadas el Estado ha sido incapaz de garantizar a millones de colombianos y colombianas el goce pleno del derecho a una vivienda digna. Esto se ha debido, en primer lugar, a que el Estado se ha concentrado en favorecer los intereses económicos tanto de los grandes emporios de la construcción como del sector financiero a costa del bienestar de los/as ciudadanos/as; en segundo lugar, porque las políticas públicas en materia de vivienda están pensadas para incentivar el mercado de los bienes raíces, mediante estímulos económicos a las constructoras y  subsidios a la demanda, y no para cumplir con su deber constitucional; y por último, porque al dejar en manos de la empresa privada la construcción de viviendas estas han estado más preocupadas en aumentar sus márgenes de utilidad, negando el acceso a los créditos de vivienda a los más pobres y entregando viviendas de mala calidad y sin los equipamientos y dotaciones urbanísticas mínimas –parques, jardines infantiles, zonas verdes, etc.

Una demostración de esto es la actual política de vivienda del gobierno de Juan Manuel Santos que se ha centrado en entregar “viviendas gratis” para las personas más vulnerables[4]. Esta iniciativa no ataca el problema de raíz, pues varios de los subsidios prometidos no están llegando realmente a los hogares menos favorecidos. Además esa medida no se encuentra articulada con una política integral de hábitat, se trata de viviendas sin dotación en infraestructura como colegios, guarderías, vías para la movilidad u oferta de empleo. Por último,  las comunidades que en el pasado construían alternativas para edificar sus  viviendas a través de las asociaciones de vecinos, invasiones etc., ahora se ven fragmentadas con las políticas del mercado inmobiliario que construye edificios en zonas periféricas sin planeación urbanística y sin acompañamiento para las comunidades en cuanto a los aspectos de convivencia y seguridad.

Vivienda digna: Desde y para las comunidades

Frente al claro fracaso de las políticas públicas del Estado en materia de vivienda, las comunidades, organizaciones y movimientos sociales populares debemos construir un modelo alternativo de ciudad en la que el derecho a la vivienda sea una prioridad. En este sentido una propuesta mínima al respecto debería contemplar lo siguiente: a) el Estado debe ser el principal promotor y garante de la oferta de vivienda en el país, y no actuar solo como agente regulador del mercado; b) El Estado no puede seguir promoviendo modelos de desarrollo urbanístico que acentúan y profundizan la segregación y exclusión espacial; c) por ello, la responsabilidad del Estado no se restringe a la oferta de vivienda sino que implica el dotar los territorios con toda la infraestructura necesaria para el goce de derechos como salud, educación, cultura, recreación y  ambiente; d) la política de vivienda debe tener un enfoque territorial con amplia participación de las comunidades en su definición; y por último, e) en este sentido, la política pública debe construirse desde el reconocimiento de que existen muchas experiencias comunitarias exitosas para satisfacer la necesidad de vivienda.

Mi abuelo ya no está,  su casa es habitada por algunas de mis tías y sus familias, ellas continúan albergando el sueño de tener su casa propia en territorios con parques, colegios, centros deportivos y culturales, guarderías, vías de acceso, transporte público, en los que ellas y sus hijos e hijas puedan vivir dignamente. Sueño que debemos construir entre todas y todos para lo que nos estamos juntado en la Cumbre Popular Urbana, una iniciativa de diferentes organizaciones sociales y comunitarias de Bogotá que nos venimos encontrando para compartir nuestras experiencias de resistencia  y luchas por condiciones de vida diga en nuestros territorios. Nuestra próxima cita será en el 26 y 27 de Junio en el Hospital San Juan de Dios donde vamos a construir participativamente una agenda social por el derecho a la ciudad.

 

[1]  Centro de Estudios de la Construcción y el Desarrollo Urbano y Regional

[2]  Estima la cantidad de viviendas que la sociedad debe construir o adicionar para que exista una relación uno a uno entre las viviendas adecuadas y los hogares que necesitan alojamiento, es decir, se basa en la comparación entre el número de hogares y el número de viviendas apropiadas existentes.

[3]  Hace referencia a las viviendas particulares que presentan carencias habitacionales en los atributos referentes a la estructura, espacio y a la disponibilidad de servicios públicos domiciliarios y por tanto, requieren mejoramiento o ampliación de la unidad habitacional en la cual viven.

[4] La política de focalización de subsidios para las viviendas gratis es para personas en condiciones de desplazamiento forzado que hacen parte de la Red Unidos y a hogares afectados por los desastres naturales o que habiten en zonas de alto riesgo no mitigable. Sin embargo, desconoce otra serie de familias en condiciones de pobreza extrema y condiciones de vulnerabilidad alta, como subempleados, madres cabeza de familia, etc.

Destacados:  Informativo Nº 149: El derecho a la ciudad fundamental para la vida digna de las clases populares