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Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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21 de noviembre, razones para la lucha


Trochando Sin Fronteras, Noviembre 16 de 2019 

Por: Santiago Peña – Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales

En el mundo entero la crisis económica del capital se agudiza. En el campo de disputa geopolítica, son las grandes potencias económicas quienes determinan el porvenir de millones de personas en todo el planeta, como resultado, la crisis social, ambiental y política se manifiesta afectando a las grandes mayorías que hacen parte de la clase popular.

En América Latina, las recientes manifestaciones del pueblo en Ecuador, Haití, Chile, entre otros, han puesto en evidencia las políticas injerencistas de organismos internacionales como la OCDE[1], el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial controlados por el imperialismo norteamericano. El ejemplo más reciente es el pueblo boliviano cuyo gobierno fue víctima de un golpe de Estado dirigido por la clase política más retardataria, respaldada por las fuerzas militares y poniendo fin a un periodo de importantes transformaciones sociales.

En nuestro país el panorama no es muy distinto, las duras condiciones materiales que padece el pueblo colombiano se evidencian en los diferentes indicadores, el desempleo ya alcanza el 10.8 %; la informalidad el 50.8 %; el desempleo en los jóvenes alcanza el 17.7 %; y sumado a estos elementos la deuda externa corresponde al 41.6 % del PIB.

La corrupción, por otra parte, alcanza cifras escalofriantes, por ejemplo, se han robado más de 84000 millones de pesos a los PAE (Planes de Alimentación Escolar), dejando sin alimentos a miles de niños de más de 500 municipios del país, o cómo olvidar los casos de Odebrecht y electricaribe, cuyo detrimento termina pagando el pueblo y por supuesto la corrupción al interior de las universidades.

Mientras tanto, las empresas multinacionales que saquean los recursos naturales aprovechan para sacar jugosas tajadas, gracias a políticas que dan vía libre al fracking, la minería en páramos y otros ecosistemas estratégicos afectando cada vez más a las comunidades que habitan en los diferentes territorios.

Lejos de dar una solución, el Estado colombiano, en cabeza del gobierno de Duque, tiene como respuesta a estas problemáticas aumentar la militarización de la sociedad, dando tratamiento de guerra a la protesta social, infiltrando campus universitarios y fortaleciendo el aparato represivo del ESMAD cuyas actuaciones han dejado asesinatos y mutilados (estudiantes sin algún ojo de la cara). Además, el asesinato sistemático de líderes sociales aumenta y es imposible no advertir una complicidad del Estado, pues desde la firma de los acuerdos de La Habana en el año 2016 la escalofriante cifra de estos asesinatos asciende a más de 700 personas, entre ellas más de 184 indígenas y más de 170 ex guerrilleros de las FARC.

El reciente bombardeo por parte de las fuerzas armadas en el que murieron varios niños, los falsos positivos y la persecución política a las diferentes organizaciones sociales a través de los falsos positivos judiciales, son la punta del iceberg del actuar fascista y genocida de la clase en el poder.

La demagogia del gobierno no se hace esperar, aunque trate de negar o “desmentir” ante los medios de comunicación las razones del paro nacional, está claro que las “recomendaciones” de la OCDE y otros organismos internacionales frente a la reforma pensional y laboral son un hecho y están en marcha.

En materia de pensiones, se pretende eliminar la pensión como un derecho de los trabajadores, acabando el régimen de prima media, fortaleciendo los fondos privados, privatizando Colpensiones, y ofreciendo pensiones míseras por debajo de un salario mínimo de acuerdo a “beneficios económicos periódicos” (BEPS).

La reforma laboral, anunciada por altos funcionarios del gobierno, se enmarca en la propuesta realizada por la ANIF de un salario mínimo diferencial a los jóvenes pagando solamente el 75 % de un salario mínimo, también la contratación por horas y días eliminando prestaciones, horas extras y recargos nocturnos, buscando legalizar la inestabilidad laboral a la que son sometidos millones de colombianos, además del salario diferencial por regiones, cuyo fin no solo es de acumular capital a costa de la fuerza laboral juvenil, sino también maquillar cifras de desempleo a petición del Banco Mundial y el FMI.

Este paquetazo neoliberal se recrudece con la creación del holding financiero aprobado en el artículo 331 del Plan Nacional de Desarrollo que busca privatizar el sector financiero estatal, dejando en la incertidumbre a más de 20 mil empleados del sector. En cuanto a la ley de financiamiento, declarada inexequible por la corte constitucional, se busca disminuir impuestos a las grandes empresas y aumentarlos a la clase trabajadora, agudizando las diferencias de clase y aumentando la brecha entre ricos y pobres.

El gobierno nacional también busca la privatización de las empresas públicas del Estado, como Ecopetrol, isa, cenit, las electrificadoras regionales y nacionales, subastar el espectro radioelectrónico, entregando las comunicaciones al sector privado. No siendo suficiente esta desgracia, el gobierno pretende implantar el llamado tarifazo en favor de Electricaribe, es decir, que el pueblo sea quien pague lo que los grandes grupos económicos robaron, algo similar al artículo 44 del presupuesto general de la nación en el cual se establece que las deudas del Estado se deben pagar con los dineros de las universidades públicas.

Todo esto, pone en evidencia la mezquindad con la que la clase explotadora abusa de la clase popular y deja claro para quién gobierna. El fracasado modelo neoliberal hunde en la miseria a millones de personas sometiéndolas a condiciones laborales paupérrimas mientras permite que banqueros y conglomerados económicos concentren absurdamente la riqueza. Por ejemplo, entre enero y julio del presente año las instituciones de crédito reportaron una ganancia de 7.6 billones de pesos, mientras que el endeudamiento de las familias colombianas, con ese mismo sistema, llega a los 484.5 billones de pesos, en un país donde hasta el 2018, 9 millones de personas ganaban un salario mínimo, sin contar quienes ganan menos de un salario.

Son estas y muchas más las razones para movilizarnos, la clase en el gobierno sabe que las condiciones de los trabajadores están empeorando y acude a mentiras, artimañas, engaño y desvío de atención para evitar la movilización. Es tarea del pueblo colombiano, acudiendo a la lucha organizada, arrancarle a los ricos lo que por años nos han quitado.

[1] Organización para la cooperación y el desarrollo