Trochando Sin Fronteras – Septiembre 12 de 2020
Por: ANJECO – Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia
En los últimos meses, algunas instituciones de educación superior públicas raspando la olla de sus presupuestos aprobaron la “matrícula cero”; evidenciándose la falta de voluntad del Gobierno Nacional para atender la crisis de la educación superior. Crisis que es anterior a la pandemia y que se agudizó con la coyuntura económica y social.
Desfinanciadas las IES, asumen más costos
La aprobación de la “matrícula cero” en la Universidad de los Llanos – UNILLANOS – y en la Universidad Nacional de Colombia -UNAL- ejemplifica la postura del Gobierno. Para la UNILLANOS el Ministerio de Educación Nacional aportó 796 millones, la Gobernación del Meta 310 millones y la Universidad ajustó su presupuesto para dejar de recibir 1.100 millones. Para la UN, se dispuso de $ 2.200 millones, dinero producto de una recorte presupuestal. Este rublo beneficiará con “matrícula cero” al 63% de la población estudiantil de pregrado.
Estas medidas de las universidades dan cuenta de un sistema de educación superior en crisis; además de un Gobierno que no genera una política universal de matrícula cero para el Sistema Universitario Estatal -SUE-; y ni que decir de los estudiantes matriculados en las universidad privadas. Matrícula que alcanzó un 48% para 2018 ( ver Gráfica 1); estudiantes en riesgo, producto de la desestabilización del financiamiento privado vía deuda con el ICETEX o bancos.
La situación se agudiza al analizar las cifras de cobertura; en 2017 solo el 38% -191.680- hicieron tránsito a la educación superior de los 495.371 graduados de la educación secundaria. Sumado a las cifras de deserción que oscilan entre el 9 a 10%.
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Estas cifras también pueden observarse en la cantidad de estudiantes matriculados en el sistema – 2’267.140 – versus los mas de 12 millones de jóvenes, como se muestra en la gráfica 2. Esta comparación evidencia la falta de oportunidades que tiene la juventud para continuar con su proceso formativo y desarrollar su proyecto de vida.
La desfinanciación de la educación superior se profundiza con programas como Ser Pilo Paga y Generación E, los cuales han sido un fracaso, ya que canalizan billones de recursos públicos al sistema privado cubriendo una mínima parte de la población, favoreciendo instituciones privadas y presionando aún más la crisis presupuestal del SUE. Sistema con un déficit de 18,2 billones de pesos.
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Las reglas de competencia que impone el mercado educativo, conllevan a la poca inversión estatal en educación superior, aumentado mínimamente la cobertura[1], principalmente en educación técnica y tecnológica a través del Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET); modelo que profundiza un proceso educativo de baja calidad, elitista, desigual, concentrado en zonas urbanas y además, no involucra la formación e investigación a la resolución de las principales problemáticas del país.
Además, el enfoque del sistema no está en favor de la clase trabajadora y popular; sino, se ajusta al capital con la implementación de la tele universidad. El problema entonces va más allá de la matrícula y sus elevados costos, se encuentra en lo profundo de este sistema quebrado, que no es capaz de responder a las necesidades reales de la juventud y la sociedad.
Al graduarse la situación no mejora
Por si fuera poco, los profesionales que genera el país, se enfrentan al desempleo, la informalidad y la precariedad laboral, con contratos por prestación de servicios, sin seguridad social y menos la posibilidad de ahorro o capacidad de endeudamiento. Según el ICETEX, 77% de sus deudores son desempleados, implicando una seria dificultad para continuar con los pagos. La falsa promesa de ascenso social muestra su cara. Por lo anterior, muchos prefieren acceder a una educación que garantice su rápida vinculación al mercado para poder sobrevivir.
Ejemplo de la realidad laboral es el desempleo estructural del país, que como indican las cifras del DANE, llega a un 21,4 % de desocupación; tasa que aumenta al 29% en los jóvenes; sumado al 46,2% de informalidad, que también es desempleo, puesto que aquellos millones reportados como informales no cuentan con una relación salarial directa.
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Ante la crisis, la posibilidad de acceso a empleo y condiciones dignas de vivienda, salud y seguridad social son reducidas. El proceso de desindustrialización, el abandono del campo, el enfoque de la economía para la extracción de materias primas y el sector servicios, son muestras de la dependencia del país a la inversión y el avance tecnológico extranjero. Situación que solo sirve de negocio para grandes empresarios y terratenientes, arrojando a millones al desempleo.
En este sentido, el movimiento universitario y estudiantil, tiene un papel importante para visibilizar esta crisis y exigir al Estado colombiano soluciones estructurales, puesto que no sirven las medidas de corto plazo y pañitos de agua tibia. La juventud y la clase trabajadora y popular no puede seguir siendo explotadas, tiene derecho a una educación pública, gratuita, social, con capacidad científica y creadora para el avance de la sociedad.
[1]Requisito para que el país ingresara a la Organización para la Cooperación y el desarrollo Económico (OCDE)
