En el transcurso de la historia y durante las últimas cuatro décadas, la educación ha tenido un papel fundamental en la producción y reproducción del capitalismo, proyectándose desde una concepción mercantil que busca el lucro a través de su privatización.
La privatización de este derecho ha traído consigo una crisis en todo el modelo educativo, la cual se ha evidenciado a través de la pérdida de autonomía, financiación y democracia. Esta crisis también se ve reflejada en los currículums, donde la formación dirigida a la burguesía es radicalmente distinta a la de las clases populares. Así, la educación no es concebida como un elemento determinante para solucionar problemáticas sociales estructurales, sino como un espacio más de alienación.
Desde la perspectiva de clase es imposible separar la educación de las relaciones productivas. Por eso, para este artículo se profundizará en cuatro aspectos.
La desestructuración del aparato productivo nacional, la desindustrialización y el desarrollo de una economía capitalista dependiente
Luego de la desestructuración del aparato productivo nacional y de la desindustrialización, el desarrollo de la economía se ha orientado hacia la extracción de bienes naturales, la producción agroindustrial, así como la construcción y el sector de los servicios. Como consecuencia, los procesos educativos se han enfocado en la cualificación de la mano de obra, masificando y fortaleciendo los ciclos técnicos y tecnológicos, pero dejando de lado la formación para la investigación, ciencia y tecnología.
Estas medidas se pueden evidenciar en el fortalecimiento de la oferta por parte de instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la proliferación de Institutos Técnicos y Tecnológicos a lo largo del país. Se trata de un proyecto de titulación express dirigido a las clases populares, el cual busca formar mano de obra barata para aportar a los sectores de la economía antes mencionados, y engrosar el ejército industrial de reserva.
Asimismo, el Estado ha desincentivado la inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación al destinar un porcentaje inferior al 1 % del PIB. De los 3,3 billones de pesos para investigación y desarrollo, 1,9 billones fueron ejecutados por empresas del sector privado, y 1,3 billones por las instituciones de la educación superior (IES) divididas en 214 privadas y 84 públicas.
La informalidad y el desempleo como constante
El proceso de desindustrialización de los últimos años ha incrementado el nivel de desempleo real (Desempleo 9.3 % + Informalidad laboral 56.1 %), con una cifra del 65.5 %, según el DANE, septiembre 2023.
La poca oferta de empleo formal ha llevado a las clases populares a optar por alternativas de formación que les permitan obtener un título en el menor tiempo posible y, de esta manera, tener más posibilidades de ingresar al sis-tema laboral formal o engrosar el ejército industrial de reserva. Esta situación termina por reducir el modelo educativo actual simplemente a la reproducción del trabajo operativo.
Profundización de la brecha de acceso a la educación superior
Actualmente, solo el 55 % de la totalidad de bachilleres graduados que hacen parte de los estratos 1 y 2 ingresa a una Institución de Educación Superior (IES). Y, de este porcentaje, casi la mitad (el 45 %) accede a la educación técnica y tecnológica.
Mientras tanto, el 80 % de los bachilleres de estratos 5 y 6 accede a la educación superior y, de este porcentaje, solo un 20 % ingresa a la educación técnica y tecnológica.
Si bien la diferencia ya es notoria, estas cifras también deben ser complementadas con la deserción que, para los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, es del 70 %. Las condiciones de subsistencia de las familias de la clase popular, sumado a oportunidades laborales y el tipo de educación impartida, hace que los jóvenes prefieran formación para el trabajo como única opción.
Desfinanciación, privatización y pérdida de autonomía universitaria
En Colombia la educación se rige por las lógicas de privatización que influyen en el resto de los Bienes de Con-sumo Colectivo. Esto se refleja en que la financiación está enfocada en programas y subsidios que responden a la demanda y no a la oferta, a la cual se podría responder a través de aportes del Estado a las IES públicas.
A esto se suman la implementación de políticas gubernamentales como Ser pilo paga y matrícula cero, las cuales, en muchos casos, terminan por facilitar la entrega de recursos públicos a instituciones privadas.
Actualmente, está en trámite la Reforma Estatutaria a la Educación propuesta por el gobierno de Gustavo Petro, en la cual aún no se han planteado las adiciones presupuestales necesarias para superar el déficit de las IES públicas que en 2019 rondaba los 33 billones de pesos.
Durante los treinta años que ha estado vigente la Ley 30 de 1992, la cobertura de las IES públicas ha llegado a un 250 % mientras que el crecimiento presupuestal solo ha sido del 150 % con respecto a la base de 1993. Así, la desfinanciación ha propiciado la in-fluencia de empresas privadas y fondos concursables como herramientas que profundizan dinámicas de competencia y la pérdida de autonomía en las IES públicas.
Movimiento estudiantil nacional: un camino para avanzar
Frente a este panorama es necesario que el movimiento social proyecte debates que le permitan incidir en este momento. Existen algunos espacios en los que sería posible construir propuestas encaminadas a generar trans-formaciones, como por ejemplo el Encuentro Nacional de Estudiantes de Educación Superior (ENEES), escenario que se llevó a cabo en Medellín en los días 22, 23 y 24 de septiembre.
Una de las principales conclusiones del espacio fue la necesidad de concebir la educación como un derecho fundamental y un bien común, entendiéndola como una herramienta de transformación, con vocación social y al ser-vicio de las necesidades de las clases populares. Asimismo, el movimiento estudiantil propuso mantener su autonomía e independencia frente al gobierno de Gustavo Petro, convocando a movilizaciones nacionales que se llevaron a cabo el 10 y 31 de octubre, y el 21 de noviembre.
Este encuentro abrió un nuevo capítulo de la lucha estudiantil, la cual realmente podría construir un proyecto educativo nacional a través de un llamado a seguir cuestionando las contradicciones del proyecto educativo actual, convocando a escenarios de construcción política y a la movilización en los salones, asambleas, universidades y apostando a una nueva ley de educación superior.
Además de lo anterior, el movimiento estudiantil envió un mensaje de unidad frente a la actual coyuntura de las reformas, en la que la clase popular debe ser una fuerza que profundice y tensione los límites del progresismo. A su vez, sugiere acabar el proyecto educativo de las clases dominantes, por ello le apuesta a una nueva ley de educación superior.
Como Jóvenes y Estudiantes insistimos en la necesidad de construir una educación que responda al desarrollo de las fuerzas productivas y que fortalezca la soberanía del país, siempre potenciada por la ciencia, tecnología y cultura. En este proceso es fundamental incluir a las regiones que han sido marginadas por la centralización del modelo productivo. Además, la educación superior debe implementar una verdadera democracia popular en su interior, con el objetivo de que sea el pueblo quien defina el papel transformador de la universidad en la sociedad.
Consideramos, además, que la educación debe ser un factor que potencie la disputa ideológica, donde se fortalezca el pensamiento crítico, el trabajo colectivo y organizado, y que rompa con el individualismo y la competencia para así impulsar la formación de sujetos colectivos que puedan comprender y transformar la realidad, superando los conflictos y contradicciones de la sociedad.
