Existen hechos en la lucha de clases que a pesar de su obviedad no dejan de sorprender. El hundimiento de la Consulta Popular era la opción posible por la cual descorrer el intenso pulso desarrollado por los voceros políticos del gran capital y los representantes de las debilitadas y vilipendiadas fuerzas progresistas. Así, mientras que en la plenaria y las jornadas de votación del 13 y 14 de mayo avanzaba el pulso, los millones de trabajadores y trabajadoras anhelaban lograr cambios mínimos en el mecanismo legal que regula su proceso social de explotación por el capital.
Sin embargo, este golpe de mano tendría que ser llevado a cabalidad de forma fría y calculada, pues la situación era de jaque para el bloque de poder del país (partidos políticos y gremios económicos). Además, no hacía fácil esquivar la tentativa de ceder parte del monopolio que desde hace décadas detentan sobre el poder político, la máquina estatal y la determinación económica de la vida de millones de trabajadores del país.
La situación, aunque expresada como victoria para las fuerzas conservadoras, es respuesta a lo que consideran la amenaza central para la preservación de su régimen político. Para ellos, la posibilidad de que la Consulta Popular apalancará la estrategia electoral del progresismo para el 2026, los condujo a operar de frente y sin vacilación contra la mínima posibilidad de la clase trabajadora para acceder a la democracia consultiva y participativa, y por esa vía obtener soluciones a las condiciones de explotación e injusticia de las que hace rato son objeto.
Esta actitud esquiva y cínica se justificó con la votación en primer lugar de la solitud de apelación presentada por el senador Ariel Ávila del Partido Verde y Pedro Flórez del Pacto Histórico sobre la decisión que había tomado la comisión 7° del Senado el pasado 18 de marzo, en la que se enterró la propuesta de Ley de reforma laboral. Sobre el eufemismo de defender el sistema democrático de los desvíos populistas, de evitar los enormes costos de reconstruir derechos a los trabajadores se votó para prevenir que a través de las políticas de reforma el progresismo asegure mejores condiciones para su lucha electoral.
La maniobra de dar trámite a la solicitud de apelación sirvió para encausar la movida burocrática de las fuerzas conservadoras; las cuales, descentraron la atención legislativa del trámite sobre el concepto de favorabilidad a la Consulta Popular y desgajaron el posible apoyo parlamentario de las fuerzas indecisas entre el Si y el No. Al mismo tiempo, mediante repertorios viciados se manejó inescrupulosamente el proceso de votación orientado a definir el futuro de la Consulta Popular; polémico proceso de democracia parlamentaria en el cual el progresismo no logró consolidar mayorías y nuevamente. La votación final fue de 47 votos por el Sí y 49 votos por el No; así el progresismo vio perecer su ánimo burocrático y creencia religiosa por los mecanismos siempre amañados de la democracia liberal; no, sin antes haber claudicado frente al resultado de la votación sobre el informe de apelación al archivo del proyecto de Ley de reforma laboral, que con 68 votos a favor y 3 en contra, previamente había obviado el desenlace de la jornada.
Así, para burlarse nuevamente del optimismo popular y de los trabajadores, las fuerzas parlamentarias hegemónicas decidieron revivir un proyecto de Ley de reforma laboral que meses atrás sometieron a las mismas artimañas. Esta vez, con la promesa de resolver en 30 días delimitados por el calendario parlamentario, lo que en los últimos tres años no se ha resuelto a causa de la actitud negacionista de la burguesía nacional y de la larga tradición contra reformista de sus voceros políticos. Una vez más, queda expuesto que en Colombia las reformas políticas son estrictamente potestad del recalcitrante poder político de la clase socialmente dominante, lo cual se constata en décadas de contra reformismo oligárquico violento y antipopular.
Con los resultados de la jornada del 14 de mayo varios son los aprendizajes que los y las trabajadoras pueden analizar y que esta carga de cretinismo parlamentario nos posibilita discernir. En primer lugar, sobre los límites del mecanismo que materializa la democracia como arma de la lucha de clases del bloque de poder; en segundo lugar, el fracasado recurso del pacto burocrático y la alternativa de gestión institucional que una y otra vez le ha reventado en la cara a las fuerzas progresistas.
En tercer lugar, que siempre que el pueblo y los trabajadores abandonan y dejan vacías las trincheras de la movilización popular reducen el rango de posibilidad de conseguir cambios y mejoras en sus condiciones de vida y de subordinación a la contradicción capital-trabajo; en cuarto lugar, que el deseo de obtener cambios mínimos compromete una decidida acción de lucha y persistencia activa para lograr tensionar a favor las posiciones y la correlación de fuerzas que sostienen la lucha política de las clases sociales del país.
Las anteriores y esta nueva maniobra demuestran que el bloque de poder está dispuesto a llevar al límite de sus propios mecanismos de hegemonía. Mientras que las fuerzas progresistas ni siquiera han podido asegurar la totalidad de los votos que disponían sus fuerzas parlamentarias, esto prueba una vez más sus limitaciones, y acumula nuevamente otro fracaso que se suma a los ya obtenidos en los últimos tres años (Reforma Educativa, Reforma Política y Leyes fiscales y tributarias); y que en el caso de las que han sido posibles, regresivamente fueron mutiladas y ajustadas a las necesidades de la gran burguesía financiera y terrateniente del país, como el caso de la Reforma Pensional y de la Política agraria progresista.
Así, como lo habíamos adelantado en el artículo -“La Consulta Popular de Petro ¿Posibilidad para la democracia proletaria y popular o un nuevo límite del fetichismo institucional?”- en el proceso de discusión de la Consulta Popular, cualquiera de los resultados, desencadenaría la profundización del actual escenario por el que transita la lucha de clases del país. Situación en la cual los sectores sociales y populares ya han esgrimido diferentes opciones del cómo confrontar el actual escenario. Estas van desde el llamamiento a la huelga general y la asamblea popular, la Cumbre política y social, la iniciativa ciudadana y reiterar la Consulta Popular o acudir al castigo electoral a quienes han negado la mínima democracia al proletariado nacional.
En la otra orilla del espectro político las sectores hegemónicos esgrimen como resultado de su maniobra parlamentaria la proeza de preservar y haber impedido la desinstitucionalización de su régimen político. También, de haber contenido la crisis de legitimidad de su poder parlamentario y sobre todo de avanzar en una propuesta de reforma laboral, que se ajuste a la medida de la retardataria mentalidad de la burguesía nacional y profundice el modelo laboral que en décadas de gestión no ha tenido más resultados que la precarización, subutilización y sobreexplotación de la fuerza trabajo nacional.
Sobre este escenario quedan expuestas las posibilidades de acción. La crisis y contradicciones de la democracia liberal y la necesidad de levantar frente a sus límites la bandera de la democracia obrera y popular, de construir la Asamblea Popular, jalonar la Gran Huelga Nacional e impulsar un programa de transformaciones productivas, laborales y políticas de largo aliento.
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