Del 24 al 28 de febrero de 2026, Cartagena de Indias será escenario de la Segunda Conferencia Internacional sobre Reforma Agraria y Desarrollo Rural, ICARRD+20, un encuentro internacional que reabre el debate sobre la Reforma Agraria en Colombia. En medio de persistentes desigualdades en la tenencia de la tierra y el precario desarrollo productivo del país, las organizaciones campesinas insistieron en que el país necesita una transformación integral y popular que garantice dignidad, soberanía alimentaria y redistribución real de los recursos y sus ganancias.
El Gobierno ha intentado presentar la conferencia como un hito para actualizar políticas públicas relacionadas con seguridad jurídica, uso del suelo y sistemas agroalimentarios sostenibles. Organizaciones como La Vía Campesina y la International Planning Committee on Food Sovereignty advierten que la discusión no puede quedarse en balances diplomáticos ni en ajustes tecnocráticos. En Colombia, hablar de reforma agraria sin hablar del poder que sostiene la concentración de la tierra es reforzar el mismo modelo que ha expulsado comunidades enteras, precarizado la producción y permitido el avance de lógicas empresariales y extractivas sobre territorios rurales.
Mientras la agenda institucional insiste en diagnósticos, las organizaciones campesinas llegan a Cartagena con una posición distinta: la necesidad de una Reforma Agraria Integral y Popular (RAIP) que reorganice el territorio no para el mercado sino para la vida. Para el Coordinador Nacional Agrario (CNA), la participación en espacios globales es relevante, pero no suficiente. Ricardo Torres, uno de sus voceros expresó con claridad al cierre del Foro Social campesino previo a la conferencia: “Sabemos que esto no va a tener mayor alcance… por eso seguimos posicionando nuestras propuestas y necesitamos seguir organizándonos, movilizándonos y construyendo propuestas políticas para lograr transformaciones estructurales”
La RAIP propone un giro completo del modelo agrario, que no se limite a repartir tierras sino a reconstruir las condiciones materiales del campo colombiano. Su apuesta parte de reconocer que el hambre y la desigualdad no se resolverán con títulos individuales, sino con territorialidades campesinas fuertes. De allí surge la idea de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM): formas de gobierno propio que permiten ejercer autodeterminación y definir colectivamente el uso del territorio, la planificación productiva y la defensa de los bienes comunes. En palabras del vocero del CNA: “Los TECAM son los que nos permiten organizar el territorio y crear nuestros propios gobiernos para que sean las comunidades las que definan cómo y para qué queremos el territorio”
Esta propuesta no se limita a la organización político–territorial. Incluye cooperativas, biofábricas, centros de acopio, bancos de maquinaria, infraestructura en salud, educación, electrificación e internet rural, además de créditos, subsidios y asistencia técnica agroecológica gestionados desde y para las comunidades. No es una reforma para modernizar el campo según los estándares del mercado, sino una transformación popular que coloque en el centro la soberanía alimentaria y la producción programada al servicio de quienes habitan los territorios. Como afirma el CNA, “solo así podemos garantizar comercialización, enfrentar el hambre y producir para la vida”
En un país donde más de veinte millones de personas tienen dificultades para acceder a alimentación adecuada y donde más de la mitad de los alimentos se importan, la RAIP señala un problema estructural: no es que falte tierra, es que el modelo agrario existente produce hambre. La concentración extrema de la propiedad, el acaparamiento, las lógicas extractivas y los subsidios dirigidos históricamente a una minoría de grandes propietarios han dejado por fuera a los 4,5 millones de campesinos sin tierra o con tierra insuficiente que sostienen la alimentación del país.
Por eso, más allá del brillo diplomático de la cumbre, las organizaciones rurales insisten en que la reforma agraria no será producto de consensos técnicos, sino del poder que construyan las comunidades organizadas. Cartagena ofrece una vitrina internacional, pero el horizonte campesino es otro: una Reforma Agraria Integral y Popular que articule campo y ciudad, enfrente la crisis alimentaria y garantice que la tierra sea para la vida y no para la especulación.
