Se trata de una sanción más por corrupción en un país que, junto a su taza diaria de café, presencia y sufre los capítulos de los llamados escándalos, todo un mecanismo sensacionalista que a la larga insensibiliza la indignación popular. Pero la corrupción es más que un problema moral y político; es un mecanismo clave de la acumulación de capital en países como Colombia. Por eso el número de escándalos ha tendido a crecer a medida que las cosas van peor para el capital.
Los enfoques
El llamado problema de la corrupción está muy presente en todos los países del actual mundo capitalista. De aquí que haya surgido una serie de tendencias para explicar su origen y funcionamiento. Sin embargo, la mayoría de las perspectivas tienden a ocultar su relación inmanente con el proceso de acumulación de capital y con la naturaleza misma del Estado capitalista.
Las lecturas burguesas tienden a explicar el problema en relación a fallos éticos personales y a limitaciones institucionales que permiten ganancias ocasionales. Pero los autores de tendencia marxista, como O´connor, han logrado explicar que esos supuestos fallos solo son la manera como aparece el problema, consistiendo más bien en un mecanismo complementario mediante el cual los diversos capitales logran sustentar su tasa de ganancia, en especial cuando su capacidad de competencia es débil. Esto es lo que pasa en Colombia, en cuanto a que buena parte del funcionamiento de los grandes grupos económicos depende de los contratos. De este modo, la burguesía se aprovecha de la construcción, la minería y de los recursos de carácter público (pensiones, salud, educación…), evitando reinvertir en el desarrollo de las fuerzas productivas y manteniendo al país en un atraso permanente, del cual a su vez sacan provecho.
Tempranamente, Lenin en su “Estado y la revolución” (1917) explicó que la corrupción es estructural al capitalismo y su Estado de clase. Señala que el ejército de funcionarios y militares están unidos íntimamente a la burguesía, en tanto que el capital ejerce su poder en forma “indirecta”. En términos sencillos, quien paga el grueso de sus salarios es el capital, de aquí que los funcionarios se plieguen a sus intereses y trabajen en función de su reproducción, constituyéndose una relación de corrupción directa, a la que se agregan formas más específicas, cuando se procuran “favores” especiales.
Así mismo, Lenin (1916) señala el estrecho vínculo entre la banca, la especulación financiera y las instituciones reguladoras de esos mercados para favorecer lo que denomina una “oligarquía financiera” que domina la industria y la banca, tal cual sucede en Colombia. En resumen, por estos vínculos se concreta la función principal del Estado capitalista, que es la de administrar los intereses de la burguesía.
Los costos monetarios
En Colombia se han realizado varios esfuerzos por medir el impacto de la corrupción sobre el presupuesto público. La tabla 2 resume algunos de esos estudios y resultados, siendo notable que, entre más reciente es el estudio, más alta resulta la estimación, bordeando un 4 % del PIB, o un 10 % del presupuesto del año. Si tomamos como referencia el presupuesto de 2026, esto significaría una pérdida de 54,6 billones de pesos para este año, de acuerdo al presupuesto aprobado, con un recorte de 10 billones que corresponde a dos reformas tributarias y media. Con esa cuantía, cuando menos con ellos se podrían construir 426 mil viviendas de interés social con carácter prioritario (128 millones c/u); o se podría cubrir tres veces y media el déficit patrimonial del sistema de salud, que ronda los 18 billones.
Un problema estructural e histórico
Tomando como referencia los cuatrienios de gobierno desde inicio de siglo, los “escándalos” no dejan de reproducirse. Con Pastrana, Chambacu, Dragacol, Termorrío y el regalo del Cerrejón; con Álvaro Uribe, pulularon con Agroingreso Seguro, las notarías y el Carrusel de la Contratación; con J. M. Santos, Reficar, Odebrecht, Cartel de la Toga e Interbolsa; con Iván Duque fue Centros Poblados, OCAD-Paz y las Marionetas; sin que el actual gobierno se haya podido abstraer de ese funcionamiento, enfrentando en especial el caso de la UNGRD. En consecuencia, todos los partidos políticos, en especial los de la derecha y ultraderecha, tienen dignos representantes judicializados o en proceso de ello, tal como lo resume, a modo de ejemplo, la Tabla N.° 3.
En tanto el enfermo capitalismo colombiano pueda reproducir la relación entre grupos empresariales y Estado corrupto como medio de apalancamiento de sus utilidades, el problema no hará más que crecer. Tal percepción de persistencia y empeoramiento se puede sustentar en la evolución del ranking de Colombia en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC), sobre la cual se asigna una posición en el mundo. Así, en el gobierno de Pastrana fue de 72 a 91; con Uribe, de 60 a 150; con Santos, de 90 a 176; con Duque, de 91 a 180, y con Petro 95 a 182.
Así que, tal como se reproducen las cosas, el país necesariamente se enfrenta a reproducir y castigar sistemáticamente a los Ñoños Elias o Ciros Ramírez en camino de un círculo vicioso que nada resuelve. Por eso hay que ser enfático en que el problema no se limita a la ética de los representantes políticos, al funcionamiento de los partidos, al mecanismo competitivo del proceso político que exige grandes inversiones de dinero, a la debilidad o limitaciones de las instituciones públicas que permiten la captura de rentas. Tampoco el problema se puede limitar a la defectuosa democracia colombiana, en el sentido de que desde sus orígenes se produjo desde las élites y para las élites.
En realidad, el origen del problema es el propio movimiento contradictorio y arrollador del capital que, en la procura de obtener la mayor masa de ganancia, decididamente derrumba cualquier obstáculo moral, legal e institucional. Tal problema se torna más profundo en la medida en que gran parte de los diversos capitales del país son tecnológicamente atrasados y dependientes y, en consecuencia, enfrentan mayores dificultades para obtener una tasa de ganancia normal en el marco de intensificación de la competencia capitalista mundial. De aquí que cualquier programa político orientado a sacar al país de la crisis deba concebir las soluciones ancladas a una perspectiva tendiente a superar el movimiento del capital y su Estado de clase.
