Las organizaciones sociales y campesinas articuladas al Congreso de los Pueblos capitulo Centro Oriente en Casanare, el 17 de abril, Día Internacional de la Lucha Campesina, instalaron un Refugio Humanitario como mecanismo de autocuidado, denuncia, visibilización y exigibilidad, buscando que el gobierno departamental y nacional atiendan las exigencias y propuestas del pliego que como movimiento tienen, además de avanzar en la recuperación del territorio para la transformación de la sociedad.
La reciente movilización campesina en Yopal no puede leerse como un hecho aislado ni meramente local. Se trata de un momento que condensa múltiples tensiones históricas: el abandono estatal, la violencia contra las organizaciones sociales y la disputa estructural por el control del territorio.
La acción iniciada por organizaciones del centro oriente, tuvo como objetivo instalar un refugio humanitario en la UARY (Unidad de Acción Revolucionaria de Yopal), se trató de un mecanismo político de denuncia y exigibilidad frente a una larga cadena de incumplimientos institucionales. Así, las comunidades comparten sus exigencias y propuestas del pliego que como movimiento se tiene, además de avanzar en la recuperación del territorio para la transformación de la sociedad.
De acuerdo con el comunicado, este proceso no surge de la nada: “Desde el año 2014, las organizaciones sociales y populares […] hemos realizado procesos de movilización y exigibilidad […] pero sin soluciones de fondo” . Esta afirmación pone en evidencia un patrón recurrente en la relación entre el Estado y las comunidades: la gestión del conflicto mediante dilación, desgaste y negación de transformaciones estructurales.
En ese mismo sentido, las organizaciones denuncian que la movilización se ha desarrollado en medio de un contexto de violencia sistemática, caracterizado por persecución, judicialización y amenazas. Este señalamiento ubica la lucha por la tierra en el terreno de la confrontación política, donde el ejercicio de derechos colectivos es constantemente criminalizado.
Lejos de las narrativas que buscan deslegitimar este tipo de acciones, el comunicado insiste en que la movilización no tuvo como propósito afectar la infraestructura ni a las comunidades aledañas, sino visibilizar un conflicto de fondo: la necesidad de recuperar el territorio para ponerlo al servicio de la vida y no de la acumulación.
Tras seis días de movilización, el proceso logró como resultado: la firma del Decreto 091 de 2026, que establece una mesa departamental de concertación. Para las organizaciones, este hecho representa un avance político significativo, al abrir por primera vez en una década un canal formal de interlocución directa con el gobierno.
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Así, la situación revela los límites del modelo institucional vigente, haciendo urgente la necesidad de recurrir a la movilización para abrir espacios de diálogo confirma que las transformaciones no son concesiones espontáneas del poder, sino conquistas arrancadas mediante la organización y la presión social.
En ese marco, la experiencia de la UARY vuelve a poner sobre la mesa una discusión de mayor alcance: la función social de la tierra. En un país donde la concentración de la propiedad sigue siendo una de las más altas de América Latina, procesos como este cuestionan de manera directa el modelo de desarrollo rural basado en la privatización y el despojo.
Como lo plantean las propias organizaciones, la apuesta no se agota en la coyuntura: se trata de “recuperar la tierra, producir alimentos para la vida y construir la nueva sociedad” . Es decir, de disputar no solo el territorio, sino el sentido mismo de la producción y reproducción de la vida.
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