El 19 de mayo, trabajadores y trabajadoras informales de Madrid, Mosquera, Soacha, El Rosal, Facatativá y Bogotá se encontraron en Madrid, Cundinamarca, para levantar una voz común frente a la persecución institucional contra quienes sobreviven del trabajo en las calles. Convocado por la Asociación de Trabajadores para la Vida Digna, ASOTRAVID, el Primer Encuentro Regional de Trabajadores Informales de la Sabana Occidente reunió experiencias organizativas, denuncias y propuestas en medio de un contexto marcado por desalojos, decomisos y políticas de criminalización impulsadas por distintas alcaldías de la región.
El espacio comenzó con un análisis de la situación económica y productiva de la Sabana de Bogotá, evidenciando que la informalidad no es una decisión individual sino la consecuencia directa de un desempleo estructural que expulsa a miles de personas del acceso a empleo formal, seguridad social y garantías laborales. En medio de la desindustrialización, el encarecimiento de la vida y la concentración de la riqueza, las calles se han convertido en el único escenario posible de subsistencia para amplios sectores de la clase trabajadora.
Durante el encuentro, las organizaciones denunciaron que varios municipios vienen implementando políticas de represión y control contra los vendedores informales bajo discursos de “recuperación del espacio público”, higiene o seguridad. Sin embargo, detrás de estas medidas existe una política de higienismo burgués que busca expulsar la pobreza de la ciudad mientras protege los intereses comerciales e inmobiliarios. Tal como advierte ASOTRAVID en su análisis sobre el Decreto 117 de 2026, el problema para las administraciones no es la desigualdad social sino la presencia visible de quienes sobreviven a ella.
En declaraciones recogidas durante la jornada, voceros de las organizaciones señalaron que las autoridades locales han impulsado políticas de “represión y criminalización de los trabajadores informales, particularmente ligadas a medidas sanitarias y control policiaco”, insistiendo en que ese no es el camino para garantizar “el derecho al trabajo y al mínimo vital”.
El encuentro también puso sobre la mesa otras formas de violencia que atraviesan la vida de los trabajadores informales, entre ellas el crecimiento de los préstamos gota a gota y las redes de usura que terminan sometiendo a miles de familias a amenazas, endeudamiento permanente y control violento. Para las organizaciones, esta situación demuestra que la informalidad no puede abordarse desde la policía ni desde el castigo, porque responde a una estructura económica incapaz de garantizar condiciones mínimas de vida para la mayoría de la población.
Al cierre de la jornada se aprobó una declaración política y un pliego regional de exigencias que fue entregado directamente a delegados de la Alcaldía de Madrid tras una movilización hacia el despacho municipal. Entre las exigencias se encuentra la suspensión inmediata de desalojos y decomisos mientras no existan alternativas reales de reubicación, la instalación de una Mesa Permanente de Concertación con carácter vinculante, el reconocimiento de los vendedores informales como sujetos de especial protección constitucional, acceso prioritario a salud y programas sociales, y el reconocimiento formal de sus organizaciones como interlocutores legítimos frente a las administraciones municipales.
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Las organizaciones fueron enfáticas en señalar que las ventas informales no constituyen un problema de convivencia ni un fenómeno criminal, sino la expresión de una crisis económica profunda donde el capital concentra riqueza mientras condena a millones de personas a sobrevivir en la precariedad. Frente a ello, el encuentro regional dejó una conclusión clara: la defensa del derecho al trabajo y al mínimo vital solo será posible mediante la organización colectiva de la clase trabajadora y la disputa política por una ciudad pensada para la vida digna.
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