La movilización campesina en Casanare abrió un escenario de interlocución que durante más de diez años fue negado por el gobierno departamental. El pasado 13 de mayo, en la Universidad UNITRÓPICO de Yopal, se instaló oficialmente la Mesa de Interlocución y Concertación entre las organizaciones del Congreso de los Pueblos Capítulo Centro Oriente y la Gobernación de Casanare, formalizada mediante el Decreto 0091 firmado por el gobernador César Zorro.
A la instalación asistieron secretarías departamentales y entidades del orden nacional como la ANT, ADR, Ministerio del Interior, Ministerio de Agricultura, ANI y ANH. El espacio contó además con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo como garante de derechos humanos.
La apertura de esta mesa fue resultado directo de la movilización realizada desde el 17 de abril de 2026 en la Granja UARY de Yopal, donde organizaciones campesinas instalaron un Refugio Humanitario en el marco del Día Internacional de la Lucha Campesina. Durante seis días, las comunidades sostuvieron una jornada de permanencia y exigibilidad para denunciar el abandono estatal, la violencia contra las organizaciones sociales y los reiterados incumplimientos frente al acceso a la tierra, la vivienda y los derechos básicos.
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La experiencia de la UARY condensó una apuesta que las organizaciones han defendido históricamente: el territorio como espacio de producción, pero también como escenario de educación popular, organización comunitaria y construcción de autonomía. Tal como lo han señalado distintos procesos sociales en la región, defender la tierra también implica defender la posibilidad de permanecer en ella y construir condiciones materiales dignas para la vida campesina.
Producto de esa movilización se logró la firma del Decreto 0091 de 2026, que establece la mesa como instancia permanente de diálogo e interlocución sobre tierra y territorio, vivienda, salud, educación, infraestructura, ambiente, modelo minero energético, productividad, empleo, derechos humanos y garantías democráticas.
En este espacio participan organizaciones como ASMUC, ASONALCA, ANJECO, ASOTRAVID, ASOVEC, el Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, el Coordinador Nacional Agrario, la Junta de Gobierno del Territorio Campesino Agroalimentario Renacer Salinero, COSPACC y la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra.
Durante la instalación se acordó desarrollar el trabajo mediante mesas temáticas diferenciadas para abordar cada eje de discusión. También se definieron cronogramas y rutas de trabajo para avanzar en la construcción de acuerdos concretos frente al pliego de exigencias presentado por las organizaciones.
Para los procesos y organizaciones, este avance representa un hecho político importante en un departamento atravesado históricamente por la persecución, la judicialización y las amenazas contra el movimiento social. Sin embargo, insisten en que la existencia de la mesa solo tendrá sentido si se traduce en cumplimiento efectivo y transformaciones reales para las comunidades.
Las organizaciones recalcan que los derechos han sido conquistados mediante años de organización y movilización popular. En ese sentido, sostienen que la permanencia de la lucha será también la principal garantía para que los acuerdos alcanzados no queden reducidos a compromisos institucionales sin ejecución.
