En Colombia, defender el territorio, organizar comunidades y levantar la voz frente al abandono estatal continúa siendo una actividad perseguida. En Casanare, las recientes denuncias de organizaciones sociales revelan que la violencia contra el liderazgo social es parte de una ofensiva sistemática de control político y disciplinamiento territorial contra quienes disputan el poder en las regiones.
La Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COSPACC) denunció públicamente el incremento de amenazas, intimidaciones, perfilamientos y estigmatización contra líderes campesinos y organizaciones sociales del departamento. La denuncia expone un patrón que combina persecución psicológica, operaciones de inteligencia y criminalización del trabajo comunitario, en una región históricamente atravesada por el conflicto armado, el extractivismo y la militarización.
El hecho más reciente ocurrió el pasado 13 de mayo en el municipio de Sácama, donde un dirigente de la Asociación Nacional Campesina (ASONALCA) recibió mensajes intimidatorios vía WhatsApp por parte de una persona que aseguró pertenecer al Área de Inteligencia Estratégica del Estado. Según la denuncia, el supuesto agente afirmó tener información sobre presuntos vínculos del líder con el ELN y le ofreció “ayuda” para evitar su judicialización, condicionando esa supuesta protección a que colaborara como informante estatal.
No se trata solamente de una amenaza individual. El mensaje evidencia una lógica contrainsurgente: convertir la pobreza, la organización campesina y la lucha social en sospecha permanente. Bajo esa doctrina, el liderazgo popular deja de ser reconocido como expresión legítima de las comunidades y pasa a ser tratado como “enemigo interno”, una práctica histórica en Colombia que ha servido para justificar asesinatos, desapariciones, montajes judiciales y persecución política.
COSPACC advierte además que durante las últimas semanas otros líderes sociales y campesinos de la región han recibido llamadas y mensajes similares, donde se les acusa de tener vínculos con la insurgencia y se les exige entregar información sobre presencia guerrillera en el territorio. Estas prácticas no solo vulneran los derechos humanos, sino que rompen el tejido comunitario al sembrar miedo, desconfianza y aislamiento entre la población.
La escalada de violencia en Casanare ya deja consecuencias concretas. La denuncia recuerda el asesinato del campesino José Ramón Velandia en la vereda Los Papayos el pasado 9 de marzo; la desaparición de José Antonio Moreno Rodríguez el 22 de abril; y las agresiones y perfilamientos contra integrantes de la asociación indígena U’wa ASOUWA por parte de la fuerza pública el 1 de mayo.
Detrás de estos hechos existe una disputa mucho más profunda: la del control sobre los territorios y sobre las formas de vida de las comunidades rurales y populares. En regiones como Casanare, donde convergen intereses petroleros, proyectos extractivos y presencia militar, el liderazgo social se convierte en un obstáculo para quienes necesitan territorios silenciosos y poblaciones desorganizadas. Por eso la persecución no apunta únicamente contra individuos, sino contra la capacidad colectiva de las comunidades para organizarse, exigir derechos y defender la vida digna.
Las organizaciones sociales exigen al Estado colombiano investigar los hechos, evaluar el comportamiento de las Fuerzas Militares en el territorio y garantizar medidas reales de protección para líderes y comunidades, incluyendo la aplicación del Decreto 660 de 2018. También hicieron un llamado a la comunidad internacional para monitorear la grave crisis humanitaria que vive el departamento.
Lejos del relato institucional que presenta a Casanare como un territorio en calma, las denuncias muestran una realidad marcada por el miedo, la militarización y la persecución política. Cuando organizarse para defender el territorio implica amenazas, perfilamientos y riesgo de muerte, queda en evidencia que la paz sigue siendo incompatible con un modelo que responde con inteligencia militar y represión frente a las demandas populares.
Casanare es un territorio donde las comunidades continúan resistiendo, organizándose y defendiendo la vida en medio del asedio.
