En un contexto en el que la ultraderecha de tipo fascista domina la mayoría de gobiernos en todo el mundo, empieza a reverdecer una decidida respuesta de las masas en defensa de sus derechos básicos. El contraste no puede ser más radical, los gobiernos de ultraderecha, en especial el de los Estados Unidos y los de Europa, se proyectan hacia una nueva guerra intercapitalista; mientras las luchas proletario-populares bregan por condiciones de bienestar para las mayorías en el mundo. En este marco se suceden las batallas por la vivienda en España, por la educación en Francia, contra el ajuste fiscal en Chile y en defensa de derechos laborales en Perú.
- El problema de la vivienda bajo el Estado español
La batalla por la vivienda resultó acelerada con el desahucio de Mari Carmen el 23 de septiembre, una señora de 87 años que fue desalojada de la vivienda en que vivió durante siete décadas, hecho que ha provocado su actual fallecimiento. Urbagestión una empresa de un fondo buitre le triplicó el precio del alquiler y presionó por su desalojo violento; incluso llegó hasta a negarse a aceptar el pago que solidariamente ofreció una persona. La dura batalla frontal fue librada por medio del sindicato de inquilinas y los sindicatos de vivienda, que ante el funesto resultado fueron empujados a promover la acampada en la emblemática Plaza del Sol de Madrid, sitio al cual concurrieron miles de personas en protesta contra la especulación y el rentismo.
La continuación de la batalla por la vivienda movió esta vez a miles de personas a la acampada, la que duraría más de una semana en resistencia. El vergonzoso pero conflictivo contexto fue entendido y aprovechado por el gobierno del PSOE a través de Sánchez al promover el “Decreto Mari Carmen” cuyo contenido inicialmente obligaba a establecer las razones para contratos limitados en el tiempo ante el riesgo de convertirlos en contratos permanentes y cobijados bajo la Ley, además de promover ciertas limitaciones a los costos del arrendamiento. Sin embargo, el decreto no contemplaba medidas serias contra los abusos y la especulación de los fondos buitres en el mercado de la vivienda, tal como lo exige la plataforma de lucha de los sindicatos de la vivienda, debido a que esa forma empresarial no paga impuestos por ingresos derivados de la vivienda si reparten más del 80% de sus dividendos.
Aun así, el proyecto de Decreto fue dividido en su paso por el Parlamento. Una parte contemplaba limitaciones a los desalojos hasta 2030, regulaba los alquileres de temporada limitada y ponía algunas ligeras limitaciones a la compra especulativa de los fondos buitres; la otra parte buscaba dar mayor estabilidad a los contratos de arrendamiento. El resultado fue la negación del Decreto por el Parlamento, decisión con la cual los partidos de derecha y ultraderecha se posicionaron en clara defensa del gran capital y en contra del proletariado que se ve sometido a pagar altos arriendos.
Cuando la coyuntura llegó a ese punto, el desenvolvimiento de la lucha se bifurcó de manera más clara: el gobierno llama a elecciones anticipadas y los sindicatos de vivienda convocan la huelga general.
Tras haber perdido la votación en el parlamento, el gobierno del PSOE llamó a elecciones presidenciales anticipadas para el 26 de noviembre. Con tal decisión procura aprovechar la animosidad social que desató la problemática de la vivienda y que en parte le ha permitido recuperar algo de favorabilidad entre votantes. Además, de esa forma abre una vía legal para volver a aprobar y tramitar los decretos-ley de vivienda, ya que al disolverse el parlamento, la validación de las leyes depende de la Diputación Permanente en la cual el gobierno si alcanza una mayoría ajustada de 35 de 69 escaños. De esa forma entran inmediatamente en vigor -aunque de manera provisional- los decretos que evitan los desahucios hasta 2030, controla los precios de los alquileres temporales, y crea una ayuda para compra de vivienda de hasta 50.000 euros.
Por su parte los sindicatos de vivienda, organizaciones estudiantiles y algunos sindicatos promovieron la gran movilización del pasado 3 de octubre en Madrid y otras ciudades. La fuerte congregación de masas y organizaciones en las calles señalaron que hay condiciones para avanzar hacia la huelga general, por eso ha sido convocada para el 11 de noviembre, dos semanas antes de elecciones. En consecuencia, y por lo pronto, el avance en la organización y movilización de las masas a partir de la problemática de la vivienda cuando menos parece dar a entender que es posible entrar a condicionar la agenda del próximo gobierno.
En todo este desarrollo hay que tener presente la difícil situación para acceder a una vivienda que enfrentan las y los trabajadores, en especial las familias migrantes y los jóvenes. Este problema es causado porque la vivienda es reducida a una mercancía, con la que además se especula en grande, situación que ha sido tolerada y apoyada por el Estado y los partidos, reproduciendo así un mecanismo de super-explotación. Contra esa realidad ha venido actuando la crítica política de tipo proletario, la que se ha transformado en organización de masas a través de los sindicatos de vivienda, los que ya se han dotado de un claro programa de lucha[1], el que al ser puesto a prueba está demostrando su capacidad de dirigir a las masas en la actual situación coyuntural.
- Los estudiantes en Francia
El deterioro sistemático en las condiciones de la educación pública de la secundaria en París desató el movimiento que ahora promete agigantarse hacia una movilización nacional que cuestiona el poder del gobierno. Ese deterioro se manifiesta en instalaciones deficitarias y sobre todo en la falta de profesores, situación que golpea con mayor intensidad las áreas donde habitan los trabajadores de menores ingresos. A ese contexto se le agrega ahora que el gobierno derechista de Macron y Lecornu ha decidido recortar el presupuesto a la educación, como parte de una reducción general de 50 mil millones de euros en el presupuesto de 2027, mientras los recursos para la guerra sí que se ven incrementados.
Tal condición llevó a que los sindicatos de estudiantes de secundaria se movilizaran hacia finales de septiembre, siendo importante la participación de la federación “solidaridad estudiantil”, que reúne a las fuerzas de izquierda radical. Los reclamos consisten en mejoras a las instalaciones (aulas, baños, calefacción, cafeterías), contratación masiva de profesores bajo condiciones de estabilidad, supresión de la plataforma digital de acceso a educación superior (Parcoursup) que presenta claros sesgos en la selección, y rechazo total al recorte del presupuesto. La respuesta del gobierno a través del ministro de educación, Édouard Geffray, se ha reducido a mesas de concertación de tipo dilatorias, mientras a nivel público centra su discurso en la justificación de la violencia estatal, al insistir que las protestas se producen por la infiltración de grupos radicales, dejando cuando amenos heridos 250 estudiantes y 85 profesores, agregándose cerca de 5.000 estudiantes detenidos, denotándose que los choques en las calles deben ser fuertes en la media que el gobierno afirma que hay también 700 gendarmes heridos.
En esta primera semana de octubre se reportaban más de 400 liceos cerrados en París, de los cuales algunos habían sido incendiados. Bajo ese contexto la lucha recibió el apoyo de los estudiantes universitarios y de los sindicatos de trabajadoras y trabajadores, produciéndose la gran marcha en París el pasado 6 de octubre, a la que acudieron más de 450 mil personas. Movilizaciones que fueron definidas como Acto III, y que se extendieron más allá de la capital, incluyendo áreas como Marsella, Lyon, Burdeos, Nantes, Brest y Dijon.
Ante la ausencia de respuestas positivas por parte del gobierno la lucha se mantiene y promete extenderse aún más. En esa dirección la implementación de una táctica de avance progresivo en el desarrollo de la lucha es muy importante, línea en la cual los sindicatos estudiantiles y de trabajadores decidieron avanzar hacia el Acto IV, el jueves 8 de octubre. Todo esto en proyección a que se sumen otros estudiantes del país, así como sindicatos y organizaciones de cara a una gran movilización en todo el país hacia el 17 de octubre.
- El sur de América
El pasado jueves 1 de octubre se desarrolló un paro nacional con movilizaciones masivas en varias ciudades capitales de Chile. Se protestó contra el ajuste fiscal que recae sobre los programas sociales, y en especial contra la Ley de Presupuesto de 2027. El grito central de lucha fue “ni un peso menos para la educación”, consigna bajo la cual miles de estudiantes se movilizaron. Sin embargo la movilización estuvo acompañada tanto de los trabajadores en salud que se movilizaron en defensa del financiamiento, como de los trabajadores estatales que defienden la estabilidad laboral.
En la jornada convergieron la Confederación de Estudiantes de Chile, como eje principal de convocatoria, siendo acompañada de la Central Unitaria de los Trabajadores-CUT, y del Colegio de Profesores y de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, entre otros. Tal convergencia permitió que las protestas fuesen más allá de Santiago, la capital, y se dieran también en regiones como Antofagasta, Valparaíso, Concepción, Temuco y Punta Arenas. La movilización proletario-popular fue respondida por el gobierno ultraderechista de Kast por medio de la represión de los Carabineros, en una clara postura de darle tratamiento de criminales a quienes se movilizaron en defensa del bienestar de las mayorías populares. Por eso, ante la ausencia de salidas positivas es probable que se sucedan réplicas más fuertes de cara a frenar los recortes programados para 2027.
En Perú la protesta se sucedió el pasado 26 de septiembre en Lima, siendo dirigida a contener las facultades especiales de legislación que pedía la ultraderechista Keiko Fujimori al Congreso. Bajo el pretexto de combatir la inseguridad y el fenómeno del niño se pedían facultades especiales por medio de las cuales se podían afectar los derechos de los trabajadores y el régimen tributario. De allí que sindicatos de trabajadores y gremios como los transportistas se movilizaron para prevenir alzas en los combustibles, aunque reconocían la necesidad de que el gobierno actuara contra las bandas y mafias que generan inseguridad.
La protesta se desarrolló en el centro histórico de Lima, pero fue atacada por las fuerzas policiales, lo que derivó en enfrentamientos y bloqueos temporales de vías en el centro de la capital. A pesar de las protestas el gobierno logró que la Cámara de Diputados le aprobara parte de las facultades especiales para legislar en los siguientes tres meses, aun cuando tuvo que retirar las facultades en torno a temas fiscales y derechos laborales. Aun así, el gobierno ultraderechista fue dotado de medios legales para desatar su supuesta campaña de seguridad, debiéndose tener presente los sistemáticos y terribles crímenes en contra de la población y de las organizaciones sociales y de izquierda que cometió Alberto Fujimori, padre de la actual presidenta, los cuales ella defiende y representa.
En resumen, el balance general de las protestas señala un decisivo esfuerzo por impedir que el avance y atropello de la ultraderecha perjudique aún más las condiciones de vida de los sectores proletario-populares. En ellas es importante identificar que es la misma fuerza del capital, a través de sus representantes más extremos, lo que viene alentando la lucha de clases.
En este contexto en que la defensa de reivindicaciones y derechos tiene como escenario fundamental las calles, es preciso recordar que el gran estallido social en Colombia entre 2019 y 2021 estuvo precedido precisamente por potentes jornadas de protestas en Francia, Ecuador y Chile.
referencias
[1] https://www.eltiempo.com/economia/colombia-reperfila-19-8-billones-de-deuda-para-aliviar-los-pagos-de-2026-y-3591048
