En Chámeza, municipio del sur de Casanare, las familias de las víctimas de desaparición forzada enfrentan una nueva disputa por la memoria. Los tres murales que desde 2016 recordaban a sus seres queridos en el coliseo municipal fueron cubiertos con pintura blanca, según denunciaron familiares y organizaciones que participaron en su construcción.
Las obras, realizadas mediante un proceso colectivo de memoria, recogían los rostros de personas desaparecidas, la historia de violencia que atravesó al municipio y las experiencias de una comunidad que todavía exige conocer el paradero de sus familiares.
Marcela Granados Ballesteros, familiar de víctimas e impulsora de esta iniciativa, denunció que la eliminación de los murales comenzó en agosto de 2026 y que, pese a las solicitudes de diálogo, la administración municipal no concertó con quienes habían participado en su elaboración.
La desaparición de estas expresiones artísticas retoma la discusión sobre la intervención de una infraestructura pública: ¿quién decide qué historias permanecen visibles en los espacios que habita una comunidad?
Una memoria construida desde las familias y la comunidad
Entre finales de la década de 1990 y los primeros años del siglo XXI, Chámeza fue escenario de graves hechos de violencia relacionados con la presencia paramilitar y el conflicto armado. Las familias denuncian desapariciones forzadas ocurridas durante este periodo y señalan la responsabilidad de integrantes de estructuras paramilitares y de la Fuerza Pública en distintos casos.
Aunque los registros oficiales citados por las organizaciones hablan de al menos 37 personas desaparecidas, los familiares sostienen que la cifra supera las 40 víctimas.
Frente a la ausencia de sus seres queridos y la persistencia de preguntas sin respuesta, en 2016 las familias impulsaron la construcción de tres murales con el acompañamiento de Familiares Colombia y el colectivo Beligerarte. En la iniciativa también participaron estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Galán.
No se trataba únicamente de pintar paredes. La elaboración de los murales permitió reunir a distintas generaciones alrededor de las historias de quienes fueron desaparecidos, recuperando sus nombres, rostros y recuerdos cotidianos.
«No solamente son cifras, sino son personas», explica Marcela Granados, quien recuerda que el propósito era hablar de sus familiares desde la vida que tuvieron: sus gustos, sus comidas, sus risas y sus momentos felices.
Esta forma de construir memoria se distancia de las narraciones que reducen a las víctimas a estadísticas. Por el contrario, reivindica su condición humana y reconoce a las familias como protagonistas de la reconstrucción de su propia historia. Para Granados, pintar, tejer, hacer teatro y encontrarse colectivamente son también formas de narrar lo ocurrido desde las experiencias de quienes lo vivieron.
El espacio público como territorio de disputa
Los murales estaban ubicados en un lugar de especial significado para la población: el actual Coliseo Central, un espacio que anteriormente funcionó como institución educativa y que ha sido escenario de encuentros deportivos, actividades comunitarias y experiencias compartidas por varias generaciones.
Su ubicación no era accidental. Las familias buscaban que la memoria de las víctimas hiciera parte de la cotidianidad del municipio, que sus rostros fueran vistos por quienes asistían a los campeonatos y que la historia de la desaparición forzada no quedara confinada al ámbito privado.
«Hemos buscado espacios para hacer memoria o para visibilizar esto, espacios que hagan ruido, espacios que se vean», sostiene Granados.
Según su testimonio, entre los argumentos expresados frente a la presencia de los murales estaba que resultaban demasiado visibles en un lugar destinado a distintas actividades municipales.
Sin embargo, para las familias, precisamente esa visibilidad constituye el sentido de la iniciativa. Para las clases populares las paredes han sido siempre una palestra, desde donde se construye memoria popular, es así como en los espacios públicos se expresan disputas sobre qué acontecimientos se recuerdan, cuáles se silencian y quiénes tienen la posibilidad de construir los relatos que circulan en la sociedad.
En Chámeza, los murales representaban una apropiación colectiva de ese espacio: una manera de inscribir en la vida cotidiana del municipio una historia de violencia que todavía no ha sido esclarecida plenamente.
Su eliminación, por tanto, no puede comprenderse únicamente como una modificación estética. Para quienes participaron en su construcción, significa la pérdida de un espacio de encuentro, reconocimiento y denuncia.
Las familias denuncian falta de concertación con la Alcaldía
De acuerdo con Marcela Granados, el 19 de agosto de 2026 se presentó un derecho de petición dirigido a la administración municipal para solicitar un espacio de diálogo sobre la permanencia de los murales.
No obstante, denuncia que la Alcaldía, encabezada por Bernardo Pérez, adelantó su eliminación sin convocar a las personas y organizaciones que habían impulsado el proceso de memoria.
Granados también cuestionó el tiempo de respuesta al derecho de petición y manifestó que las explicaciones recibidas no resultaron satisfactorias para las familias.
La denuncia plantea interrogantes sobre la participación de las víctimas en las decisiones relacionadas con los lugares de memoria y sobre las responsabilidades de las instituciones públicas frente a las iniciativas comunitarias de reparación simbólica.
Las familias sostienen que, si las obras requerían mantenimiento, la alternativa debía ser su recuperación mediante un proceso concertado, no su eliminación.
«Si se ven feos, pues miremos cómo los embellecemos», expresó Granados al insistir en la necesidad de continuar construyendo estos espacios.
Desaparecidos que siguen siendo buscados, memorias que siguen resistiendo
La desaparición forzada no termina con la ausencia física de una persona. Sus consecuencias permanecen en las familias y comunidades que durante años, e incluso décadas, continúan buscando respuestas sobre lo ocurrido.
En Chámeza, esa búsqueda sigue abierta. Entre los casos recordados por las organizaciones se encuentran los integrantes de la familia Granados, víctimas de desaparición forzada, varios de los cuales aún no han sido hallados.
Para sus familiares, los murales no eran monumentos dedicados a un pasado cerrado. Eran expresiones de una historia que continúa presente porque todavía no se ha establecido el paradero de todas las víctimas. La memoria, en este contexto, no constituye solamente un ejercicio de recordación: también es una práctica colectiva de exigencia de verdad, búsqueda de justicia y resistencia frente al olvido.
La experiencia de Chámeza evidencia una tensión entre las iniciativas de memoria construidas desde las comunidades y las decisiones institucionales sobre el uso del espacio público. Mientras las familias buscan mantener visibles las huellas de la violencia, denuncian que los lugares donde expresaban esas memorias fueron intervenidos sin su participación.
Por ello, las organizaciones y familiares exigen que se reconozca el valor de estos procesos y que se garanticen espacios de diálogo para su recuperación.
Porque los desaparecidos de Chámeza no son únicamente una cifra del conflicto armado: son vidas, historias y vínculos comunitarios que sus familias siguen reivindicando. Y mientras no se conozca su paradero, la memoria continuará siendo una forma de búsqueda y de lucha colectiva.
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