Pareciera que a medida que aumentan sus abusos así mismo la ultraderecha se va aproximando a sus propios límites y empieza a revolcarse en su propia porquería. Y no se trata ya sólo de los golpes electorales como acaba de suceder en los Estados Unidos, sino del descarado proceder del Presidente de El Salvador sobre Haití, la despreciable reducción de penas a pederastas en Chile, o el infame robo de los recursos públicos en Paraguay. Este último caso en realidad no es una anomalía, sino más bien la expresión descarnada sobre cómo se desenvuelve el proceso real de acumulación y centralización del capital.
En Paraguay el gobierno de ultraderecha de Santiago Peña representó al tradicional Partido Colorado, quién asumió su mandato en agosto de 2023 y debía ir hasta ese mismo mes de 2028. La postura de ese partido es el clásico formato conservador de ultraderecha, supuestamente defensor de la familia tradicional, del Estado pequeño, la libre empresa, el ajuste fiscal bajo programas mínimos de gasto social focalizado a los más pobres a fin de reducir los impuestos a los más ricos y de arrodillamiento a la agenda de los Estados Unidos e Israel. Sin embargo, como en otros países de la región lo que se construyó fue un asalto al Estado y sus recursos para con ellos apalancar el crecimiento del grupo empresarial Vásquez, y desde allí constituir una estafa piramidal desde la que se ha robado a cerca de tres millones de ahorradores.
La carrera de Peña es la de un estafador con fachada de hombre pulcro, mascarada necesaria para impulsar mediáticamente su supuesta carrera meteórica en la última década, a lo De la Espriella en Colombia. Entre 2015 y 2017 fue ministro de Hacienda de Horacio Cartes –su padrino político- momento en que saltó de los liberales a los colorados. De allí pasó al Banco Basa (2018 a 2022), empresa del Grupo Cartes, mientras a la vez se convirtió en accionista e inversor preferencial de Ueno Holding y de su filial tecnológica itti S.A.
Su “carrera” pudo haberse visto limitada por el ataque de los Estados Unidos contra Cartes debido a su evidente corrupción, político a quien en julio de 2022 le quitan la visa y luego en 2023 es agregado a la lista OFAC. No obstante, Peña ya se había lanzado a las elecciones presidenciales de 2023, las cuales ganó, pero en ese momento ya con el apoyo del Grupo Vásquez, que había salido favorecido ante la persecución y desmantelamiento de los bancos y empresas de Cartes. La victoria política con Peña se tradujo en la rampa que le permitió al grupo Vásquez un salto exponencial en empresas y activos al ser el beneficiario de contratos estatales y apalancamiento financiero.
El Grupo Vásquez a través de su filial itti S.A pasó a procesar más del 40% de las transacciones tecnológicas y financieras del país, al proveer el software a bancos e instituciones del Estado. Contó con la “gran fortuna” de que apenas llegó Peña al poder se le entregó la licencia para operar como banco digital, con lo cual se consolidó Ueno Bank –una vez absorbió Visión Banco-convirtiéndose en el número uno del Paraguay al manejar 2,9 millones de usuarios. Y a su vez fue adquiriendo algunos de los más importantes medios de comunicación mediante V Media (Diario Crónica, radio 650 AM, La Tribuna), empresas favorecidas con contratos estatales en servicios tecnológicos, seguros y administración, hasta consolidar una fortuna que podía llegar a los 1.500 millones de activos.
Ese meteórico crecimiento de empresas y activos descansaba en un robo organizado a gran escala, en el que Ueno Bank entregaba préstamos sin mayor control al Grupo Vásquez, y para tapar la falta de recursos se permitía la captación de ahorros del público y se trasladaban dineros del propio Estado. Para facilitar la operación Peña nombró a Carlos Carvallo Spalding como Presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), quien hasta su nombramiento era presidente y alto ejecutivo de Ueno Bank. Esto permitió entregar cerca de US$850 millones de dólares de recursos del Estado (entre ellos recursos pensionales) a Ueno, y que sistemáticamente se saltaran las normas reglamentarias de deuda y financiamiento. Con todo ello se posibilitó la gran estafa puesta al descubierto este dos de noviembre, cuando el Banco Central no tuvo más remedio que cerrar las operaciones de Ueno Bank ante las insostenibles irregularidades, dejando a los casi tres millones de ahorradores sin sus recursos.
Como se sabe, lo evidente de la trama de corrupción llevó a que Peña presentara su renuncia a fin de obtener fuero parlamentario vitalicio, con lo cual evitaba su procesamiento legal. Sin embargo, la maniobra fue evidenciada por algunas fracciones opositoras y ante el desfile de furia por las calles, el Senado no tuvo más remedio que rechazar su renuncia, adelantar su juicio político y definir la destitución. Sin embargo, el Partido Colorado –y entre ello la fracción de Cartes- al deslastrarse de Peña logran sostener la Presidencia del ejecutivo y además realizar un control de daños sobre su imagen.
Este conjunto de hechos ha sido presentado por la mayoría de medios de comunicación en el mundo como si sólo fuese producto de exagerada ambición y corrupción de unas cuantas personas. No obstante, los hechos mismos son una clara evidencia sobre cómo el sistema crediticio y financiero conducen a que estructuralmente se comprometan, especulen y roben recursos públicos, en la medida que son los ahorros de varios millones de personas o son fondos del tesoro público.
Esa misma realidad se palpa, pero a mayor escala, cuando se levanta la mirada al centro del mercado financiero mundial y se nota el nubarrón obscuro compuesto al menos por 1,2 billones de dólares de deuda especulativa con la cual se viene impulsando el ecosistema de la IA, y esto sólo en los Estados Unidos. Esos recursos son captados mediante compromisos de deuda (emisión de bonos y acciones) por parte de las corporaciones tecnológicas asociadas a la IA (Hiper-escaladores), pero son canalizados por medio de los grades fondos de inversión (Black Rock, Vanguard…), a través de un enredado tejido que ahora permite un financiamiento piramidal entre las mismas empresas. Y en ese negro torbellino incluso resultan seriamente comprometidos buena parte de los ahorros pensionales de varios países latinoamericanos, entre ellos los de las AFPs de Colombia.
Los peligros de las inversiones en el sector de la IA son bastante conocidos por las empresas e inversionistas. Esos riesgos vienen creciendo al punto que en las dos últimas semanas se han presentado amagos del pinchazo en la nube de deuda. Por ejemplo, los últimos días de octubre cayeron las acciones de Alpahbet-Google en 12%, y las de Amazon en 7%; a ellas se sumó la reducción de 900 mil millones en el valor bursátil del sector y una nueva caída en el valor de las acciones del sector –NVIDIA, AMD- entre 6% a 15%, en la primera semana de noviembre, ante la posibilidad que los demócratas les impongan reglas mínimas de control.
No obstante, a pesar de los evidentes y crecientes riesgos, tanto gobierno, fondos de inversión y grandes tecnológicas siguen animando el juego de la especulación, dado que al fin de cuentas los recursos comprometidos no son suyos. Ellos saben que la burbuja podrá explotar en forma pronta y que los daños serán de alto impacto mundial, pero aun así ninguno está en la posición y la capacidad de alejarse de la carrera, debido a que la más mínima señal en esa dirección se castiga con la inmediata desvalorización bursátil y en consecuencia la quiebra. Luego ya de camino al precipicio la cuestión es quién sobrevivirá y concentrará mayor poder en el relanzamiento del proceso, sin importar las víctimas de su proceso.
