Trochando Sin Fronteras – Marzo 9 de 2020
Aplazan audiencia a líderes sociales capturados en Falso Positivo Judicial. Según las comunidades las audiencias se realizarían el 17,18 y 19 de junio. Ante el hecho se exigen que se respete el debido proceso, para que se pueda demostrar la inocencia de los líderes sociales.
Recordemos que estos líderes sociales fueron capturados en noviembre de 2018, luego de un operativo «espectacular», utilizando helicópteros y 200 unidades militares, policiales y fiscalía. Luego de la espectacularidad a la fecha no se ha realizado la audiencia preparatoria contra los acusados.
Ante estos hechos y las inconsistencias en el proceso las organizaciones de derechos humanos han rechazado la persecución judicial contra los dirigentes, y han afirmado que: «Los capturados no pertenecen a un grupo organizado, además que no se ha reconocido oficialmente como una estructura delictiva que opere contra los intereses de la compañía.»
A los líderes se les ha imputado cargos: concierto para delinquir y terrorismo, aplicándoles el rigor de la ley 1908 del 2018. Ley que determina la detención preventiva y alarga a tres años los tiempos para la realización de juicio.
Las organizaciones de derechos humanos en un esfuerzo por visibilizar el caso lograron que fuese expuesto a nivel internacional. Además el caso fue referenciado por el relator de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas Michael Forst en su el informe de la ONU; quien ha reclamado al Gobierno colombiano respuestas claras en torno a la situación de los líderes sociales.
¿Como se desarrolla el caso?
En entrevista con el Abogado Jorge Cortés Colmenares, se pudo establecer como se ha desarrollado el caso,para el abogado: «Los líderes fueron judicializados por la fiscalía por protestar por la violación de la contratación entre el Estado colombiano y las petroleras, en las que se incluyen los temas ambientales y de participación que tiene derechos las comunidades y que esa empresa no cumplió.»
Enfatiza que: «No existe garantía para la defensa de los líderes sociales, no hay igualdad, se sabe que la fiscalía funciona por los pagos que hacen las petroleras, es un pago a los fiscales, es una privatización de la investigación judicial, y eso genera predisposición contra las personas que investiga y que son incomodas para las petroleras.»
Además afirma que: «Existe desigualdad de armas, o sea, desigualdad de condiciones en el juicio, por lo que desequilibra la balanza, los acusados contrataron a un investigador, mientras las instituciones tienen muchos investigadores y peritos. La Procuraduría está en el proceso acusatorio, pero esa entidad está del lado de la Fiscalía desequilibrando la balanza; la empresa petrolera y Ecopetrol tienen abogados contratados; es decir, estamos peleando contra la Procuraduría, Fiscalía y Frontera Energy.»
La Audiencia preparatoria que se realizara en junio que será bastante larga, asegura el abogado. «Seguramente habrá controversia sobre la práctica de pruebas y testigos más lo documental que la defensa tiene, reconstruyendo todo lo que ha sucedido en las regiones de San Luis de Palenque y Trinidad con la petrolera«.
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«El problema no es de dos años para acá, estos casos se vienen presentando desde la llegada de Pacific Rubiales y que cambio a llamarse Frontera Energy«.
Los familiares, comunidades y organizaciones esperan que este caso se desarrollo con total garantías; afirman que continuaran denunciando a nivel internacional para que se proteja los derechos de las comunidades.
