Trochando Sin Fronteras – Marzo 26 de 2021
Comunidades y organizaciones se movilizan en Yopal, Casanare en apoyo a los líderes sociales. Con el mensaje #SerLiderSocialNoEsDelito, los participantes rechazan la detención y judicialización de líderes sociales, comunales y ambientales.
Los movilizados exigen libertad para Miguel Daza, Fredy Figueroa, Carlos Romero, Miriam Aguilar y Fauner Plazas, además de los líderes de San Luis de Palenque y Trinidad. Defensores de la vida y el territorio detenidos en medio del exterminio político implementado desde el Estado Colombiano.
Para conocer los motivos de esta movilización dialogamos con Yelsid Daza quien hace parte de la Asociación de Veredas de Cunamá –ASOVEC– quién afirmó:
“El motivo principal de esta marcha es en rechazo a la judicialización, estigmatización y asesinato a los líderes sociales y comunales”
El líder comunal enfatizó que ASOVEC se moviliza porque vive en carne propia la judicialización. Yelsid hace referencia de Miguel Daza, quien ha sido un incansable trabajador por un país con vida digna.
“La Fiscalía General de la Nación acusa infamemente a Miguel de pertenecer a grupos armados y ser responsable de delitos de rebelión y concierto para delinquir… Acusaciones frecuentes en Casanare que buscan acabar con el movimiento social en el territorio…”
Además, los participantes rechazan las prácticas de desarticulación del tejido social, que busca limpiar de cualquier resistencia y oposición a los proyectos mineroenergéticos.
El caso de San Luis de Palenque evidencia los convenios entre Frontera Energy y el Ministerio de Defensa para encarcelar a las comunidades: “El 19 de noviembre de 2018, nueve días antes de la captura de los líderes, la empresa petrolera firmó un convenio con el Ministerio de Defensa».
Recomendado: Caso San luis de Palenque: Encarcelamiento y resistencia
El documento un referenciado por el artículo: Caso de líderes de San Luis de Palenque detenidos ya está en manos del alto comisionado de la ONU, compromete a unidades militares colombianas a prestar “especial protección” a las áreas de interés de la empresa antes mencionada. Protección que se brindó en los proyectos Corcel, Llanos 25, Arrendajo, Casimena, Cubiro; lugar donde se presentaron las protestas que tienen en los estrados judiciales a los líderes. A cambio de esta protección, la empresa pagó $2.340 millones.
Exterminio político en Casanare
Casanare es un departamentos azotado por las empresas petroleras y el exterminio político del movimiento social. Como resultado de este azote se implementan políticas el con beneplácito del Estado, a través de Fuerza Pública, la Fiscalía y la Procuraduría. Estas políticas representadas en falsos montajes judiciales, la judicialización, el desplazamiento y muerte afectan a líderes sociales, comunales, ambientales y defensores de derechos humanos.
Este exterminio político continúa aplicándose en el territorio, de él son víctimas las comunidades organizadas de ASOVEC y ASONALCA. Organizaciones que defienden a través de la exigencia y movilización sus territorios.
