Este 22 de julio entraron en vigor los nuevos aranceles del 25 % que el gobierno de los Estados Unidos impuso a diversos productos de origen brasileño. Se trata de una medida que para nada responde a la lógica económica con la que Trump ha venido justificando este tipo de gravámenes, sino que se inscribe en una estrategia más amplia de intervención política y económica de Estados Unidos en América Latina. En este caso, el propósito es crear un escenario adverso para el gobierno de Lula y oxigenar la desgastada campaña de la ultraderecha brasileña encabezada por Jair Bolsonaro, utilizando los aranceles como un instrumento de presión política para favorecer la imposición de gobiernos subordinados a los intereses de Washington.
En su alegato, las autoridades de los Estados Unidos afirman que el gobierno de Lula no ha negociado de buena fe y mantiene prácticas desleales y discriminatorias contra las empresas de ese país. Sin embargo, los datos de 2025 en el comercio internacional arrojan un superavit de 14.500 millones de dólares en favor del país norteamericano, siendo evidente de qué lado está la ventaja. Teniendo en cuenta que cerca del 25% de los productos quedan exentos (café, carnes, naranjas…), el impacto podría llegar a unos 4.500 millones de dólares anuales, cantidad que incrementaría el déficit actual de Brasil, costo que seguramente tratarán de amortiguar los capitalistas en contra de las condiciones salariales de los trabajadores.
Entre otras de las razones que ha motivado la abusiva medida de los Estados Unidos están los intereses de las grandes empresas financieras de tarjetas de crédito como Mastercard o Visa, las que perdieron mercado al interior de Brasil con la entrada en servicio de PIX. Se trata de un sistema de carácter público de transferencias gratuitas diseñado por el Banco Central de Brasil que permite pagos y transferencias incluso de grandes sumas de dinero, y que es usado por unos 200 millones de usuarios, por tanto, muy superior al sistema Bre-B que se ha instalado en Colombia, que en parte depende de los bancos privados. Claramente la medida de EEUU es una represalia contra las posturas soberanistas, en la medida que ese tipo de sistema de transferencias ha sido replicado en la región, teniendo en cuenta que PIX se lanzó en 2020 y en este momento junto a Colombia, hay modelos similares en México, Costa Rica, Perú y Argentina.
El propósito de EEUU es crear un ambiente contrario al gobierno y a la campaña política de Lula, absolutamente similar a como actuó el gobierno de Ecuador en contra de la campaña de Iván Cepeda. La medida incluso tiene el cuidado de no tocar los intereses de sectores productivos que están alineados con el bolsonarismo, centrados fundamentalmente el sector primario (café, naranja, carne, petróleo), mientras se castiga al sector manufacturero, que ha sido el que ha tratado de promover el gobierno de Lula.
Si bien el argumento de los Estados Unidos para justificar la supuesta selectividad ha sido evitar efectos inflacionarios dentro de su país, es evidente el propósito real, de allí que el gobierno brasilero hable de “intervención económica selectiva”, debiéndose recordar que ya en 2025 el gobierno de Trump había colocado un arancel del 50% a Brasil para defender a Jair Bolsonaro del proceso que enfrentaba por el golpe de Estado de 2022, del que finalmente resultó culpable.
La respuesta de Lula deja ver que el conflicto ya desborda el terreno comercial. En un artículo publicado por The Washington Post, calificó los aranceles como un «error estratégico» y sostuvo que Brasil no aceptará que su futuro sea definido por presiones extranjeras. Además, advirtió que las medidas terminarán encareciendo productos para los consumidores estadounidenses, afectando las cadenas de suministro y empujando a Brasil a profundizar la diversificación de sus relaciones económicas. Más que una disputa por el comercio, Lula presenta el conflicto como una defensa de la soberanía nacional frente a los intentos de condicionar el rumbo político de su país.
De otro lado, la clara postura intervencionista del gobierno Trump queda patentizada en las declaraciones de M. Rubio el 16 de julio en la red X, al manifestar:
«Que no haya confusión sobre el por qué: el presidente Lula y su gobierno no han negociado con EE. UU. de buena fe. Sus políticas económicas son malas para los estadounidenses y malas para los brasileños. Durante el último año, Lula ha puesto su propio ego por delante de un acuerdo para el bienestar del pueblo brasileño, y estos aranceles son el precio de eso».
En las palabras de Rubio se hace evidente su animadversión contra lo que representa Lula y su intento de oxigenar la desinflada campaña de la ultraderecha. Y es que en mayo las encuestas daban una especie de empate entre Lula y Bolsonaro, pero ahora en julio manifiestan una ventaja de unos diez puntos en favor del primero. Ese retroceso se relaciona con el escándalo que vincula a Bolsonaro con un banquero recientemente preso por fraude financiero, se suma las rupturas con su madrastra Michelle Bolsonaro, quien mueve la base votante de las iglesias evangélicas, y se agrega el rechazo por haber realizado el lobby en los Estados Unidos para imponer los actuales aranceles.
Lo fundamental es que la declaración de M. Rubio es coherente con el propósito que fijó la Nueva Estrategia de Seguridad Nacional de los EEUU, donde afirman que “la política estadounidense debería centrarse en reclutar líderes regionales que puedan contribuir a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios”.
Eso claramente se ha traducido en imponer titereyanques como “presidentes”, tal como acaba de suceder descaradamente en Colombia y como se puso en evidencia con la detención y expulsión de Beto Coral, frente a la cual M. Rubio afirmó que su acción contenía “consecuencias potencialmente graves y adversas para la política exterior de los Estados Unidos y comprometerían un interés imperioso de política exterior de los Estados Unidos«, tal como lo develo Daniel Coronell en Caracol.
Existe por tanto una política abierta de intervención y socavamiento de las estructuras de la “democracia” en América Latina para que obren en favor de los intereses del capital norteamericano.
Pero en pleno contraste, en su pasado discurso a la nación Trump afirmó que China intervino en las elecciones que él perdió en 2020, agregando acusaciones sobre robo de archivos de votantes, de pago a periodistas para que escribieran en su contra y evitar su reelección, afirmaciones para las cuales pidió publicar archivos, los que en nada sustentan sus afirmaciones, pero en todo ello dejando ver el doble rasero con el que se consideran las instituciones de la democracia, que se anuncian sagradas en los Estados Unidos – al menos de palabra- mientras hacia afuera son reducidas a meras palancas destinadas a propulsar el capital estadounidense.
Lo llamativo de esta postura tan agresiva es que Estados Unidos parece sentirse arrinconado y, en consecuencia, han empezado una especie de guerra a gran escala para derrotar a su gran rival: el capital chino. Al parecer, se encuentra en la implementación de la primera fase de esta ofensiva en la que busca crear las mejores condiciones a su favor, para lo cual no solo busca erradicar toda influencia extranjera (China) en América Latina -área que considera una continuidad natural de su territorio-, sino que además se orienta a aniquilar toda forma de oposición, a la que califica como “enemigos de la civilización”, de acuerdo a las palabras de M. Rubio durante la inauguración de la “Reunión ministerial sobre el resurgimiento del terrorismo político»:
«Esto es lo que es la izquierda radical. Pueden autodenominarse anticapitalistas, antiimperialistas, comunistas, anarquistas o marxistas. Pero su carácter fundamental es siempre el mismo. Se trata de un resentimiento venenoso enmascarado tras el lenguaje de la igualdad, la justicia y la liberación; una necesidad abrumadora de derribar lo que hombres más grandes han construido, de destruir lo que es bello y lo que es justo…»
Bajo esa afirmación se niega toda posibilidad de cuestionar los nocivos efectos del capitalismo, porque supuestamente es pretender “derribar lo que hombres más grandes han construido”, frase dirigida a prohibir que se hable de los más de tres mil millones de desempleados y subempleados en el mundo, de la creciente precarización de las condiciones de vida de los trabajadores en el mundo, de los más de 1.200 millones de personas en pobreza, mientras unos cuantos magnates concentran la riqueza; o de callar frente al creciente desastre ambiental, entre muchas otras cosas.
La afirmación de Rubio coincide plenamente con lo afirmado por el titereyanqui De la Espriella, en el sentido de que va a “destripar a la izquierda”. Lo que esto significa es que todo aquel que no se someta y sea funcional a las empresas y negocios del capital de los Estados Unidos será considerado enemigo de la civilización y en consecuencia será perseguido y destripado, amplio rango que cubre toda forma de izquierda, yendo desde la liberal, pasando por los socialdemócratas y llegando a las posturas marxistas. Es por tanto ya peligroso hasta mencionar o defender “la igualdad, la justicia y la liberación”. Con ese accionar los dirigentes políticos de la MAGA de los Estados Unidos asimilan, actualizan y reproducen lo peor del viejo fascismo, postura con la cual sólo declaran su desespero e incapacidad ante las crecientes brutalidades que carga en capitalismo en crisis, por ende la defensa de la soberanía nacional deja de ser un asunto exclusivamente diplomático para convertirse en una condición indispensable de cualquier proyecto democrático y popular en América Latina.
