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jueves, junio 30, 2022

Arauca: ¡Escenario de guerra contra los movimientos sociales!

En principio resulta importante evitar la sistemática reducción del recrudecimiento de esa guerra a la mera pugna por una disputa de redes de narcotráfico entre estas disidencias de las FARC y el ELN.

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Quienes han tenido la suerte de compartir con las y los líderes sociales de la región araucana, seguramente habrán percibido la alegría y fortaleza que irradian los proyectos alternativos en los que se concreta su programa político para una nueva sociedad. Es alentador encontrar empresas que a partir de la organización comunitaria logren dar respuestas efectivas a las necesidades sociales y que además funcionen bien, tal como allí sucede con los servicios de agua y recolección de basuras. A ello se suman iniciativas populares como las cadenas alimentarias tendientes a satisfacer las necesidades de la población, a ampliar las capacidades productivas y a generar empleo con cobertura social universal, estable, y bien remunerado, así como los proyectos para acrecentar los bienes de consumo colectivo y mejorar la atención social en todas las áreas básicas a la vida humana como salud, educación o vivienda.

En medio de un capitalismo en el que menos del 10 % de la población concentra el 70 % de la riqueza, cobran un significado esperanzador estas iniciativas porque están orientadas a crear una sociedad donde quienes se esfuerzan produciendo se beneficien de los resultados de sus trabajos y además decidan colectivamente qué hacer y cómo hacerlo. Desafortunadamente, esto disgusta a los dueños del capital en todas sus formas, incluidas las multinacionales petroleras, los narcos, el gobierno y sus militares, quienes, por medio de la estigmatización, la persecución, la judicialización politizada e injusta, los asesinatos y las bombas intentan apagar esa alternativa de vida. Es a partir de estos elementos políticos y morales que se puede abordar de mejor manera la reflexión sobre el recrudecimiento de la guerra contra el movimiento social en el departamento de Arauca.

Se trata de una guerra contra el movimiento social, lo confirma el mismo “frente 28 de las disidencias de las FARC” en un comunicado del día 23 de enero donde nuevamente amenaza de muerte a la dirigencia social, tras el intento de masacrarlos mediante la colocación de un carro bomba la noche del 19 de enero. Sin éxito, trata de camuflar su intención de destruir al movimiento social bajo una supuesta guerra sin cuartel contra el ELN. En esta arremetida no hay que perder de vista el papel que puede jugar la álgida carrera electoral a la presidencia, que por demás pareciera tenerla bastante perdida el régimen uribista, ni desestimar las artimañas en que se desenvuelve la pugna geopolítica del capitalismo mundial, en particular en esa conveniente y utilitaria relación EEUU-Colombia-Venezuela-Rusia.

En principio resulta importante evitar la sistemática reducción del recrudecimiento de esa guerra a la mera pugna por una disputa de redes de narcotráfico entre estas disidencias de las FARC y el ELN. Valga recordar que uno de los propósitos del actual gobierno uribista fue demoler los acuerdos de paz con las FARC, y a la vez negar por completo el carácter político de todos los actores armados reduciéndolos a simples grupos delincuenciales organizados, homologando las guerrillas políticas a meros carteles y bandas criminales. Junto con ello, profundizó su labor de estigmatizar a las organizaciones sociales asociándolas a las insurgencias armadas, con el fin de aislarlas y afectarlas.

Los movimientos sociales araucanos han denunciado desde inicios de año las violaciones a los derechos humanos en esa región, y han insistido una y otra vez en su demanda de que la población civil no sea involucrada en la guerra entre esas facciones. A la vez, las organizaciones sociales han denunciado el actuar de tipo paramilitar del llamado “frente 28 de las disidencias de las FARC”.

Se debe recordar que el paramilitarismo en Colombia es el arma que sostienen terratenientes, ganaderos y grandes capitalistas en varias regiones del país para supuestamente enfrentar a las guerrillas. Estas estructuras mercenarias articuladas, armadas y entrenadas, por altos dirigentes políticos, empresarios y mandos del ejército, -tal como lo han reconocido ante la JEP muchos de ellos- impusieron la ley de tierra arrasada que reproducía el discurso del ejército de “quitarle el agua al pez”, y erigieron como su objetivo militar central a sindicalistas, líderes campesinos, acciones comunales, cooperativas, defensores de derechos humanos y comunicadores sociales.

Esta misma práctica es la que viene utilizando el supuesto frente de las disidencias de las FARC, que está dirigido por oportunistas, prestos a trabajar para la mafia de la droga y la ultraderecha, hecho denunciado en el artículo “desertores, embaucadores y falsos disidentes” publicado el 21 de enero en el portal Las dos orillas.

Al respecto, una de las grandes reivindicaciones históricas de las izquierdas en el mundo ha sido la de que se diferencie entre actores político-militares y actores políticos. Es así, porque solamente de esa manera es posible que en un ambiente dominado por el capitalismo puedan expresarse públicamente otras alternativas de sociedad, y se pueda desarrollar vida política por un cambio social.

Contra esta diferenciación esencial es la que arremete con demasiada frecuencia la ultraderecha en el mundo. Al barrer con esa diferenciación, los paramilitares se sintieron con las manos libres para avasallar con terror a poblaciones de regiones enteras. Por eso, este es un límite político y moral que nadie debe rebasar, y quien así lo hace todo lo ha perdido y sus conquistas se convierten en los oscuros nubarrones de su posterior entierro. Este límite debe ser asumido por los demócratas de izquierdas y debe ser defendido con todas nuestras fuerzas por ser uno de los grandes legados históricos de la humanidad.

Comprender a las organizaciones sociales como expresiones de inconformismo frente a un capitalismo podrido hasta los tuétanos y portadoras de proyecto de una sociedad alternativa es vital, pues solamente de esa manera se puede diferenciar un actor armado de otro que únicamente acude a la civilidad como medio de acción, es este el límite que traspasan quienes con asesinatos y bombas pretenden apagar las luces de futuro.

En correspondencia, hay que ver la mala voluntad con la que han actuado los altos mandos militares del ejército y el mismo ministro Molano. No se trata únicamente de la persecución judicial y encarcelamiento politizado e injusto al que se han visto sometidos algunos líderes sociales de la región del Centro Oriente, sino de la estigmatización sistemática de la protesta social, como el caso reciente de los jóvenes que protestaron por el alza del transporte público en Bogotá y que el ministro vínculo con las guerrillas de la FARC y el ELN, acusación que en un país como Colombia significa una amenaza de muerte.

A su vez, de acuerdo con lo que se puede leer en la prensa y en las redes sociales, el enfrentamiento que recientemente se vive habría iniciado por el asesinato de un miembro del ELN a manos de estas supuestas disidencias, que ya habían participado antes en el asesinato de otros miembros de la Segunda Marquetalia. Estas muertes desencadenaron unos enfrentamientos que le resultan muy convenientes al uribismo, debido a que agudizan y justifican la militarización de la frontera con Venezuela y les sirve para vender su desgastada bandera de la seguridad democrática, que acompaña con el discurso profundamente chovinista de defensa de la patria. Y esto sucede justamente en medio de la recta final a unas elecciones presidenciales que parece tener más que perdidas, por lo que el señalado incidente parece no tener nada de casual.

El uribismo es la expresión narco-paramilitar y extremista de la burguesía del país, que se elevó al poder del gobierno en un contexto crisis institucional y de recrudecimiento de la guerra en 2002. Esto sucedió ante la ruptura de los diálogos del Caguán entre el gobierno y las extintas

FARC, a lo que le prosiguió una campaña de propaganda negra implementada por la brigada veinte de inteligencia, mediante la cual en forma indiscriminada activaba bombas en las ciudades. Con ello se generó un ambiente de caos social y enseguida los grandes medios de comunicación impusieron la idea de elegir a Uribe como salvador de la patria. Sin estos hechos, un político desconocido y perdedor en las encuestas, unos meses antes, no hubiese llegado a la Casa de Nariño.

El uso de la violencia extrema y psicópata como medio para la política tiene como uno de sus referencias la quema del parlamento ordenada por Hitler, de la cual acusó a los socialistas y comunistas, para luego cerrarlo, instaurar la dictadura, eliminar físicamente a sus opositores: los socialistas, y lanzarse militarmente sobre toda Europa. El discurso de la “seguridad democrática” protegió a los grandes capitalistas mediante la persecución y asesinato de líderes sociales y población inocente, como han evidenciado las confesiones de los mismos militares que actuaron en los falsos positivos. De esta fase de violencia conocen bastante los y las araucanas, porque en ese periodo los dirigentes encarcelados se contaron por cientos.

Esa forma soterrada de hacer campaña política parece repetirse en el país mediante el inusitado incremento de robos masivos en las ciudades y en el recrudecimiento de las diversas formas de violencia en las áreas rurales. Es así, que en medio de la actual quiebra política del uribismo no resultaría inconcebible que el ejército oficial haya aprovechado para mover sus cuerdas e instrumentalizar las contradicciones entre la llamada disidencia del “frente 28 de las FARC” y el ELN, para fortalecer su discurso de la seguridad democrática y el chovinismo nacionalista en contra de Venezuela. En todo caso, uno de los nefastos resultados de la situación ya se ha producido, y es el incremento de fuerza militar en una región ya militarizada y puesta en tensión mediante los utilitarios juegos de poder geopolítico.

A todos los que nos duele esta situación, nos queda la tarea diaria de denunciar ante el país y el mundo la encrucijada en que se ha metido a los habitantes de la región, de señalar el bárbaro e injustificado escenario de violencia al que se les somete, de encarar las mentiras y las narrativas que retuercen las cosas para sacar partido de ellas, de recordar su ejemplo e incrementar nuestra admiración por quienes al frente de la lucha se mantienen en pie, derrumban la barbarie y acercan la esperanza.

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