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Arauca: inundada entre planes de vivienda digna inexistentes y programas de estado ineficaces


 

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Tras la creciente del río Arauca y de la mayoría de sus afluentes, se evidencia un problema histórico en el territorio de este departamento: las condiciones de vivienda indigna y los programas de estado que han beneficiado a los inversionistas, petroleras y multinacionales, que le han arrebatado a la comunidad el derecho a vivir en equilibrio con la naturaleza.

El departamento viene resistiendo desde la tarde del lunes 25 de mayo la inundación provocada por la creciente de los ríos que desembocan en el río Arauca. El reporte que se presenta por ahora es de 300 familias afectadas en la isla del Charo, 5 viviendas arrastradas por las aguas en Puerto Lleras, 80 familias afectadas en Cubará, 27 en Fortul. Sólo en Saravena han resultado afectadas más de 30 veredas.

A pesar de los reportes que se dan por los diferentes medios de comunicación, la gobernación departamental expresa que no tiene cifras exactas para soportar la calamidad y, lo más preocupante, que no hay recursos para enfrentar la emergencia.

Ante tal panorama, las condiciones de vida indigna se agudizan, pues la gente no cuenta con planes de vivienda adecuados para soportar estas inundaciones, el sistema de alcantarillado colapsa, animales como culebras son arrastrados a las viviendas y el riesgo a las enfermedades provocadas por microorganismos que proliferan después de la inundación aumenta. Las comunidades más afectadas por esta situación son principalmente las que por falta de programas de promoción y prevención pública e inversión prioritaria, vive en las peores condiciones, a consecuencia de las políticas que trasladan la responsabilidad del estado a cada uno de los habitantes. Por ello el llamado al sentido común a los gobiernos de turno se hace urgente, pues los habitantes de las casas fabricadas con tablas y ubicadas en las riberas del río Arauca están expuestas a la enfermedad, el desplazamiento y la muerte.

Llama la atención que Arauquita, siendo uno de los municipios más militarizados del país y además productor de petróleo, no cuente con la infraestructura básica para el bienestar de sus habitantes: el sistema de alcantarillado es completamente ineficiente, las aguas negras se desbordan con cualquier lluvia y los servicios públicos colapsan. Esto deja claro que la presencia de las multinacionales petroleras es la prioridad para el Estado y que la fuerza pública se encarga de cuidar a estas empresas y de dejar en el limbo a la población, destinada al abandono.

No obstante, como ha sido costumbre en la historia de esta región, la comunidad se ha organizado para enfrentar la situación, las juntas de acción comunal se convierten en la esperanza y motor de la lucha para superar y resistir estas crisis en solidaridad.

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