Según las estimaciones del DANE para el año 2020 la población en el área rural del país se situaba por encima de los 8 millones de personas, incluyendo ahí a quienes viven en cascos urbanos de municipios con poca población, quienes desarrollan actividades vinculadas al sector de los servicios como comerciantes, profesores, mecánicos, personal de la salud, empleados del Estado, además de comunidades indígenas, negras y campesinas.
Así mismo en esos millones de personas se cuentan los proletarios o asalariados rurales que solo cuentan con su fuerza de trabajo para subsistir y quienes la venden en grandes plantaciones de la agroindustria, se convierten en mayordomos, caporales, obreros, cocineros, recolectores o quienes trabajan a destajo. De resaltar que también son miles los asalariados de la agroindustria que viven en ciudades, desarrollando labores agrícolas en segmentos como las flores, la producción de hortalizas o el cultivo de caña de azúcar. Según datos del DANE (2014) los trabajadores y trabajadoras permanentes contratados suman 2.4 millones frente a 11 000 propietarios que acumulan más del 50 % de las tierras censadas, lo que da cuenta del tamaño de las clases sociales en el campo.
En las luchas populares en el área rural el proletariado ha tenido un papel preponderante. En la Masacre de las Bananeras en 1929 eran principalmente asalariados quienes se movilizaban contra las condiciones leoninas impuestas por la Chiquita Brands, en un ejercicio legítimo de lucha que posteriormente sería reprimido militarmente, masacrados por las fuerzas militares para cumplir los mandados de la multinacional. También en 2012, fueron los corteros de caña quienes avivaron la movilización popular al declararse en huelga contra los bajos salarios y las intensiones patronales, así mismo los obreros de la industria de la palma y las flores han puesto sacrificio, libertades y vidas por mejores condiciones laborales, respeto a los territorios y en búsqueda de convenciones colectivas.
Sin embargo, en las últimas coyunturas agrarias, las principales reivindicaciones giran sobre las propuestas de comunidades campesinas, indígenas y negras, principalmente en torno al acceso a tierras, comercialización, permanencia en el territorio, territorialidad y destinación de recursos, luchas que animan y fortalecen la clase popular, pero que al mismo tiempo parecen relegar el importante papel de los obreros/as – asalariados/as – proletarios/as.
Es en este sentido que la “Convención Nacional Campesina” impulsada por sectores populares y en gobierno nacional debe abrir el espacio para el fortalecimiento organizativo y político de los asalariados, con el ánimo de avivar los debates en torno a las condiciones de trabajo de quienes en época de cosecha, siembra o en determinados momentos cumplen tareas centrales de la producción y también de quienes permanentemente están empleados en labores agrícolas pecuarias, pastoriles o silvícolas.
En un sentido más propositivo, desde el centro oriente colombiano y fruto de diferentes reflexiones colectivas planteamos que el estado debe impulsar la creación de una empresa nacional de materias primas y cultivos agroindustriales (aceite, soya, arroz, banano, trigo, cebada, torta de soya, maíz duro, fique, tabaco, caucho, etc.), que bajo los principios de la gestión popular impulse el fortalecimiento cooperativo de los trabajadores, buscando la soberanía alimentaria, menor dependencia de los vaivenes del mercado internacional y el fortalecimiento tecnológico del sector, al mismo tiempo entregando directamente a las clases populares la responsabilidad de avanzar concretamente en la eliminación del hambre. Estas cooperativas permitirían entregar tierras a los obreros rurales de manera colectiva, así como las instalaciones necesarias para la transformación de esa producción, evitando el fraccionamiento de tierras y su concentración en manos privadas.
Para los asalariados de las fincas pequeñas, medianas, trabajadores a destajo y temporales, el proceso cooperativo permitiría cobijarlos con seguridad social, acceso a la salud, seguros de desempleo y pensión teniendo en cuenta el aporte a la alimentación que realizan. Este impulso organizativo permitiría emplear la mano de obra de una forma más organizada teniendo presente que la necesidad de los trabajadores y la disponibilidad de los mismos se podría articular en una especie de “bolsa de empleo” administrada por cooperativas aumentando la producción en el campo.
Estas medidas deben ser coordinadas e incluirse dentro de una Reforma Agraria Integral y Popular que cambie sustancialmente la estructura de tenencia de la tierra en el país, garantizando por lo menos 10 millones de hectáreas en Territorios Campesinos Agroalimentarios, fortaleciendo y ampliando los resguardos indígenas y los territorios colectivos de comunidades negras. Así mismo a la par de un nuevo ordenamiento territorial, se deben impulsar las empresas nacionales de insumos y maquinaria agrícola, empresas de mercadeo y transformación a pequeña, mediana y gran escala teniendo como base la necesidad de avanzar en formas productivas y desarrollos tecnológicos más acordes con los ecosistemas y biomas del trópico así como el avance a la producción agroecológica y orgánica dentro de los planes nacionales.
Los recursos necesarios para ello, deberán ser destinados por medio de una Economía de fondos públicos que articule los diferentes sectores económicos e iniciativas del país para impulsar las tareas urgentes encaminadas a superar el hambre y la malnutrición. Un gran comienzo estaría dado por la destinación de recursos de los fondos privados de pensión, ganancias del sector minero-energéticos y los parafiscales que actualmente están bajo la tutela de los gremios agrícolas.
Tanto la convención nacional como los escenarios de diálogo y exigencia permiten plantear las propuestas desde los sectores populares, en un debate central del país donde habiendo tierras, sol y mano de obra por orden de las clases en el poder, hay 20 millones de personas que no comen 3 veces al día y pasan necesidades alimentarias.
