El departamento de Arauca enfrenta una agudización de la crisis humanitaria con el reciente asesinato del líder social Oscar Javier Guerrero Bernal, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Corocito de Tame. Este trágico evento, ocurrido el 27 de agosto cerca del caño del puente Gualabao, eleva a diez (10) el número de líderes sociales asesinados en lo que va del año, señalando la creciente violencia que afecta a la región.
Desde 2022, la violencia estructural en la región ha afectado profundamente al movimiento comunal, dañando tanto a la integridad individual como sus proyectos y procesos colectivos. A pesar de la alerta temprana 019 y sus acciones urgentes previas, el Estado no ha proporcionado garantías efectivas para proteger a estos líderes.
En menos de una semana, se han registrado dos asesinatos de líderes comunales, entre ellos Willis Guillermo Robinson Sánchez, asesinado el 23 de agosto por hombre armados que llegaron hasta el inmueble donde residía. La situación en Arauca, con 97 muertes violentas y múltiples casos de violencia y amenazas, refleja una crisis en la protección de los líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y población civil.
La Federación de Juntas de Acción Comunal de Arauca ha emitido un pronunciamiento público expresando su rechazo por los recientes asesinatos que se vienen presentando en el departamento de Arauca a líderes y lideresas sociales. El comunicado denuncia la violencia que afecta al tejido social y comunitario en el departamento, incluyendo el asesinato de Willis Guillermo Robinson Sánchez en Puerto Rondón y de Óscar Javier Guerrero, presidente de la JAC Corocito de Tame.
Asimismo, la Fundación de Derechos Humano Joel Sierra, se pronuncia ante este hecho:
“Alertamos a las instituciones del Estado con responsabilidad en la garantía de los derechos a asumir una actitud consecuente con las realidades que estamos presentando y con lo que desde el movimiento social y las alertas tempranas de la Defensoría se ha esgrimido sobre el riesgo inminente para los liderazgos y las comunidades en general y adoptar medidas urgentes para su protección”.
Ante esto la Fundación y Federación exigen a las instituciones del Estado adoptar medidas inmediatas para la protección de los líderes sociales y una investigación rigurosa y ágil para asegurar justicia. A su vez, hacen un llamado a las organizaciones internacionales a continuar con el monitoreo y exigir al Estado el cumplimiento de sus responsabilidades en la garantía de los derechos humanos y la seguridad en la región.
