La Asociación Nacional Campesina José Antonio Galán Zorro (ASONALCA) rechazó las declaraciones del coordinador de la Unidad de Gestión Territorial (UGT) de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en Arauca, quien anunció la suspensión de procesos de formalización de tierras en el departamento. Para la organización, esta decisión se sustenta en “excusas” que encubren una política sistemática de dilación frente a los compromisos adquiridos con las comunidades campesinas.
En su pronunciamiento público, ASONALCA fue enfática en señalar que estas acciones “constituyen un retroceso inadmisible en los compromisos adquiridos con el campesinado”, y advirtió que, de persistir las dilaciones, se retomarán los escenarios de movilización social para exigir el cumplimiento de los acuerdos, entre ellos la formalización del Territorio Campesino Agroalimentario (TECAM) Laguna del Lipa en Arauquita, el que ha sido frenado por presiones de la empresa petrolera SierraCol Energy que opera Caño Limón desde 2020.
La organización inscribe esta situación en una dinámica donde históricamente: terratenientes y empresas transnacionales han recurrido a mecanismos legales y paraestatales para despojar a comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de las tierras más productivas. En esa línea, el comunicado denuncia que el Estado colombiano “en abierta complicidad con el capital transnacional” ha puesto el territorio al servicio de intereses extractivos, en detrimento de la producción de alimentos y la soberanía popular.
Desde el Coordinador Nacional Agrario (CNA) también se ha alertado sobre el papel que están jugando recientes disposiciones institucionales en el freno a los procesos territoriales. A un año de la expedición de la directiva 001 de 2025 del Viceministerio de Desarrollo Rural, el CNA advierte que lo que fue presentado como una salvaguarda jurídica “ha terminado funcionando como un mecanismo que frena el avance de las territorialidades campesinas, incluyendo los TECAM”.
Además, la organización cuestiona su legalidad al señalar que estas directivas no pueden estar por encima de decretos vigentes, lo que abre un debate jurídico y político sobre el uso de instrumentos administrativos para restringir derechos territoriales. En palabras del CNA, el ordenamiento territorial no puede hacerse sin el campesinado, ni mucho menos en contra de sus procesos organizativos.
En este contexto, voceros del movimiento campesino en Arauca han reiterado que la problemática no puede reducirse a argumentos técnicos o de seguridad. Tal como lo expone el dirigente En su intervención ante la Asamblea Departamental, Yoel Pedraza, representante de la Asociación Campesina ‘José Antonio Galán Zorro’ (Asonalca) citado por Al Aire Noticias, el uso de la presencia de minas antipersona como justificación para frenar la formalización de tierras termina operando como un mecanismo de bloqueo institucional, que desconoce los avances organizativos del campesinado y posterga la materialización de la reforma agraria integral y popular. Esta situación, lejos de resolver el problema, estas decisiones profundizan la incertidumbre sobre la tenencia de la tierra y refuerzan las condiciones históricas de exclusión.
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Frente a este panorama, ASONALCA reivindica la construcción de los Territorios Campesinos Agroalimentarios (TECAM) y la Reforma Agraria Integral y Popular como apuestas para reorganizar el territorio en función de la vida, la producción de alimentos y la economía popular. En un país donde más de 20 millones de personas no tienen garantizadas tres comidas diarias, la disputa por la tierra no es solo un problema agrario, sino una cuestión estructural de clase.
Finalmente, la organización convocó a sus bases y a la comunidad en general a mantenerse en máxima alerta, reafirmando su disposición a “cerrar filas” y retomar la movilización social si el Estado continúa incumpliendo los acuerdos. La consigna es clara: la tierra, el territorio y la autonomía no se negocian, se defienden con movilización y lucha.
