Trochando Sin Fronteras, mayo 10 de 2017
La alerta fue emitida por Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, ONG que ve con preocupación lo ocurrido en el departamento de Arauca.
Precisamente el 9 de mayo de 2017, fueron capturados en el municipio de Arauca, once (11) personas, nueve de ellos provenientes de Antioquia, uno de la Costa y un araucano. A estas personas la Policía les incautó armas de fuego, municiones y tres motocicletas de alto cilindraje, quienes fueron dejados en libertad, por un Juez de control de garantías al parecer por fallas en el procedimiento de captura.
Sonia López presidenta de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra expreso “este hecho sucede, luego de haber alertado sobre las amenazas contra dirigentes sociales, como es el caso del compañero José Vicente Murillo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia y la señora Yudith Rodríguez Cuenza del movimiento comunal en el municipio de Arauca”
A esta situación se le suman las denuncias de pobladores de la vereda Las Galaxias municipio de Tame, acerca de presencia de paramilitares, que se desplazan en camionetas desde la sabana de Cravo Norte.
Frente a esta situación hay un absoluto silencio por parte de las autoridades civiles, militares y policiales en el departamento de Arauca, quienes no se han pronunciado al respecto de la captura y posterior puesta en libertad de estos sujetos.
“No entendemos cómo es posible que a pesar de la gravedad que encierra, que un grupo de personas armadas que además no son de la región y se transportaban en motocicletas de alto cilindraje, hayan quedado en libertad” expreso Sonia López.
López crítico la justicia colombiana afirmando que: “es un sistema eficaz para judicializar a dirigentes sociales y defensores de Derechos Humanos, pero no lo es, en casos como este que se incautan elementos letales.”
En el departamento de Arauca en años anteriores el eje del paramilitarismos, contó con la participación directa de la fuerza pública, líderes políticos y empresas transnacionales, esto significó más de dos mil (2.000) personas asesinadas. También la utilización de recursos públicos para financiar ese grupo.
El movimiento social y las organizaciones defensores de derechos humanos esperan que el Estado adopte las medidas necesarias para que no se repita la historia de sangre y dolor en el territorio Araucano.
