[quote]La decisión de aumentar la fuerza militar en el departamento de Boyacá, después del atentado en la escuela de cadetes de la policía, en la ciudad de Bogotá, y la ruptura de diálogos con el ELN, contrasta específicamente con las violaciones de derechos humanos, efectuadas por las fuerzas militares contra la población campesina en zona rural del municipio de Pajarito[/quote]
Trochando Sin Fronteras, enero 24 de 2019
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]L[/dropcap]a militarización entendida como <<el control que ejerce el poder militar sobre la población, es el protagonismo que tiene la salida armada para gestionar desde el estado los conflictos sociales, con el fin de regular el orden público y la llamada “convivencia social” a ordenes el gobierno y las elites>>, está directamente relacionada con la dinámica económico-política, para el caso de los jóvenes, se convierten en un objetivo específico y de suma importancia, ya sea para conformar la base de la estructura orgánica de los cuerpos militares estatales, o para criminalizarlos y reprimirlos.
La decisión de aumentar la fuerza militar en el departamento de Boyacá, después del atentado en la escuela de cadetes de la policía, en la ciudad de Bogotá, y la ruptura de diálogos con el ELN, contrasta específicamente con las violaciones de derechos humanos, efectuadas por las fuerzas militares contra la población campesina en zona rural del municipio de Pajarito, en el año 2018.
La orden de traslado del batallón Bolívar, desde la región del Catatumbo hacia el departamento de Boyacá significa el aumento de hostigamiento, persecución y estigmatización a la población civil. Cabe recordar que por masacres cometidas en el departamento y en las que ha tenido responsabilidad directa el Estado Colombiano, ya se han emitido fallos condenatorios; como es el caso del Páramo de la Sarna “El pasado 7 de septiembre, el juzgado 56 penal de Bogotá condenó a Luis Afrodis Sandoval, por la masacre cometida contra 15 personas en el Páramo de la Sarna, departamento de Boyacá, en diciembre de 2001. El condenado era integrante de una estructura paramilitar conocida como Autodefensas Campesinas del Casanare, y actuaba en coordinación con la policía y el ejército, trabajaba como informante para esas instituciones”.
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“La militarización en el departamento de Boyacá, conlleva e implica a una población más flotante, más abusos, estigmatizaciones y persecución contra la organización popular y al pensamiento crítico. Donde lo único que le queda a los Jóvenes, estudiantes, trabajadores, campesinos y mujeres en general y demás luchadores sociales, es seguir en la tarea de defender la vida digna, resistir al avance del militarismo en Boyacá, y capacitarse en la disputa política donde se pueda proponer alternativas al uso indiscriminado de la violencia estatal para resolver cualquier conflicto social”. Advierte, Fabián Laverde de la Corporación Social Para la Asesoría y Capacitación Comunitaria (COS-PACC).
