Minería en Boyacá, concertación impuesta y accidentes constantes

Trochando Sin Fronteras – Agosto 18 de 2020

Por: Mauricio Reyes Rojas – Trochando Sin Fronteras

En Boyacá la minería se impone por medio de la «concertación«, mientras que los accidentes son constantes. La muerte de cuatro mineros en Sogamoso – Boyacá, pareciese que solo tuvo importancia para las familias y allegados. El trabajo arduo de familiares, comunidades, socorristas y mineros experimentados logró el rescate, luego de siete días.

Desde el viernes 7 de agosto en horas de la mañana, los mineros Alba Luz Bonilla, de 58 años; Javier Alfonso Lemus León, de 31; Francisco Cuadros, de 31, y Remigio Alonso Gutiérrez, de 36 años; quedaron atrapados en la mina de carbón Río Chiquito 2, en el sector El Portillo, vereda Morcá, de Sogamoso Boyacá.

Ante el hecho se debe preguntar e indagar sobre la minería, la voluntad de las comunidades, las concertaciones, la legalidad y las emergencias mineras.

Minería en Colombia: entre las concertaciones y voluntad popular en las consultas

Según la Agencia Nacional de Minería -ANM- ya son 127 municipios en 23 departamentos[1], que le han dicho sí a la minería; se destaca que estos municipios dijeron sí mediante concertaciones con las alcaldías municipales. Modalidad impuesta desde el ANM y que deslegitima a las consultas populares; en las que la voluntad de las comunidades ha triunfado con participaciones superiores al 95%, diciendo NO a la Minería.

La concertación es la salida «legal» de los proyectos minero-energéticos para no cumplir las consultas previas realizadas en el país. Pretensión confirmada por la Agenda para la Defensa Jurídica del Estado quien en el 2018 expuso: «Consultas populares no pueden realizarse sin agotar mecanismos de concertación con la Nación»[2]; afirmación que se realizó luego del pronunciamiento del Consejo de Estado en el marco de una acción de tutela presentada contra la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que avaló la consulta popular a realizarse en el municipio de Une.

«Para el Consejo de Estado no resulta posible que la planeación, aprovechamiento, exploración y explotación de recursos naturales no renovables se someta a una consulta popular del orden municipal, sin que previamente se hayan agotado los mecanismos de concertación con autoridades nacionales previstos en las normas constitucionales y en la ley».

Con este fallo, muchas de las consultas realizadas en el país quedaron en vilo, otras se han reversado, o fueron declaradas ilegales.

Mientras se pisotea la voluntad popular, en el país aumentan los títulos mineros otorgados -8880 títulos mineros-, de los cuales un 32.6% de ellos se concentran en Boyacá y Antioquia (1.332 y 1.448, respectivamente); estos dos departamentos también tienen el mayor número de municipios en donde se han realizado concertaciones con los alcaldes municipales.

Boyacá cuenta con 25 municipios que le han dicho sí a la minería “bien hecha” dentro de los que se destacan Muzo; San Pablo de Borbur; Macanal; Chivor; San Luis de Gaceno; Sáchica; Toca; Ventaquemada; Pesca; Cómbita y Ráquira. Entre tanto, en Antioquia son 18 municipios: Amalfi; Anorí; Andes; Cáceres; Carmen de Viboral; Caucasia; Mutatá; Frontino; Olaya; Puerto Berrío; Tarazá; Remedios; Santuario; Segovia; Yolombó; Yalí; Valdivia y Zaragoza.

Minería en Boyacá: «Legalidad» y accidentalidad

Boyacá posee un 11,04% (2560 Km2) de su territorio titulado para la minería, distribuido en 1.332 títulos mineros y con 886 nuevos títulos solicitados.  En el departamento la minería distribuye así: 37% – Carbón; 26% – Materiales de construcción; 20% – Otros minerales y 17% Oro y metales preciosos. Se destaca que el 90% de los títulos se encuentran en etapa de explotación; el 75% de la minería en el departamento está clasificada como pequeña minería, el restante porcentaje se divide en mediana minería 19%; autorizaciones temporales 3%, pendiente de clasificación 2% y gran minería 0.4%.

Pese a la participación del 37% de los títulos mineros del departamento, el carbón de Boyacá solo aportó el 2.77% de la producción nacional a 2018. Sin embargo, esta actividad minera genera una importante cantidad de accidentes y problemas de seguridad en el trabajo; según la Ficha para el departamentos de Boyacá de la -ANM-[3].

A corte de junio de 2020[4], en el país han ocurrido 63 emergencias mineras, con un saldo de 80 víctimas mortales y 30 heridos; de los cuales un 61.3% han ocurrido en explotaciones legales y un 38.7% en no legalizadas. De las mortalidades ocurridas un 85% de ellas ocurrieron en minas de carbón y 24 de ellas sucedieron en Boyacá
Las muertes hasta agosto de 2020 superan las registradas en todo el 2019, aumentando el índice de fatalidad, del 1.61 al 2.63, acercándose al fatídico 2010 donde se ubicó en 3.3 víctimas mortales por accidente.

En un histórico de 2005 a 2019[5] la -ANM-, reporto 1316 casos de emergencias minera en el país, de las cuales 362 (27%) casos pertenecen al departamento de Boyacá en el primer lugar. En estas emergencias las fatalidades fueron 1479, de las cuales 342 ocurrieron en Boyacá.

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Según la -ANM- las emergencias y las fatalidades en su gran mayoría ocurrieron en las minas legales con un 61% y 60.5% respectivamente, demostrando que ni las minas legalizadas cumplen con los estándares mínimos para asegurar la vida de los trabajadores. Por otro lado, la participación en la accidentalidad de las minas no legales (Emergencias y fatalidades) corresponden a un 28.4% y 29%. La entidad también expone que el 93.52% de las emergencias sucede en minas subterráneas, lo que evidencia el riesgo en este sistema de explotación que es el de mayor uso en este departamento.

Las emergencias mineras son reconocidas en el Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando Plan de Desarrollo 20220 -2023[6] el cual en el Artículo 20. COMPONENTE MINERÍA expresa:

«Por el Un aspecto de alto impacto negativo es el alto índice de emergencias y fatalidades en las actividades mineras en Boyacá, dado que es el departamento con el número más alto de emergencias mineras a 2018 con un 29 % de todas las presentadas en el país; es interesante anotar que de ese 29%, el 70% de ellas fue realizando labores en minería de carbón (Agencia Nacional de Minería, 2019).

Boyacá ocupó desafortunadamente el primer lugar con 28 fatalidades a corte del 31 de diciembre del 2019, pese a la intensificación en normas sancionatorias, programas de asistencia técnica y apoyo de todas las entidades involucradas; las causas principales de accidentes son sostenimiento y ventilación, razones por las cuales se debe seguir trabajando en estos temas. (Agencia Nacional de Minería, 2019)».

Pero son pocas las medidas establecidas en este plan de desarrollo para contrarrestar el avance de la minería. Por el contrario, abundan los programas de capacitación a entidades y administraciones locales para la firma de las concertaciones, dejando por fuera las decisiones de las comunidades en el ordenamiento de su territorio.

Estas prácticas del Estado arrinconan la producción pecuaria y agrícola de Boyacá, desplazándola por la destructiva y amenazante minería subterránea y a cielo abierto.

Detrás de las emergencias mineras se esconde la falsa disyuntiva entre la «legalidad» y la minería artesanal. Es evidente que en la legalidad existe sobre-explotación, falta de condiciones laborales y de seguridad para los mineros.

Referencias

[1]Ya son 127 municipios que le han dicho sí a la minería según la ANM – Diario La República
[2]Consultas populares no pueden realizarse sin agotar mecanismos de concertación con la Nación: Consejo de Estado – Agencia para la Defensa Jurídica del Estado
[3]Ficha departamento de Boyacá – Agencia Nacional de Minería – 2019
[4]Estadísticas de fatalidad corte a 30 de junio de 2020
[5]Estadísticas de fatalidad minera entre 2005 a 2019
[6]Documento Pacto Social por Boyacá, tierra que sigue avanzando Plan de Desarrollo 20220 -2023