La captura de esta joven se suma a la de cientos de jóvenes que aún están en las cárceles del país o se defienden en libertad en medio de montajes judiciales de la Fiscalía sobre aquellos que participaron en el estallido social del año 2021.
#DerechosHumanos | URGENTE: CONTINÚA CAPTURAS POR JORNADAS DE PROTESTA SOCIAL DE 2021
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— DerechosdelosPueblos (@equipojuridico) May 30, 2023
La Fiscalía de manera artificiosa, acusa a Maura y otras personas de haber realizado numerosas actividades delictivas, logrando estigmatizar a la juventud que se expresó en las calles, algunos de estos jóvenes acusados se han exiliado, se defienden en libertad o están privados de la libertad.
Según el Equipo Jurídico Pueblos, en Colombia, ejercer derecho a la protesta continúa siendo fuertemente estigmatizado y criminalizado, asunto que han denunciado organizaciones de derechos humanos en el país, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Aunque el “gobierno del cambio” en varias ocasiones han planteado en un discurso demagógico, que es necesario movilizarse, que debe cesar la persecución y que los jóvenes deben ser liberados, desde poder judicial se continúa con estas prácticas.
«No resulta extraño para un Estado que ha desplegado un proceso de genocidio tendiente a destruir las relaciones sociales de autonomía y cooperación e identidad de una sociedad mediante el aniquilamiento de una parte representativa de esta sociedad, ello a fin de establecer nuevas relaciones que sean funcionales a los intereses económicos de la clase dominante».
Trochando Sin Fronteras dialogó con Carlos Maldonado, integrante del Equipo Jurídico Pueblos, quien recalco que el caso de Maura no es aislado, refiriendo que: «Colombia es un estado que ejerce unas prácticas sociales genocidas y una de ellas tiene que ver con los montajes judiciales…»
Denuncia además que el caso de Maura es particular, puesto que su orden de captura fue reactiva por la Fiscalía tras un año, luego que la anterior perdiera vigencia. Desde las organizaciones de derechos humanos como el Equipo Jurídico se exige que de desmonte los montajes judiciales como política de Estado. Expresan que la Fiscalía General de la Nación utiliza todo el aparato estatal, todas las instituciones de policía para generar pruebas que incriminen de alguna manera a los jóvenes que participaron en la protesta. Además, llamaron a respetar los derechos de las personas que están siendo procesadas.
«Incluso la CIDH en un informe que presentó en el 2021, pues, hizo hincapié, hizo un llamado al Estado colombiano a que efectivamente se había excedido, continúa excediéndose y continúa persiguiendo a las personas por ejercer sus derechos…»
Recalcaron, que en todo el país se está buscando criminalizar y se está intentando destruir esas relaciones de cooperación y solidaridad que estaban gestando en ese momento y en su lugar se están intentando establecer otras prácticas sociales que pretenden precisamente desintegrar, estigmatizar y castigar.
