Se conmemoran cuatro años de la masacre perpetrada por la policía nacional en diferentes localidades de Bogotá. El 9 de septiembre del 2020, la brutalidad policial en Bogotá alcanzó un punto crítico con el asesinato del abogado Javier Ordóñez, quien fue detenido y sometido a múltiples descargas con una pistola Taser por parte de dos agentes de policía mientras estaba inmovilizado acabando con su vida. Este acto de violencia, capturado en video, desató una ola de indignación y protestas a nivel nacional en contra de la brutalidad policial.
Durante los días siguientes, las manifestaciones, que exigían justicia para Ordóñez y denunciaban el actuar criminal de la fuerza pública fueron duramente reprimidas. La coerción de la protesta dejó un saldo trágico: 14 personas asesinadas, cientos de heridos y miles de manifestantes víctimas de agresiones físicas y psicológicas por parte de la policía. Los hechos se concentraron principalmente en Bogotá y Soacha.
Organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales calificaron el accionar de la policía como desproporcionado y criminal. A pesar de la gravedad de los eventos y de la apertura de investigaciones, la impunidad ha sido una constante en los casos relacionados con la brutalidad policial en Colombia. Aunque algunos policías fueron suspendidos temporalmente, la injusticia ha avanzado significativamente en estos casos. Las víctimas y sus familias continúan esperando respuestas, mientras la justicia se estanca.
Este patrón de violaciones de derechos humanos del país no es un fenómeno aislado. Forma parte de un problema estructural en Colombia, donde el uso de la fuerza por parte de las autoridades, parece haberse normalizado como herramienta de control social frente a la protesta y la movilización popular. El caso de Javier Ordóñez y las víctimas de violencia policial durante la protesta en 2020 ejemplifican una problemática más amplia relacionada en medio de un clima político y social marcado por la militarización y la falta de garantías para el ejercicio de la protesta.
Cuatro años de impunidad y toda una vida de lucha, en memoria de las víctimas, la consigna ¡ni perdón ni olvido, exigimos justicia! siguen resonando en las calles. Las víctimas, muchas de ellas jóvenes y en situación de vulnerabilidad, claman por justicia en un país donde el aparato estatal parece priorizar la preservación del orden establecido sobre la garantía de los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
puede ver la galería de los estudiantes de la universidad nacional
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