Tochando Sin Fronteras Edición 30 Diciembre – Enero 2017
Por: Jorge López – Asociación Nacional Campesina José A. Galán
Millones de personas se movilizaron en recientes años por la defensa de los recursos naturales en Colombia, y en especial del agua. Casos como el del páramo de Santurbán y la mina La Colosa han tocado las fibras más sensibles de quienes comprenden que sin agua no es posible la vida. Por su parte, el gobierno nacional hace caso omiso a estas exigencias y sigue empeñado en mantener la política extractivista y depredadora de los recursos naturales.
En la punta de esta lucha se encuentra la de los campesinos, pobladores urbanos e indígenas, quienes permanecen en defensa de los páramos como fuentes de vida. En Tasco, Santurbán, Pisba, Choachí, El Cocuy, Güicán, El Cerrito, entre otros, las comunidades se han manifestado en defensa de la vida, el agua y la permanencia en el territorio; en contra de las actividades mineras, petroleras y del descontrolado turismo que afecta esos ecosistemas.
Sin embargo, el gobierno nacional dice que las afectaciones producidas por la voracidad minero energética son comparables con las que genera la actividad agropecuaria. Y así lo dejó plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo (ley 1753 de 2015), mediante el que pretende que en las zonas delimitadas como páramos se prohíban las actividades minero-energéticas (decisión que desde el movimiento campesino apoyamos), pero al mismo tiempo prohíbe las actividades agropecuarias. Esa medida desconoce a miles de familias que directamente dependen de labrar la tierra en esas zonas y también a los millones de colombianas y colombianos que disfrutamos de los productos alimenticios que allí se producen.
Según las directrices que aparecen en la mencionada ley, la delimitación de los páramos se debería hacer teniendo en cuenta aspectos técnicos, socioeconómicos y ambientales. En esa medida los estudios técnicos y ambientales los haría el Instituto Alexander Von Humboldt (Entidad público privada) junto con el IGAC; los estudios socioeconómicos los harían las corporaciones autónomas regionales (Corpoboyacá, CAS, Corponor, Corpochivor y otras); y con base en esos estudios, el Ministerio del Medio ambiente haría la correspondiente delimitación. Es decir que por lo menos en los estudios socioeconómicos se tendrían en cuenta las comunidades campesinas habitantes de los territorios por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar.
La realidad ha sido diferente. La delimitación para el caso de Santurbán dejó por fuera del área declarada como páramo 10.000 hectáreas de ese ecosistema. Curiosamente, esas hectáreas son las mismas en las que se ubican las licencias mineras de explotación de oro otorgadas a multinacionales. ASONALCA[1] ha visitado varias regiones para trabajar sobre este tema, y en ninguna de ellas se ha socializado la ley por parte de las entidades correspondientes; y mucho menos han consultado con los campesinos sobre lo que se considera el páramo o quiénes, cuántos, cómo, de qué y dónde viven sus habitantes.
El gobierno nacional argumenta que no pretende expulsar a los campesinos y campesinas de su territorio. Sin embargo, la prohibición de cultivar y mantener animales dejaría, en el corto plazo, a los habitantes sin la posibilidad de ganar su sustento, obligándolos a salir. Estaríamos ante un verdadero desplazamiento económico. Es decir, no los sacamos, pero asfixiamos su economía para que ustedes mismos tengan que salirse.
Las organizaciones campesinas hemos venido insistiendo en que es posible la conservación de estos ecosistemas estratégicos sin el despojo y expulsión de sus habitantes históricos. Es posible, por ejemplo cambiando la agricultura tóxica por la agroecología, implementando planes de reforestación y otras medidas contempladas en los planes de vida, enmarcados en la construcción de territorios campesinos agroalimentarios.
ASONALCA ha manifestado a través de comunicados, pronunciamientos y ponencias2 la necesidad de instalar una mesa de concertación entre campesinos y campesinas habitantes de páramos y los gobiernos departamentales y nacionales. El espacio debe tener como objetivo buscar una salida no despojadora a esta problemática.
Las organizaciones campesinas hemos hecho nuestra propuesta, ojalá el gobierno nacional la atienda sin la necesidad de que recurramos a medidas de hecho.
[1]Asociación Nacional Campesina José A. Galán, organización campesina del Centro oriente Colombiano (Arauca, Casanare, Santander, Norte de Sder, Boyacá, Cundinamarca, Vichada y Meta) articulada al MPMSPCOC y al Congreso de los Pueblos.
