Trochando Sin Fronteras 16 de Octubre de 2016
Por: Isneldo Gonzalez
La minería se ha consolidado en el país como uno de los sectores que reviste mayor interés en la economía colombiana. En la actualidad se encuentra en pleno auge, ya sea de manera legal o ilegal.
Sin embargo, a pesar de su estatus promisorio, la población colombiana ya no cree el cuento que el gobierno le ha querido vender según el que la actividad minera es esencial para el crecimiento económico. Contrario a ello, cada vez son más conocidos sus efectos negativos en términos ambientales, sociales y de seguridad, lo que ha generado indignación en las comunidades.
Los impactos negativos ocasionados por la minería se basan fundamentalmente en tres puntos críticos: la minería ilegal y la gran minería, la ineficiencia de los organismos ambientales del Estado y la falta de concienciación de las grandes empresas mineras frente a la protección del medio ambiente.
Por un lado la minería ilegal y la gran minería ejercida por empresas multinacionales, se constituye en un foco devastador de la naturaleza, no mide los daños que genera en los recursos naturales renovables y no renovables, prioriza solo los temas financieros, olvidándose de los problemas ambientales, sociales y humanitarios.
Aunque existe la ley 685 de 2001 por la cual se expide el código de minas en Colombia, los vacíos, la falta de voluntad política para hacerla cumplir y la prevalencia de esta sobre las normas ambientales, han sido factores determinantes en el crecimiento desordenado de la minería durante las últimas décadas. Con respecto a esto, desde el año 2000 se ha producido de forma indiscriminada y sospechosa el aumento del otorgamiento de títulos mineros que no cumplen con los requisitos mínimos en materia ambiental.
De otra parte, las grandes empresas mineras carecen de responsabilidad ambiental y social, no tienen programas de compensación que permitan la recuperación sustentable y sostenible de la naturaleza, razón por la cual la minería responsable es solo un sueño ante los ojos de las comunidades que ven afectados sus territorios.
La población es la más afectada en los territorios donde se realizan los trabajos de exploración y explotación minera. Por esa razón, las ONG’s ambientalistas, las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas son quienes se han dado a la tarea de frenar las actividades extractivas generalmente realizadas por las multinacionales mineras.
Esta iniciativa pretende despertar la conciencia social, promover el debate público local, regional y nacional sobre los costos de la gran minería, plantea alternativas de desarrollo sostenibles, sustentables y respetuosas con el territorio, el agua, la naturaleza, los animales y las comunidades.
En el año 2011 la universidad de la Guajira realizó un estudio sobre los impactos ambientales causados por la minería en Colombia, que evidenció efectos de la minería tales como la contaminación del aire, de aguas superficiales, de aguas subterráneas o freáticas, de los suelos, la desaparición de la flora y fauna, la alteración del microclima, e incluso impactos escénicos posteriores a la explotación. Se debe decir que aun así la minería sea legal tiene graves problemas.
Según cifras establecidas por la publicación Portafolio.com, en un artículo de opinión de Emilio Sardi, “en el 2015, 9.291 títulos mineros cubrían el 5% del territorio nacional, en lo que va corrido del año 2016 las inspecciones del Estado descubrieron 29.966 incumplimientos por parte de los dueños de las concesiones mineras en temas jurídicos, técnicos, económicos, ambientales, sociales y de seguridad minera”.
Este es un tema de lucha constante, por un lado la corte suprema anula permanentemente texto de ley que tienen como objetivo permitir la explotación minera en los páramos y zonas protegidas como los resguardos indígenas y los territorios de las comunidades negras. Ni siquiera las zonas de interés turístico y ecológico como el valle de Cocora y Cajamarca se salvan de las intenciones de explotación minera.
Así el gobierno y las compañías mineras digan lo contrario, en las zonas de extracción minera se evidencian los efectos negativos en la vida cotidiana de las comunidades aumento de la pobreza, deterioro ambiental, desarticulación y destrucción del tejido social. Por ejemplo, las comunidades se enfrentan a problemas mayores como autorizaciones ambientales para desvío de ríos y arroyos en explotaciones en la Guajira y el Cesar, todo esto con la complacencia de las autoridades ambientales.
A pesar de toda la amenaza ambiental y social, el gobierno y las empresas afirman que esta actividad es una balsa de crecimiento económico. Pero la realidad es otra: la minería representa solo el 2% de PIB, cuya contribución al presupuesto nacional de regalías y compensaciones equivale a menos del 0.8%.
En cuanto a la generación de empleos sumando minería e hidrocarburos, solo alcanza un tope de 0.9% en todo el país. Entonces surge la pregunta ¿Para qué promover una actividad que genera principalmente problemas?.
Por estas razones, las comunidades muestran su estado de indignación recurriendo constantemente a la protestas social como única herramienta de defensa, y la población cada vez está más consiente del impacto social negativo generado, tal es el caso de la comunidad de la vereda el Boquerón del municipio de Los Andes en el departamento de Nariño.
En entrevista realizada a la líder campesina Inelda Estrella, Trochando Sin Fronteras pudo conocer las problemáticas que está generando la mina La Golondrina, en esa zona del sur colombiano. La población de ese sector ha venido ejerciendo presión a través de marchas pacíficas para hacer visible su inconformidad frente a la actividad minera que se está desarrollando.
Dice la señora Inelda, quien además es integrante del Coordinador Nacional Agrario, que las perforaciones en la mina la Golondrina están afectando a las comunidades aledañas porque “el agua se está resumiendo y más abajo de la mina hay comunidades campesinas que trabajan y toman el agua para el consumo humano, sus cultivos y sus animales”.
Por esta razón en los últimos días del mes de octubre se organizaron más de 300 personas para realizar una marcha pacífica a través de la cual exigen que paren los trabajos de perforación y explotación minera. Dicha protesta se da en el marco de la búsqueda de respuestas sobre unos estudios que se han hecho, y a la comunidad no se le ha tenido en cuenta; en la administración municipal, la gobernación e incluso los mismos propietarios de la mina existe un silencio complaciente, pues no han querido dar respuesta a las peticiones hechas por la población.
Debido a las denuncias que hizo la comunidad, la institución ambiental Corponariño hizo presencia en el lugar de ubicación de la mina La Golondrina pero la respuesta que dio fue que “la entidad no tiene nada que ver con las concesiones mineras, solo le compete las concesiones de agua”. Argumentaron los funcionarios de Corponariño que “la empresa que administra la mina ha solicitado una concesión de agua para el consumo humano, mas no para industria que entrarían a realizar revisión”.
Como comunidad proponen la realización de un foro agrominero a desarrollarse en el municipio de Los Andes, al que invitan al gobernador, al alcalde, a Corponariño y a las demás entidades que tienen relación con la explotación minera. Con ello se busca generar un diálogo entre comunidad y entidades para así obtener unos acuerdos y respuestas a las múltiples dudas que ha generado la minería en el departamento de Nariño.
Una de las alternativas que nace al interior de la comunidad, en palabras de la señora Inelda, es la “escuela agroambiental en el corregimiento de la Planada, en el distrito de riego de Fangus que tiene una asociación para encontrar alternativas al flagelo de la minería y así visibilizar esta problemática, porque la institucionalidad no ha querido entender y escuchar las peticiones que hace la población afectada”.
Por último, la líder campesina envió un mensaje a la comunidad de San Martín en el departamento del Cesar, donde la población está en contra de la técnica del fracking en la explotación petrolera: “La inoperancia de las instituciones territoriales debe ser el aspecto que anima a las comunidades a seguir la lucha para no entregar las tierras a las empresa, la comunidad de San Martín debe seguir protegiendo el territorio. Muchas veces las luchas sociales las inician una o dos personas, pero en el camino el acumulado social va creciendo.”
