Finalizando la década del setenta, entró en funcionamiento el embalse Peñol-Guatapé. Se le llamó así porque inundó los terrenos de estos dos municipios. Es uno de los embalses más grandes del país, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y genera alrededor de 560 megavatios de energía eléctrica.
Para la construcción de esta represa fue necesaria la reubicación o traslado de las comunidades que vivían en la cabecera municipal de El Peñol, ya que este territorio sería inundado por el proyecto. Como habrá de entenderse, dicha reubicación generó todo tipo de descontentos, protestas y movilización en su contra. Finalmente, el proyecto se hizo y hoy, 45 años después, hay litigios de predios con familias a las que aún EPM no les ha resuelto.
El Peñol está ubicado a dos horas de Medellín. Junto con Guatapé, San Rafael y San Carlos conforman un corredor turístico donde confluye no solamente el turismo del área metropolitana de Medellín, sino también un turismo internacional de alta afluencia, lo cual ha desembocado en todo tipo de problemáticas para estos territorios.
Se comenta, por ejemplo, que Guatapé es uno de los municipios que más recibe turismo en el oriente antioqueño. Ya casi que se observa más población foránea que habitantes nativos del territorio. La razón es que las nuevas dinámicas han ido imponiendo drásticos cambios en la vocación del territorio, fenómeno que poco a poco ha ido expulsando tanto a campesinos como a población urbana de la región.
Y, para que nuestros lectores se hagan una idea de lo que allí acontece, citamos las afirmaciones de la ONG Análisis Urbano, la cual dice que el oriente antioqueño es el santuario de algunos carteles internacionales del narcotráfico.
Impuesto predial sí, pero no así
La alta afluencia de capitales provenientes de todo tipo de negocios y negociados ha hecho que los propios territorios se vayan convirtiendo en espacios invivibles para los campesinos que aún quedan. En palabras de la directora del Catastro Municipal, el municipio se rige en la aplicación de una fórmula diseñada para desarrollar a nivel nacional, que no permite hacer ninguna diferenciación en el momento de aplicar avalúo catastral, llevándose en los cachos al campesino que tiene una pequeña parcela ubicada al lado de un condominio de ocho o diez mil millones, o un hotel de cinco estrellas.
Un ejemplo concreto es el caso de una fundación donde se rehabilitan jóvenes intoxicados por el consumo de estupefacientes, que pasó de 74 millones a 1.986 millones en su catastro. No cabe duda de que la aplicación del catastro multipropósito bajo esta regla disparará los avalúos y, con ello, vendrá el incremento desmedido del impuesto predial, que ningún pequeño campesino podrá pagar, con la irremediable consecuencia de que tendrá que vender y abandonar el territorio.
Tomado de Revista La Cosecha – mayo de 2023 – Coordinador Nacional Agrario
