lunes, abril 22, 2024

Disputa interinstitucional, movilización y gestión social y popular

La mala cifra de crecimiento económico de 0,6 de PIB registrada para el 2023 ha puesto nuevamente al gobierno en la palestra, luego de los efectos de la política de altas tasas de interés impuestas por el Banco de la República, principal causa del estrangulamiento de la economía, y de la insuficiencia de la gestión del presupuesto nacional.

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Estas cifras se presentan a la opinión nacional en medio de un intenso inicio de año caracterizado por pujas interinstitucionales entre las diferentes fracciones del bloque de poder y sectores del Centro Democrático que utilizan su capacidad para confrontar al gobierno desde la Corte Suprema de Justicia y su contubernio con la Procuraduría General de la Nación (PGN) y la temeraria y desprestigiada Fiscalía General de la Nación (FGN).

Al tiempo, el gobierno tiene la presión de los grandes gremios económicos por la orientación y definición del gasto del presupuesto público y el choque con la tecnocracia del Departamento Nacional de Planeación, quienes con pulso de relojero han administrado eficientemente las políticas económicas facilitadoras de la acumulación de capital en el país.

Estas disputas interinstitucionales hacen parte de las aristas en medio de la lucha de poder que se proyecta en las instancias estatales. A lo anterior, se suma la defensa de la tecnocracia como baluarte de la nación, defensa que choca con los niveles reales de desigualdad, pobreza, desempleo y precariedad productiva en la que vive más de medio país.

Visto así, la defensa vanidosa de la tecnocracia burguesa, suscitada a causa de la salida de Jorge Iván Gonzales del DNP, expresa gran cinismo irreflexivo, pues la disertación entre facticidad y validez parece una forma refinada de decir por otros medios, que no es posible ningún tipo de cambio de nuestra maltrecha estructura social, tan solo porque la validez de las leyes de la acumulación capitalista son superiores a cualquier principio de justicia social por más indefenso y reformista que sea.

Esta cuestión se pone en crisis tan pronto la regla de valores se endereza y se pone la vida digna y la justicia social como prioridades. Es este el caso de la movilización de los sectores sociales y organizados del departamento de Arauca, quiénes luego de un legítimo ejercicio han logrado poner parte de los recursos y servicios públicos del lado de la gestión social y popular.

Recursos que desde la gestión social y popular fueron priorizados para solucionar los problemas estructurales de la región del Sarare; desarrollando así, capacidades productivas y de agroindustrialización; consolidación de un sistema de educación superior y mejoramiento de las condiciones educativas; saneamiento y apalancamiento fiscal de los servicios de salud; oferta óptima alimentaria y la solución a los problemas de hábitat y vivienda, entre otras más. Esta priorización es evidencia que entre facticidad y validez, decide la fuerza o la voluntad de lograr la convergencia entre ideales de vida digna y acciones recíprocas a este presupuesto.

La respuesta a las victorias logradas en todo el país ha sido una ola de violencia política contra los líderes sociales y las comunidades. Evidencia de ello es el avance del paramilitarismo que ha copado regiones del país mediante el terror, la indiferencia y la complicidad estatal. Ante las nulas acciones y la complicidad del Estado, desde las organizaciones sociales y las comunidades han emergido formas legítimas de autonomía y protección (Guardias Campesinas, Étnicas y Populares) mediante las cuales se brindan mecanismos preventivos frente a las sendas amenazas de exterminio y destierro de las cuales son objeto.

Las Guardias Campesinas, Étnicas y Populares baluarte de las organizaciones y los movimientos populares y territoriales, su existencia no solamente es legítima y necesaria frente al actual escenario de amenaza y exterminio social, sino también, como forma alternativa de gestión de relaciones sociales de autocuidado y protección de las comunidades.

No puede criminalizarse e igualarse la legítima labor de autoprotección de las comunidades campesinas y étnicas a la formas del guerrerismo paramilitar. Su naturaleza es disímil y su vocación de cuidado del territorio, la vida y la paz, por lo que es menester rodear y apoyar su ejercicio como gestor de la seguridad y el cuidado común ante la discriminación negativa de sectores de opinión, gremios políticos y económicos.

 

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