martes, abril 29, 2025

El Centro Oriente construye mandatos para el manejo soberano del territorio  y sus recursos

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En el Coliseo del Cubierto Instituto Técnico Ambiental de Yopal (Casanare), se reunieron 900 representantes de comunidades y organizaciones sociales  para instalar las sesiones permanentes del Congreso de los Pueblos capítulo Centro Oriente. A este espacio de unidad acudieron delegados de Meta, Arauca, Casanare, Boyacá, Norte de Santander, Santander, Cundinamarca, Bogotá, Vichada y los pueblos indígenas.

Este capítulo regional del Congreso de los Pueblos (CDP) contribuirá a impulsar los cambios urgentes que reclama la sociedad y gestar una fuerza social y popular que materialice una Colombia con vida digna, libre y soberana.

En sus conclusiones, las delegaciones hicieron hincapié en temas de vital importancia para el pueblo colombiano, tales como la disminución de la inversión pública y la depredación de los principales recursos naturales por parte de los conglomerados financieros internacionales y sus Estados nacionales.

Se realizó un análisis del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, concluyéndose que resulta evidente que los verdaderos intereses de las políticas económicas del gobierno son funcionales a las empresas privadas que  obtendrán sus ganancias profundizando el modelo extractivista de la explotación minero-energética y agro-industrial. Ese plan contempla la construcción de infraestructura al servicio de los intereses privados como vías y adecuación de ríos, para lo cual las empresas gozaran de extenciones tributarias. Por el contrario, los trabajadores y trabajadoras colombianos sí verán aumentada su obligación en cuanto al pago de impuestos y la precarización de sus condiciones laborales.

En la declaración final de esta sesión regional del Congreso de los Pueblos se puntualizó como exigencia la construcción de una nueva ley minero-energética que explote los recursos naturales de manera soberana y en armonía y equilibrio con la naturaleza. También se trató la concentración de la tierra que despoja al campesinado de la capacidad de producir. A ello se suma la falta de acceso a mercados, créditos y subsidios de los campesinos y la competencia con grandes capitales, sobre todo internacionales. Para remediar esta situación el CDP llama ala creación de los Territorios Agro-alimentarios y Ancestrales, que priorizarán la producción de alimentos para el pueblo y servirán para desarrollar la economía campesina, garantizar la soberanía alimentaria y el equilibrio natural del territorio.

Uno de los temas centrales debatidos fue  el problema agrario no resuelto en el país y la dinámica de regionalización que funciona a favor de los conglomerados financieros nacionales e internacionales. Ellos se han enriquecido negociando con los bienes de consumo colectivo producidos por los trabajadores. La vivienda y los servicios domiciliarios, el transporte, la salud, la educación, la cultura y la recreación se han convertido así en fuentes de sobre-explotación para el pueblo colombiano.  Por ello el CDP propuso generar un proceso de industrialización nacional en manos de los procesos comunitarios para dignificar el empleo y la vida de los trabajadores colombianos. Se exhortó a la creación de un  Sistema Público de Abastecimiento de Bienes de Consumo Colectivo, con la participación de las comunidades organizadas, a través de una ley que reconozca la naturaleza jurídica de la gestión comunitaria, con financiación estatal.

Respecto a la situación de los derechos humanos en el país, se recordó el asesinato del querido dirigente del Centro Oriente de Colombia CARLOS ALBERTO PEDRAZA SALCEDO y la injusta judicialización y encarcelamiento del dirigente comunal ALEXANDER TIBACUYLAGUADO. En ambos casos se exigió del Estado el esclarecimiento y las garantías democráticas correspondientes tanto para dirigentes como para todo el pueblo colombiano.

En el terreno internacional, se analizó la ofensiva contra los movimientos nacionales y populares en Latino américa expresada en las campañas de des-estabilización contra gobiernos legítimos. Se citaron las sanciones impuestas por Estados Unidos contra Venezuela y la consiguiente amenaza para su seguridad nacional, como un ejemplo claro de neo-imperialismo. Se llamó, por lo tanto, a respetar a la autodeterminación de los pueblos y fortalecer los lazos de solidaridad y hermanamiento con Venezuela.

Frente a la implementación del modelo extractivo en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas del Centro Oriente, estos ratificaron que continuarán su lucha por la supervivencia, sus planes de vida y la Ley de Origen de cada pueblo en donde se presenta la territorialidad, la autonomía, la unidad, la espiritualidad y la cosmogonía.

Finalmente, se señaló queel gobierno colombiano habla de paz pero radicaliza sus políticas de injusticia social, económica y política, por lo que se calificó como imperativo avanzar en la unidad del movimiento social y popular y en la lucha por la materialización de sus planes alternativos de vida.

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