lunes, octubre 3, 2022

El movimiento social ante el nuevo gobierno

El escenario político actual del país, marcado por el triunfo de Gustavo Petro y Francia Márquez, presenta nuevos retos al movimiento social colombiano. En este texto, ubicamos algunos elementos a tener cuenta en función de fortalecernos organizativa y políticamente, más allá de la coyuntura.

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Marisabel García[1]

Uno de los primeros retos es la exigencia del cumplimiento de los acuerdos para dar solución a los principales problemas de la nación, que han sido logrados a través la lucha social durante años. Basta recordar que como resultado de los paros agrarios desarrollados en 2013, 2014, 2015 y 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular, exigió el cumplimiento de los acuerdos incumplidos, además de realizar nuevos acuerdos en temas de derechos humanos y garantías para la movilización social y salidas urgentes a la violencia contra líderes y lideresas sociales. Además, el cumplimiento del Acuerdo con las FARC EP, la participación política, tierra y territorialidad, economía propia, ambiente, y modelo minero energético, entre otros. Poco y nada de estos se han cumplido, ni siquiera se mantuvo la Mesa Única como espacio de interlocución emanado de las negociaciones, cercenando un debate agrario que incluyera al movimiento campesino, indígena y afrodescendiente.

En esa misma vía, mínimos fueron los puntos del acuerdo producto del paro de 2018 protagonizado por el movimiento estudiantil (UNEES)[2], que fueron incorporados en el Plan de Desarrollo de Duque. Siguen sin resolverse varios aspectos relacionados con la designación presupuestal y la operativización, entre ellos: el de saldos apropiados y no comprometidos del Presupuesto General de la Nación y su destino a cubrir necesidades de educación superior, y el de la reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que busca una asignación presupuestal que reconozca la complejidad y diversidad del Sistema Universitario Estatal.

A los jóvenes proletarios del Paro Nacional (2019 a 2021) en ausencia de un pliego único, el gobierno les propuso: la matrícula cero que ha cumplido parcialmente, el programa de empleo juvenil que no está cerca de llegar, la meta expuesta por Duque de 600.000 plazas, y los Consejos de Juventud, en los que la participación política sigue siendo limitada y marginal frente a las decisiones centrales de la nación. Se podría ahondar sobre estos pendientes en relación con otros sectores, como el sindical, o a gremios como los transportadores, pero es claro que los escenarios de concertación con gobiernos anteriores, han sido utilizados más como estrategias de desmovilización de la lucha social, que como solución de las demandas más sentidas de la población. Para tal perspectiva, es necesario retomar las reivindicaciones y ponerlas en función de la proyección de la política pública, y estar atentos a que estas demandas históricas se cumplan, pues de no ser así, siempre la movilización social será el medio por excelencia para exigirlas.

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En medio del impulso por los cambios, que ya tomó forma a nivel nacional, el movimiento social debe propender por el desarrollo de reformas que alivien las condiciones de vida de las mayorías empobrecidas, y que al mismo tiempo hagan trastabillar al capital, es decir, reformas que no sean reformistas. Como consecuencia, no basta con fortalecer el Estado de derecho, como se ha anunciado en el programa político del gobierno entrante, sino se apalancan transformaciones en clave de transición para una nueva sociedad.

Los gobiernos progresistas que han asumido las riendas del Estado en las últimas décadas, no solo en América Latina sino en algunos países de Europa y Asia, han cumplido el papel de administrar la crisis, esperando que vía crecimiento económico y distribución de la renta nacional, se puedan solucionar las necesidades sociales. Sin embargo, el capital pareciera haber salido ileso contando con una paz social que le ha permitido mantener la lógica de acumulación.

Es por eso que más allá administrar la crisis es necesario implementar propuestas como la de Economía de Fondos Públicos, mediante la cual se busca la ampliación de recursos y presupuestos destinados a financiar iniciativas productivas agrupadas en un Sistema de Empresas Públicas Nacionales, avanzar en que, entre otras, las ganancias retornen a un Fondo Público de Inversiones, que potencie la producción nacional a través de empresas públicas, privadas y comunitarias, genere empleo y de algunas luces de salida a la crisis, para que quienes la paguen, no sean las clases populares.

En esa perspectiva, también se ha planteado en esta propuesta uno de los retos más grandes del momento, propender por la ampliación de la democracia para que esta adquiera un carácter permanente, popular y constituyente, lo cual solo es posible en tanto las organizaciones sociales se doten de herramientas políticas, organizativas y de gestión.

El gobierno entrante ha puesto sobre la mesa la ampliación de la participación política, lo que, por un lado, implica que las organizaciones sociales y en general la sociedad civil puedan debatir los problemas centrales de la nación, y en esa perspectiva, construir propuestas desde las bases sociales para la formulación y ejecución de las políticas públicas. Pero de otro lado, la participación dentro de la democracia que se quiere, implica al movimiento social robustecer escenarios organizativos ya existentes como las Juntas de Acción Comunal y las organizaciones sectoriales nacionales y regionales, pero también, quizá, impulsar formas de gestión social y comunitaria que posibiliten el progresivo control social de la producción por parte de los y las trabajadoras. Para ello, es prioritario que se potencie la estructura productiva nacional, y en ese camino, se establezcan políticas, organismos e instituciones claras que menoscaben la concentración del proceso productivo y amplíen de forma decisiva la participación.

Participar cualificadamente en los escenarios de diseño e implementación de la política pública, implicará a los liderazgos la formación permanente y ágil sobre elementos técnicos, pero también, la producción de política sintetizada en plataformas de lucha y programas políticos para las bases sociales que ubiquen las demandas y propuestas estratégicas del movimiento social, de cara a materializar reformas que mejoren las condiciones de vida de las mayorías, y fortalezcan los procesos sociales en perspectiva de una transformación más estructural.

Referencias
[1] Marisabel García – Integrante de Centro de Pensamiento y Teoría Crítica Praxis – Docente. Socióloga, Máster en estudios latinoamericanos, doctoranda en comunicación.
[2] Unión de Estudiantes de Educación Superior – Espacio gremial desarrollado en las movilizaciones de 2018.
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