Foto: Familias desalojadas en Ciudad Bolivar - Colombia Informa
Trochando Sin Fronteras – Mayo 18 de 2020
Por: Sandra Yanneth García H.[1] – Colaboradora TSF
La expansión del Covid-19 se ha realizado sobre el hambre y la pobreza en todo el planeta; la desigualdad y el desempleo han puesto a miles de familias a salir a trabajar o buscar algo que comer a riesgo de contagio en nuestro país. La crisis del capitalismo fundada por la contradicción capital – trabajo ha logrado un margen de sobreacumulación que lleva a que en las ciudades “sobre” fuerza de trabajo viva[2] , pero no solo sobre como fuerza de trabajo sino como vida, por eso las medidas gubernamentales hoy en buena parte del mundo se centran no en proteger la salud humana sino la economía, valga aclarar la ganancia y rentabilidad del capital. Ya lo decía Eduardo Galeano hace unas décadas “este sistema vomita seres humanos”[3].
Ahora bien, si examinamos las formas en que se intensifica la explotación de la fuerza de trabajo, debemos llevar la lectura también hacia la esfera de la circulación de la economía, es decir en donde las masas trabajadoras van al consumo para mantener su fuerza de trabajo, generalmente en la unidad familiar; y aquí vamos a ver una radiografía que nos permitirá entrever la dimensión y magnitud de la miseria a la que están siendo condenadas miles de familias en el país, muchas de ellas hacinadas en las principales ciudades, quedando por fuera del acceso a condiciones básicas para su existencia.
El concepto de familia según Engels, surge en la sociedad del imperio Romano atribuido… ni siquiera […] a la pareja conyugal y a sus hijos, sino tan sólo a los esclavos. Famulus quiere decir esclavo doméstico, y familia es el conjunto de los esclavos pertenecientes a un mismo hombre[4]. Y el término de proletariado deviene de la concepción de la prole o linaje de quienes carecen de medios de producción (Wikipedia). Si bien la familia en términos ideológicos nos remite a considerar los aspectos de los lazos afectivos y el cuidado, en la lógica del capitalismo la concepción de familia tiene que ver con la unidad en donde los trabajadores recargan sus energías para vender su mano de obra a diario, es decir, para enriquecer a otros. Parece un planteamiento estructural, desprovisto de emocionalidad y de desconocimiento del sujeto, pero es así como lo plantea la razón del capital; el capitalismo destruye los lazos afectivos y de solidaridad, degrada la condición humana y recrea los patrones de violencia al interior de los hogares y las comunidades.
En Colombia la familia de tipo nuclear ha seguido predominando en la base social, la población ubicada en el quintil más alto de la sociedad tiende cada vez menos a conformar familias, constituyen hogares no familiares y los hogares sin hijos vienen en aumento pasando de un 9% en 1993 a 14% en 2014. Las dinámicas familiares van cambiado y se van recreando a partir de las condiciones económicas y dinámicas culturales; así por ejemplo se va asimilando la concepción de estilo de vida, de vivienda y de seguridad a partir de la implantación de políticas urbanistas homogeneizadoras y minimizadoras del espacio; la figura del centro comercial se ha posicionado como el espacio de consumo y diversión “más seguro” para compartir en familia; el número de hijos ha venido disminuyendo…; pero a la par, la lógica de asignar a la familia la tarea central de reproducción de la fuerza de trabajo no ha cambiado desde el nacimiento y desarrollo del capitalismo, el fenómeno de la concentración de tierra en el país y su consecuente conflicto social y político repercute aún en la formación de las familias en las ciudades colombianas, así como también el sello de la violencia impregna buena parte de los hogares en el país.
Las condiciones para la existencia están sometidas a la lógica del valor de cambio, de manera que las prácticas de asociación, solidaridad, cooperativismo han sido desplazadas por el individualismo y la competencia; así pues, la vida queda a merced de la circulación del dinero, los indicadores sociales se miden fundamentalmente por los ingresos monetarios, aunque se le dé cierto matiz (falaz en todo caso) de valoración de los componentes subjetivos.
Buena parte de los trabajadores perciben ingresos monetarios que están por debajo de lo que cuesta la vida; para el año 2018 se calculaba que 3 de cada 10 colombianos tenían ingresos mensuales por debajo de la línea de pobreza que se estimaba en $257.433, equivalente a 13,07 millones de colombianos; pero 3,50 millones de colombianos más, no alcanzan un ingreso superior a los $117.000 aproximadamente , lo que el DANE define como pobreza extrema; es decir, cerca del 37% de la población colombiana sobrevive en condiciones de miseria, la mayoría de ellos ubicados en las regiones más periféricas del país en donde predominan los hogares con niños y jefaturas femeninas; sin embargo, calcular la pobreza sobre ingresos monetarios puede velar la realidad, pues se calcula un ingreso promedio en el país cuando la concentración urbana y por ende la desigualdad es alta. Así entonces, una ciudad como Bogotá que en los cálculos del DANE tiene los menores indicadores de pobreza y pobreza extrema, es junto a Quibdó y Riohacha la ciudad con mayor concentración de riqueza, superior al 0,55 Gini. Esto implica que la pobreza puede cobrar grandes dimensiones en estas ciudades, puesto que la concentración de la misma contiene mayores costos de vida.
De manera que el proletariado busca solventar bienes básicos para su existencia en las condiciones que les son impuestas. El capitalismo ha logrado penetrar en los diferentes aspectos de la vida y la humanidad imponiendo la lógica de valor de cambio a todo cuanto necesitamos. Los bienes básicos para la existencia humana son en su mayoría gestionados por el capital privado, dejando por fuera del acceso a miles de familias, quienes mediante diferentes estrategias y formas luchan por su sobrevivencia, veamos algunas contradicciones:
– Despojo en plena cuarentena
Familias despojadas y desplazadas de su lugar de origen ante el conflicto armado y social en el país, pero también del mismo centro de la ciudad, construyen sus asentamientos en terrenos periféricos, subutilizados y riesgosos para alojarse, pues no tienen capacidad adquisitiva para pagar un arriendo menos comprar una vivienda en el mercado inmobiliario, paradójicamente en plena cuarentena, en este momento familias del sur de la ciudad (Arborizadora Alta, Bella Flor y Altos de La Estancia) están siendo desalojadas a la fuerza por vivir en estas condiciones, sin tener a donde ir y sin soluciones reales de reubicación por parte de la administración distrital.
Así mismo, el hacinamiento es la estrategia que les queda a muchas familias, quienes aumentan el tamaño de los hogares con parientes y no parientes para poder tener un techo; donde se incrementan los niveles de abuso, violencia e insalubridad.
En el país encontramos cifras de déficit habitacional por encima del 90% en regiones como el Chocó y Vichada; en Bogotá es del 13,9%, lo que representa cerca de 336.000 hogares; para la Sabana, en Soacha del 20,43%, El Rosal 24,02% y Tocancipá 29,54% como las cifras más altas enfocándonos sólo en las cabeceras urbanas. Pero además, muchos de estos hogares ubicados en las faldas de la montañas, en las rondas de los ríos, quebradas y humedales y a las afueras de la ciudad, tienen deficitarios sistemas de servicios públicos domiciliarios, carecen así de acceso a agua potable o a gas natural, lo que implica gastar más tiempo, más dinero o fuerza física para poder suplir necesidades básicas de alimentación y aseo.
La política de vivienda en el país, considerada como una política para impulsar los gremios de la construcción fundamentalmente, ha logrado “integrar” trabajadores de ingresos básicos (1 y 2 SML) a los proyectos de vivienda –VIS- a partir del endeudamiento a largo plazo de éstas familias, sin garantizar una vivienda digna con equipamiento real y suficiente a los demás bienes y servicios asociados (vías y espacio público, redes de acueducto y alcantarillado, centros de salud, etc).
– Hambre y desnutrición: las familias no tienen con qué comer, ni para qué pensar en educación
Las familias se ven obligadas a sacrificar el consumo de ciertos bienes básicos como educación, salud y alimentación mediados en su gran mayoría por sistemas privatizados y tercerizados. La canasta familiar medida por el DANE a partir del IPC (Indice de Precios al Consumidor) ha venido subiendo su precio; antes de la propagación del COVID-19 en el país, ya se registraba incremento principalmente en educación, alimentos (arroz y frutas frescas) y salud en el mes de febrero de éste año 2020.
Fuente: Observatorio de Políticas de familias; Boletín N°7; pág 26
Según la ECV, más de la mitad de la población en Colombia está en situación de Inasistencia Alimentaria (51,5% en 2012), situación que va de la mano con problemas de salud y dificultades para el aprendizaje, especialmente en la infancia. Muchos de los niños y niñas que asisten a instituciones educativas van porque es allí donde encuentran un refrigerio, no porque vean útil ir a estudiar. Si bien oficialmente se plantea que ha aumentado la afiliación al sistema de salud (93,4% en las cabeceras municipales según ECV 2018) pues buena parte de los trabajadores -así no tengan contratos formales denominados independientes o por cuenta propia- deben pagar un porcentaje cada vez más alto al sistema de seguridad social, esto no garantiza una atención real y de calidad; por el contrario el sistema profundiza la discriminación, clasismo y desigualdad mediante la división de regímenes[5], en donde si los usuarios encuentran serias dificultades en las EPS para acceder a atención, hospitalización y medicamentos óptimos para tratar enfermedades, qué decir de las familias sisbenizadas.
– El trabajo doméstico: la carga de la pandemia sobre mujeres y niños
Se intensifican las labores domésticas y del cuidado cuando no se cuenta con recursos económicos para pagar por servicios de cuidado y educación, y por carecer de aparatos o dispositivos para reducir el tiempo y fuerza física en el trabajo doméstico. En este escenario es la mujer quien recibe el mayor peso de esta carga; además de ser sobre quien se desata la violencia en mayor medida y magnitud, en el primer trimestre de este año (antes de la pandemia) Medicina Legal registró mas de 15.000 casos de violencia intrafamiliar, la mayoría contra las mujeres (76,7%); durante la cuarentena la denuncia de estos casos se disparó. Es decir la mujer proletaria, en buena medida lleva a sus espaldas el gran peso de la miseria y la sobre explotación del trabajo en los hogares, para que los sectores capitalistas puedan seguir acumulando ganancias económicas. Así también los niños y jóvenes (femenino y masculino) buscan algunos bienes -en especie- o monedas para llevar a sus hogares, mediante la indigencia, o la prestación de ciertos servicios como la prostitución, llevar un mercado, “jibariar”, hacer oficios domésticos, etc.
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– La falacia de la movilidad social y una vejez tranquila
Colombia es un país que siempre se ha resaltado en América Latina por la desigualdad social; y aunque según las cifras oficiales hacia el año 2010 – 2012 los indicadores sociales iban mejorando en Colombia, la crisis económica en el país, profundizada severamente con la propagación del Covid-19, nos plantea que las familias cada vez están más lejos de mejorar sus condiciones de vida.
Por un lado, lograr una pensión que garantice vivir la vejez no es una realidad en nuestro país, en el año 2017 se informó que 7 de cada 10 adultos mayores no tenían pensión y la desregulación del sistema de seguridad social pone mayores límites a una jubilación real para buena parte de la población económicamente activa.
Quienes logran de alguna manera un mínimo de ahorro, tienen que recurrir a estos fondos para sobrepasar las situaciones de desempleo, enfermedades y hambre en situaciones de crisis económica cada vez más recurrentes en el país; por tanto su posibilidad de inversión y “movilidad social” es frustrada. Cuando no hay ahorros, las familias se ven forzadas a acudir a préstamos en las estructuras del narcotráfico y paramilitarismo que han penetrado buena parte de los sectores populares en las ciudades mediante el denominado sistema “gota a gota”, poniendo en peligro su tranquilidad y vida.
La otra gran barrera para mejorar la calidad de vida es el sistema educativo en especial para acceder a la educación superior; cerca del 60% de la población juvenil (entre los 17 a 24 años de edad) no accede a educación superior, fuera del sistema público cada vez mas desfinanciado, alguna parte lo logra mediante el endeudamiento individual o familiar, y otra accediendo a programas técnicos y tecnológicos (de garaje) que quizás permiten acceder a algún trabajo pero no mejora el nivel de vida en relación a la inversión[6].
Detrás de la radiografía de la pobreza y miseria en el país está la voracidad del capital y la sobre explotación del trabajo, las precarias condiciones de vida que se vienen agudizando están tomando magnitudes tremendas en términos cualitativos y cuantitativos en Colombia. Y nos vemos expuestos a las decisiones enmarcadas en un Estado que además de estar signado por la corrupción y tiranía, ha empeñado el ahorro social de la población a la banca internacional. Si bien el Estado en el periodo de industrialización del país generó un sistema de soportes para los bienes y servicios públicos, estos nunca fueron suficientes; es claro que más del 60% de la urbanización en Colombia ha sido producto de las formas de gestión popular. El capital privado nacional y extranjero, junto a una política de arruinamiento de la estructura productiva del país, expropió los recursos públicos, despojó a la clase trabajadora de los medios de subsistencia y destruyó las formas colectivas y comunitarias; los bienes de consumo colectivo fueron privatizados mediante diversas estrategias y fórmulas: subsidios estatales a la oferta, es decir a los empresarios; convenios, alianzas (APP) y concesiones en donde se pone la infraestructura colectiva para que el capital privado gestione la ganancia; o la venta de los activos público – estatales.
En síntesis, la intensificación de la explotación del trabajo, además de realizarse en los ámbitos laborales, se da en la esfera del consumo de las familias, quienes destinan sus ingresos económicos a bienes y servicios cada vez más costosos e incluso nocivos para la salud y a riesgo de perderlos en el caso de la vivienda y las pensiones; pero muchas de ellas, al no encontrar un empleo que le permita garantizar su existencia, quedan rezagadas a sistemas subsidiarios insuficientes y deficientes en calidad y cobertura o “sencillamente” sin acceso a bienes básicos, los sectores de la lumpen burguesía aprovechan estos espacios para sus rentables negocios no solamente ilícitos sino depredadores de la vida y dignidad humana.
La magnitud del hambre y la miseria que se intensifica con el coronavirus, no tiene más nombre que explotación, robo y saqueo. Hoy día el sistema sanitario nunca suficiente en Colombia, arruinado por los sectores privados y saqueado por los caciques regionales, evidencia esta realidad; desde el primer momento que empezó la alerta en Colombia por la llegada del virus se sabía que la capacidad instalada de hospitales y UCI, además de personal médico eran totalmente insuficientes para atender la pandemia. Son constantes las denuncias de los trabajadores de la salud por no contar con los insumos básicos de protección para su labor, muchos de ellos además sin contratos fijos y con sueldos miserables.
Finalmente una certeza: cuando la salud tiene precio y la vida del pobre no vale, ya sabemos quiénes serán priorizados para ser atendidos en las UCI, quiénes están resguardados en sus mansiones sin miedo a ser contagiados y quiénes podrán acceder a las vacunas en primer lugar. La pregunta: ¿Será entonces momento de cambiar la balanza?, el linaje de los trabajadores, las familias proletarias no pueden seguir siendo los responsabilizados de esta catástrofe social, las mujeres proletarias no pueden seguir llevando a sus espaldas tanta tristeza, violencia y explotación; la riqueza social generada por nuestro trabajo da para crear formas colectivas que garanticen las condiciones de vida de nuestras familias y comunidades.
[1] Trabajadora Social con Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos. Trabaja en el equipo de Investigación y Formación de la Asociación Red Itoco. Docente de Trabajo Social de la Universidad Central Tiempo parcial.
[2] Sobrepoblación relativa a base del ejército de reserva-.
[3] Las venas abiertas de América Latina.
[4] Engels, F. La familia, la propiedad privada y el Estado.
[5]Subsidiado y contributivo; éste último además se subdivide entre quienes pagan cuotas adicionales para una mejor atención mediante la denominada medicina prepagada o los planes complementarios.
[6]DANE – ECV 2018.
