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Extinción del trasporte de carga colombiano


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Trochando Sin Fronteras 12 de mayo de 2016

Los trasportadores de carga en Colombia se agremian en 4 organizaciones: Asociación de transportadores de Carga (ATC), Asociación colombiana de Camioneros (ACC), Confederación Colombiana de Transportadores (CCT), Asociación Nacional de Transportadores (ANT) y se agrupan en la ‘Cruzada Nacional Camionera’. Esta es una respuesta organizativa a los embates del gobierno nacional por entregar el trasporte de carga a multinacionales.

En marzo de 2015 la Cruzada Camionera realizó jornadas de movilización con base en un pliego de 35 puntos, entre los cuales se destacan temas como la chatarrización, punto álgido en la modernización de la flota existente. De esos puntos discutidos con el gobierno, a la fecha se han incumplido en más del 80%.

Después de las negociaciones el gobierno nacional ha decretado, a través de su Ministerio de Trasporte, abolir la chatarrización concebida en el decreto 7036 de 2012, con lo cual se niega el pago establecido y se procede a entregar bonos de mercado bursátil para ser cambiados en los concesionarios o en la bolsa. Esto expone a los propietarios a la pérdida de su vehículo, ya que con los precios actuales, la compra de automotores nuevos para el trasporte de carga sería inviable.

Según Jairo García, presidente CCT, los decretos establecidos por el Ministerio no protegen a los pequeños camioneros, sino que abren las puertas las multinacionales para que se apropien del trasporte de carga convirtiéndolo en un monopolio que dejaría a más de 350.000 familias en la ruina.
Estas pretensiones del gobierno colombiano configuran un modelo multimodal en manos de la multinacional Impala, dueña del puerto de Buenaventura, acompañado de la concesión del dragado del río Magdalena y el funcionamiento de las líneas ferroviarias, lo que terminará de extinguir el trasporte terrestre de carga colombiano.

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Los transportadores, en defensa de este importante servicio público, exigen la derogatoria del nuevo decreto que elimina el fondo de más de 1,8 billones de pesos, de los cuales sólo 800.000 mil millones han sido entregados, exigiendo que este se mantenga hasta el 2018. También piden la aprobación de leyes que permitan la reposición mediante fondos, y que se reglamente la vida útil de los automotores.

Aunque las mencionadas exigencias ya están en manos del gobierno nacional desde el pasado 17 de marzo cuando la Cruzada Camionera participó en la jornada nacional de movilización, actualmente el gremio se encuentra articulando sus peticiones con otros sectores y organizaciones sociales y políticas reunidas en la Cumbre Campesina Agraria Étnica y Popular. En tal sentido se ha propuesto la realización de un paro cívico nacional para finales de mayo próximo, que permita exigir al gobierno nacional el cumplimiento de todos los acuerdos que se han firmado y que hasta la fecha se encuentran en los cajones del Minsterio de Transporte.