Las prácticas genocidas contra la comunidad U’wa son continuas desde la época de la conquista, ya para la era republicana en los años 60 se otorgan adjudicaciones de tierra por medio de una política dirigida de colonización de baldíos. Pese a ese avance de comunidades campesinas sobre territorios indígenas, los procesos organizativos, indígenas, campesinos y populares, han permitido mantener una relación estrecha e importante que ha conllevado la defensa del territorio y la exigencia por medio de la movilización social.
En medio de las constantes prácticas genocidas, la comunidad U’wa con apoyo y acompañamiento del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente, presentó este 25 y 26 de abril de 2023 su declaración ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta declaración se enmarca en un proceso internacional contra el Estado Colombiano por la vulneración de los derechos territoriales y de consulta previa por la exploración gasífera, turística y petrolera en el territorio. Los U’wa están se encuentran en los departamentos de Casanare, Boyacá, Arauca, Norte de Santander y Santander.
La militarización
El Estado colombiano ha impulsado el establecimiento de bases militares en zonas de las comunidades U’wa, actualmente, la base militar del corregimiento de Samoré, en Norte de Santander, está adyacente al territorio indígena con la única función de proteger los intereses de las petroleras. También se ha denunciado la instalación de bases en territorio ancestral U’wa en los municipios de Cubará, Saravena, Fortul, Tame, Sácama (Casanare) y la base del batallón de alta montaña en El Espino, Boyacá, además de puestos militarizados de la policía.
En años anteriores las comunidades debieron instaurar denuncias contra las fuerzas militares por ocupación ilegal de su territorio, logrando la salida de la base militar de La Cabuya (Tame, Arauca) y la destrucción de helipuertos construidos ilegalmente dentro del resguardo Chaparral-Barronegro (Casanare).
Los Casos
Para el año 2000 y en el marco de una arremetida nacional del paramilitarismo y del avance de la política extractivista en el país, el día 26 de enero se reportó la desaparición de 3 indígenas, a manos del Ejército Nacional en las veredas Santa Rita y Bella Vista, del caserío Gibraltar, en Toledo, Norte de Santander; “El hecho sucedió luego que las fuerzas militares desalojaran a los indígenas de las inmediaciones del pozo Gibraltar 1, en el llamado Bloque Samoré, causando heridas a varios de ellos, para permitir la iniciación de las exploraciones petrolíferas por parte de la multinacional Occidental.”[1].
El 11 de febrero de 2000[2], una arremetida violenta del Ejército y la Policía contra las comunidades U’wa movilizadas en el sitio Las Canoas, a 4 kilómetros de Gibraltar, en Norte de Santander, llevó a las comunidades movilizadas a lanzarse al río Cubugón para salvar su vida, en este hecho, perdieron la vida tres niños indígenas.
Para ese mismo año 2000, el 24 de junio, la comunidad U’wa del municipio de Cubará, Boyacá, sufrió agresiones y lesiones, mientras se manifestaban en conjunto con organizaciones campesinas y sociales, contra la entrada de empresas petroleras, los responsables de la agresión, fueron militares y policías[3].
El 5 de enero del año 2004 y luego de las capturas masivas ordenadas por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, militares del Ejército, asesinaron a dos indígenas U’wa, Siwakubo Bócota y Rukuiso Bocota, en el municipio de Saravena, Arauca[4]. Miembros del mismo grupo armado causaron “lesiones personales a Alexis Celis Valencia, ocurrida el 24 de octubre de 2005, por parte de las fuerzas militares que custodian la infraestructura petrolera, entre otros”[5].
En 2007, militares de la Brigada XVI del Ejército, asesinaron al líder espiritual y Cacique Álvaro Salón Archiva, en zona rural de Tame Arauca. Este líder indígena, se oponía a la entrada de las empresas petroleras al resguardo indígena Chaparral-Barronegro, ubicado en los municipios de Támara, Sácama y Hato Corozal en Casanare. El asesinato del Cacique, fue presentado inicialmente como producto de una mina antipersona, sin embargo, “Según la denuncia, la Fiscalía General de la Nación pudo establecer que en el hecho participaron miembros del Batallón de Contraguerrilla 25 Héroes de Paya, adscritos a la Brigada 16 con sede en el municipio de Yopal, algunos oficiales y suboficiales ya fueron condenados.”[6] Álvaro, fue testigo de la masacre de La Cabuya, Tame, cometida por militares del ejército a nombre de paramilitares.
El ataque contra los líderes espirituales de las comunidades continuó con los montajes judiciales y falsos positivos judiciales, del año 2011, donde es apresado por mandato de la Fiscalía General de la Nación el Cacique Ismael Uncacía, líder indígena e impulsor de la exigencia indígena por la creación de los resguardos indígenas desde 1995[7].
Además de asesinar, las fuerzas del Estado han intentado borrar la memoria y perseguir a quienes la sostienen, en el año 2012, luego de una conmemoración del asesinato del Cacique Álvaro Salón Archila, militares, en el sitio La Cabuya entre Casanare y Arauca, hostigan al líder indígena Evelio Rubio Camargo, siendo agredido verbalmente[8].
En el marco de las movilizaciones entre comunidades campesinas e indígenas del año 2016, por el daño ambiental producido por el turismo en el Nevado El Cocuy (Zizuma), la explotación gasífera y petrolera; son estigmatizados quienes se movilizaban en Boyacá, y Norte de Santander, por medio de imágenes que buscaban relacionar a las comunidades campesinas, la Guardia Indígena, y las comunidades indígenas con la subversión[9].
En el 2018, La Asociación de Cabildos y Autoridades Tradicionales Indígenas de Arauca – ASCATIDAR—, denunció que menores de edad de la comunidad U’wa “fueron sometidos o constreñidos a apoyar las actividades de inteligencia e información para el Ejército colombiano, actividad que realizaban aproximadamente un año y a quienes se les había prometido pagarles una remuneración mensual con el objetivo de entregar información sobre los movimientos de la guerrilla”[10] en una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario que pone en peligro a niños, niñas y adolescentes. No se conoce de investigaciones o medidas disciplinarias tomadas.
El 31 de mayo de 2020 y en plena pandemia, en medio de operaciones militares, fue asesinado Joel Villamizar[11], directivo de Asou’wa y coordinador educativo. El dirigente indígena fue atacado en su lugar de residencia por miembros del Ejército, quienes lo presentaron como miembro del ELN, en otro caso de ejecución extrajudicial.
La incriminación y los falsos positivos judiciales tienen como último caso registrado, el presentado en el año 2021, cuando un policía de la estación del municipio de Cubará, Boyacá, según denunció por medio de comunicado[12] Asou’wa, usurpó el nombre de habitantes del territorio para enviar munición y material de guerra que luego fue interceptado por miembros de esa misma institución. Afortunadamente, el falso positivo judicial no se concretó, de la misma manera tampoco se sabe de acciones legales y disciplinarias contra el responsable.
Comunidades U’wa exigen a @PoliciaColombia aclarar hecho en el cual miembro activo envió munición y droga usando el nombre de miembros de las comunidades del municipio de #Cubará.
También exige a la @FiscaliaCol investigar el hecho. pic.twitter.com/UyGM1mryAC— Trochando Sin Fronteras (@trochandosf) February 26, 2021
La continuación de los crímenes, violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, demuestran el carácter sistemático de la agresión estatal contra las comunidades. Es urgente que los organismos internacionales como la CIDH tengan presentes estos hechos.
El actual gobierno pretende desarrollar una política de “Paz Total” sin entrar a las causas estructurales del conflicto armado, ni transformar sustancialmente la doctrina militar ni las alianzas con la OTAN. La política del enemigo interno, ha declarado la guerra a las comunidades en los territorios y profundizado su victimización.
El pueblo U’wa en su lucha por el territorio y su cultura ha sufrido el embate de las multinacionales, el desplazamiento y la persecución sistemática del Estado. Es el momento de reconocer sus derechos, territorio, autoridades y conceder sus demandas.
Referencias
