Bajo el modo de producción capitalista los gobiernos se transforman -o al menos eso nos hacen creer-, lavan su cara y presentan un nuevo maquillaje que se reviste de lo que necesiten mostrar para mantener aplacada a la población. Mientras tanto, el trasfondo de sus políticas permanece o se profundiza, buscando la extracción a toda marcha de los recursos de la nación, antes de que el pueblo despierte y les arrebate el poder.
Tal es el caso del Plan Nacional de Desarrollo en Colombia (PND), que es el documento que presenta el presidente ante el Congreso de la República, que contiene el rumbo hacia el cual se quiere llevar al país en los cuatro años de mandato y que es aprobado mediante una ley.
Este tipo de leyes, como es característica de la normatividad burguesa en general, da prioridad a la retórica sobre la profundidad de los cambios que se dicen estar realizando. Así, tras los dos periodos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez cuando la “seguridad democrática” fue el pilar fundamental junto a las políticas orientadas al crecimiento económico, era necesario un discurso agresivo, que representara una continuidad del mando autoritarista al mejor estilo paramilitar colombiano. Para el primer periodo de Juan Manuel Santos (2010-2014) se propusieron las locomotoras (agricultura, Infraestructura, vivienda, minería e innovación), monstruos que devoraban lo que se pusiera delante de ellas y no admitían discusión; en el transcurso de los primeros cuatro años del gobierno Santos se da una transformación hacia formas más pasivas y que generaran menor reacción de parte del pueblo organizado y no organizado.
De las cinco locomotoras del primer período las últimas cuatro mencionadas quedan inmersas en una sola línea del actual PND llamada ‘infraestructura y competitividad estratégicas’; ésta esconde, entre otras cosas, poner a las instituciones y universidades a producir conocimiento e innovación para el servicio de la empresa privada; profundiza el modelo extractivo, ubicándolo como uno de los prioritarios para la inversión, busca legalizar la explotación minera y petrolera dentro de los páramos[1], promueve el crecimiento en infraestructura mediante las Alianzas Público-Privadas (APP), entregándole no solo los proyectos estratégicos para el desarrollo de las regiones a operadores privados, sino además las ganancias que se puedan obtener por medio de la operación a través de peajes u otros cobros.
La segunda línea estratégica se titula movilidad social, en la que se encuentra la profundización del sistema actual de servicio en salud, en el que se le entregan los recursos públicos al gran capital; en educación, las coberturas por encima de calidad educativa siguen a la orden del día, así como las precarias condiciones laborales que provocaron la reciente movilización de los maestros; sigue profundización de la crisis presupuestal de las universidades públicas y la privatización de las mismas, por medio de intervenciones como la que se le realizó a la Fundación Universitaria San Martín en aras de “salvarlas” económicamente; por último, se encuentra el empleo, sector que se ha visto golpeado últimamente con los despidos masivos realizados por las empresas del sector petrolero ante la caída de los precios internacionales del barril, frente a lo cual el gobierno no ha movido un dedo, lo que da muestra de que la voluntad de Santos en este rubro se encuentra del lado de las empresas nacionales y transnacionales y no de la clase trabajadora.
En tercer lugar se encuentra la Transformación del campo y crecimiento verde, la que esconde la locomotora del agro-negocio y puntualmente los agro-combustibles, que propende por un campo al servicio de los intereses de los grandes capitales nacionales y transnacionales; se abre la posibilidad de seguir expropiando a los campesinos sus tierras si éstas son declaradas de “utilidad pública e interés social”, ompidiendo también la restitución de tierras a las víctimas del conflicto armado en los territorios que se declaren de este tipo; además de lo anterior, el PND persiste en la idea de entregar los baldíos de la nación con diferentes figuras jurídicas al gran capital para que las usufructúe, en perjuicio de la economía campesina.
La Consolidación del Estado Social de Derecho, corresponde a la cuarta línea estratégica del PND 2014-2018. Contiene las metas en Derechos Humanos y muestra la “lucha” que ha realizado y que quiere seguir realizando el Gobierno en dicha temática, “lucha” que ha dejado -según el Sistema de Información sobre Agresiones contra Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en Colombia- 78 defensores asesinados en 2013 y 55 en 2014, además de 488 amenazas a las personas dedicadas a este oficio en el año 2014.
La quinta y última línea estratégica llamada buen gobierno, contiene el discurso concreto de la “nueva derecha” colombiana que se traduce en la frase “tanto mercado como sea posible, y tanto Estado como sea necesario”. Este postulado se encuentra en la introducción del PND y resume en gran medida lo que se ha expuesto en las líneas anteriores e implica que el mercado -es decir los agentes privados- van a seguir llevando las riendas del país hasta donde les sea posible, y el Estado solo intervendrá en casos excepcionales, a fin de garantizarles eso.
En fin, se puede ver que el país se encuentra inmerso en la encrucijada de un discurso de paz y armonía, promovido para adormecer las fuerzas populares, mientras el modelo económico se sigue profundizando en el saqueo de recursos naturales y la entrega de la riqueza a los grandes capitales nacionales o extranjeros; es por ello que hoy más que nunca es vigente y urgente la lucha por una nueva Ley Minero-energética, los Territorios Agroalimentarios y la conquista de los Bienes de Consumo Colectivo, además del continuo trabajo en torno al Plan de Vida.
[1] si hay licencia ambiental anterior a febrero de 2010 en el caso de la minería, y de junio de 2011 en el caso de los hidrocarburos
