Trochando sin Fronteras Edición Nº 26 marzo – abril
Editorial
Los recientes escándalos que se han encargado de difundir con cargado sensacionalismo los medios de comunicación, ponen en evidencia la degradación de la clase política dominante en Colombia.
El caso de las redes de prostitución en la policía nacional dejó en evidencia las pugnas internas en la fuerza pública por el cobro en negocios ilegales. La Secretaría de Seguridad de la Presidencia -que se eliminó a raíz de tal escándalo-, se había convertido en uno más de esos “súper poderes” inventados por la clase política, pagados por los impuestos de todos, para encubrir sus intransigentes procedimientos.
Los generales que ha tenido esta Secretaría, mano derecha de los presidentes, se han visto implicados en casos de corrupción, narcotráfico y hasta paramilitarismo. Como ejemplo está el caso del general Montoya, en los tiempos de Uribe.
El otro caso que remueve la clase política es el de la incriminación de Santiago Uribe, hermano de Álvaro Uribe y de quien se dice sembró el terror en Antioquia con la estructura paramilitar “los doce apóstoles” cuya existencia demostró la periodista Olga Behar. No podemos olvidar que tanto Santos como Uribe (y como los demás presidentes de esta adolorida República) tienen responsabilidad en lo que fue una estrategia combinada de las fuerzas militares y los grupos paramilitares en las regiones para reprimir con brutal violencia al conjunto del movimiento popular, en un proceso que conllevó miles de asesinatos, torturas y desapariciones. Ambos se tapan con la misma cobija, pero ésta ya empezó a quedarles chiquita. Y cuando la verdad es inocultable, a los noticieros privados les toca informar sobre la degradación de una clase política edificada sobre el robo de los bienes de la nación, como sucedió con Isagen y Reficar.
Preocupa el panorama de paramilitarismo creciente en tiempos de paz. Preocupa el discurso del gobierno para la paz, que mientras convoca y hace acuerdos con las insurgencias y las organizaciones sociales y campesinas, va de gira a Estados Unidos a negociar la entrega del país para la nueva edición del Plan Colombia, llamado ahora ‘Paz Colombia’.
En ese sentido, empieza a encajar la visita que realizaron gobernadores y alcaldes electos del oriente del país a Estados Unidos a finales del 2015, con la recientemente aprobada ley Zidres y las zonas que el gobierno pretende ‘adjudicar’ para la paz. Con ello se desconoce la perspectiva de los comunidades indígenas, afrodescendientes y algunas expresiones del movimiento social, que día a día padecen los males de nuestra región.
Preocupa la política agraria del gobierno que insiste en no solucionar el histórico problema de concentración de tierras que a juzgar por los boletines del reciente Censo Nacional Agropecuario, continúa creciendo y reafirmándose; es comprensible la preocupación de las poblaciones afrocolombianas e indígenas, que ven desde ya que la solución del gobierno para la paz no va a ser la redistribución de las tierras para desconcentrarlas, sino evadir esto botándole ese ‘chicharrón’ a sectores campesinos, a las zonas de frontera agrícola con las Zidres, y a los territorios indígenas y afros, retrocediendo así ganancias mínimas de la constitución de 1991.
Igualmente preocupa la política minero energética en el país y en la región que, a pesar de los bajos precios del petróleo, parece arreciar la exploración de bloques petroleros en la sabana y ampliar la explotación minera en la cordillera oriental y en la altillanura del Vichada, Meta y Guainía, exponiendo a las poblaciones a una inminente sequía a mediano plazo.
Preocupa también que bajo esta locomotora se han negado todos los mecanismos de consulta territoriales locales, incluidos los de las poblaciones afros e indígenas. Por si fuera poco, entre los países de la región, que vieron en el extractivismo con altos precios de materias primas una fuente de financiación y limitaron su economía a este sector, Colombia fue el que menos se benefició en tiempos de bonanza, teniendo la renta más baja en la región y llegando prácticamente a regalar los recursos a las multinacionales. Mientras otros países recibían una renta entre el 40 y 80%, la de Colombia rondaba el promedio de 8%. Hoy pagamos las consecuencias de ese regalo.
Las anteriores preocupaciones se plantearon en la Cumbre Regional de Paz realizada a principios de abril en Arauca. En este sentido, la Cumbre Agraria, proceso histórico de reencuentro de algunos sectores de izquierda en el país, sirvió en la región para replantear los horizontes de lucha del movimiento y reafirmar la necesidad de posicionar los derechos del pueblo utilizando como vía principal la movilización en las calles.
Por ello, el 17 de marzo se definió como una jornada de pre-calentamiento para lo que será la gran movilización nacional, en la que diferentes sectores saldrán a demostrarle al gobierno la soberanía que nos ha venido negando durante décadas de engaños. Será la fuerza de la movilización lo que nos dé la capacidad de negociación, sabiendo, por los resultados que nos deja la historia, que nos encontramos ante una clase política que no comprende el diálogo ni la persuasión.
Por ello, es urgente transitar los caminos de unidad, que fortalezcan los lazos entre pueblos, como lo decía el padre Camilo Torres, “Insistamos en lo que nos une y prescindamos de lo que nos separa”, para que así, reconociéndonos como sujetos políticos, seamos capaces de lograr los cambios y transformaciones que tanto le urgen al pueblo colombiano.
