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Medio informativo del Movimiento Político de Masas Social y Popular del Centro Oriente de Colombia

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Mandé Norte pone de nuevo en riesgo a las comunidades del Atrato


Publicado por Trochando Sin Froneteras.

Trochando Sin Fronteras, edición 40 – Agosto – Octubre

Por: América Niño – Trochando Sin Fronteras

Nosotros como vivimos la guerra, y quien vive la guerra no quiere la guerra, entonces tomamos la decisión de retornar a nuestro territorio después de los desplazamientos.

(Testimonio confidencial)

En medio de las espesas selvas del norte del Chocó se encuentra el Bajo Atrato, nombrado así por su relación directa con el río, un afluente de gran importancia para el departamento por la alimentación y navegabilidad que brinda. El Chocó, el departamento con la mayor cantidad de necesidades básicas insatisfechas en el país. La región del Bajo Atrato comprende los municipios de: Apartadó, Chigorodó, Turbo, Carepa, en el Urabá antioqueño, y por Rio Sucio y Carmen del Darién, en el Urabá chocoano, cuenta con una riqueza biótica inmensa en la que se encuentran ciénagas, áreas pantanosas, manglares, costas y montañas, es un lugar húmedo, con temperaturas que varían de 25 a 34 grados centígrados y en el que las lluvias son intensas y torrenciales.

Esta región, la del Bajo Atrato ha concentrado la industria maderera, bananera, la palma aceitera y más recientemente la minería, que, junto a la presencia de actores armados y la carencia de condiciones básicas para el desarrollo de la vida, han configurado un escenario de múltiples disputas, miedos, tristezas, dolor y despojo, una y otra vez la historia de la lucha por la tierra con todos sus vejámenes, se mezcla con la fuerza de las comunidades por defender su vida y su territorio.

La belleza del paisaje, la rudeza y fuerza de la selva chocoana en el Bajo Atrato contrasta con algunas praderas para ganadería, con los rezagos de cultivos de palma aceitera que alguna vez inundaron la región, los mismos que las comunidades tumbaron y por los que perdieron la vida, la bota militar legal e ilegal ha sido cruel y despiadada en contra de quienes habitan este territorio, el abandono estatal repulsivo, intencional y sombrío, y los intereses económicos ahora se convierten en más brotes del conflicto armado, este oscuro panorama se ve en los rostros de la gente. El sufrimiento y la alegría propia de la raza negra, mestiza e indígena se confunde en una amalgama de risas, dolor, tristeza y esperanza, es evidente el miedo y la pobreza inducida por el Estado, aquí la riqueza natural parece condenada al exilio humano, al silencio, al olvido y a la explotación.

La llegada de la agroindustria ha estado precedida históricamente por la entrada de actores armados como las AUC quienes de manera conjunta con empresarios y terratenientes se han encargado de expropiar de su tierra a las comunidades, logrando así expandir su riqueza a costa de la muerte, y el exilio ajenos, de esto ya se ha escrito mucho y para nadie es un secreto, así como tampoco lo ha sido el trabajo conjunto que hacen los paramilitares con la Fuerza Pública para cuidar el capital privado obligando a las comunidades a desplazarse y estableciendo un escenario de guerra y disputa territorial en el que la gente siempre lleva la peor parte.

«La entrada de actores armados a esta zona comenzó a mediados de los 60, sin embargo la situación de seguridad y violación de DDHH se agudizó con las acciones contrainsurgentes adelantadas por la Fuerza Pública y los paramilitares en coordinación conjunta; asesinatos selectivos, masacres, torturas, confinamiento y hostigamientos fueron perpetrados desde mediados de los 90 hasta casi el 2005 por actores armados, los cuales propiciaron una oleada de desplazamientos. Uno de los habitantes relata que durante estos hechos”

(testimonio confidencial).

Las comunidades que tenían su confianza en que el proceso de paz lograra cambios significativos en su forma de vida, hoy temen por las consecuencias de la reapertura del megaproyecto de minería Mandé Norte[1], antes de la Muriel Minning Corporation y ahora de la Anglo Gold Ashantí dos de las multinacionales que han utilizado la guerra para instalarse en los territorios. Mandé Norte es un proyecto de minería que ya tiene historia en esta región, su objetivo es explotar el cerro Care Perro o Usa Kirandarra, sagrado para las comunidades Embera.

En 2009 Mandé Norte obtuvo un título de exploración y explotación para intervenir 160 km2 – 16000 Has – en medio de reservas indígenas y territorios colectivos de las comunidades negras de Jiguamiandó y Murindó, con esto se derribó parte de la selva, se hicieron perforaciones de 300 y 400 m del subsuelo, excavaciones, formación de campamentos y sobornos a funcionarios públicos y miembros de las comunidades, todo sin consulta previa[2].

Este mismo año la sentencia de tutela T-769 de la corte constitucional ordenó suspender las actividades de exploración y explotación del contrato de concesión de este proyecto[2] que permitía explotar cobre, oro, molibdeno y otros minerales, por irregularidades frente el debido proceso y los derechos de once comunidades indígenas y dos afrocolombianas.

Sin embargo, a pesar de la sentencia, la revista Portafolio, en su portal de internet, publicó en febrero de 2018 que Mandé Norte hace parte de cuatro proyectos nacionales que marcarán un hito en la historia de la producción de cobre en el país y de acuerdo a una de sus fuentes “como el cobre es considerado por el Gobierno como un mineral estratégico de interés nacional, las entidades del estado encargadas de otorgar los permisos, sobre todo los ambientales, para la operación, deben ser diligentes para que estos sean expedidos en el menor tiempo posible, así se garantizará la inversión para su producción[3]”. Además explica que de acuerdo a los estudios ya realizados, se estima que la licencia de explotación no puede ser menor a 30 años. Esto se considera un motivo de alerta para las comunidades, quienes pueden ver que con los cambios que se han dado con el nuevo periodo presidencial y la transferencia de títulos por parte de la Muriel a la Anglo Gold se abre la posibilidad de la reapertura del proyecto, que claramente estaría respaldada por la ocupación militar y paramilitar en el territorio.

Solo este año, la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz ha emitido más de una docena de documentos en los que alerta sobre las condiciones de seguridad en el Bajo Atrato; persecuciones, intimidaciones, asesinatos, desplazamientos forzados, desapariciones, amenazas, despojo de tierras, señalamientos, crisis humanitaria, minado antipersonal, presencia paramilitar y hostigamientos son los hechos de vulneración más señalados por esta organización y que causan pánico colectivo. Un pánico que se justifica con la experiencia de violencia en los 90, en la que los mismos actores armados los desplazaron de sus territorios para apoderarse de las tierras con objetivos netamente económicos. Si bien ahora algunas de las comunidades cuentan con una figura territorial llamada Zonas Humanitarias, reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- y que ha servido como escenario de contención para los armados también es cierto que la presencia de los paramilitares en esta zona ha sido constante y se ha intensificado con el tiempo, irrespetando y amedrentando a las comunidades.

Además de la permanencia en el territorio y su postura antiguerrerista, las comunidades en el Bajo Atrato necesitan fortalecer un tejido social que garantice al menos la visibilización de las problemáticas en el ámbito nacional e internacional, un tejido que involucre organizaciones sociales, de DDHH, internacionales y medios de comunicación dispuestos a entrar a los territorios cuando la estrategia de la ultraderecha por desarrollar sus proyectos económicos se agudice y las comunidades sigan expuestas a la guerra y al despojo del que históricamente han sido víctimas.

[1]Proyecto Mandé Norte, Murindó, Colombia 
[2]Sentencia T-769 de la Corte Constitucional de la República de Colombia
[3]Chocó marca el hito para la operación de cobre en el país