Presencia en militar en actos de Derechos Humanos, peregrinación Miraflores – Boyacá
[dropcap color=»#ddc80d» type=»square»]La[/dropcap] militarización entendida como <<el control que ejerce el poder militar sobre la población, el protagonismo que tiene la salida armada para gestionar desde el estado los conflictos sociales, con el fin de regular el orden público y la llamada “convivencia social” a órdenes el Gobierno y las elites>>, está directamente relacionada con la dinámica económico-política; para el caso de los jóvenes, se convierten en un objetivo específico y de suma importancia, ya sea para conformar la base de la estructura orgánica de los cuerpos militares estatales, o para criminalizar y reprimirlos[1].
El aumento del pie de fuerza militar en el departamento de Boyacá traerá implicaciones para los sectores populares y las propuestas de organización o resistencia ante el régimen político y el modelo económico que padecemos.
En tal sentido, es de resaltar que la creación de la Policía Metropolitana de Tunja y la implementación del nuevo Código de Policía en Boyacá, parece haberse dado en un contexto bastante similar al vivido en la segunda mitad de la década de los años 70 del siglo pasado en Colombia, en donde al avance del movimiento cívico y sindical se respondió con represión y militarización de los territorios, avalada mediante normativas como el antiguo Código de Policía (Decreto 1355 de 1970).
Tanto en los años 70, como en lo corrido del 2012 a la fecha, encontramos una recomposición de la movilización social con articulación nacional (Paros cívicos nacionales en aquel entonces, y en la actualidad, movilizaciones estudiantiles, campesinas, indígenas y populares), en la cual participaron activamente los procesos y organizaciones sociales de Boyacá y el centro del país, igualmente, al igual que para 1975 y los años siguientes, la respuesta estatal ha sido la represión inmediata con la Fuerza Pública y la expedición de normas de control de orden público como el Estatuto de Seguridad Ciudadana (Ley 1453 de 2011) y Código de Policía (Ley 1801 de 2016).
En nuestro departamento, es clara la respuesta estatal ante la protesta social, la cual apunta a la militarización de la vida y la sociedad; así pues, la Policía Metropolitana de Tunja fue creada con la resolución 01121 del 20 de marzo de 2014, temporada en que los medios de comunicación oficiales y algunas organizaciones no gubernamentales referenciaron a la ciudad como una de las más seguras del país[2].
La entrada en funcionamiento de dicha norma implicó grandes gastos en nuevos equipos automotores, tecnológicos y el aumento del número agentes de policía para la ciudad y sus municipios cercanos, con la justificación de atacar la gran criminalidad existente en el territorio, pero que no era percibida por el Estado y las élites económicas, sino después de que las protestas sociales pusieron a la opinión pública sobre esta región.
Al día de hoy, Tunja y los municipios del centro del departamento[3], poseen un número considerable de población flotante, integrada por efectivos de la Fuerza Pública en buena medida, es decir, personas provenientes de otros lugares que no aportan significativamente a la productividad regional y generan la demanda de todo tipo de bienes y servicios, volcando la economía popular o informal a satisfacerlos.
En el mismo sentido, la capital departamental, es destacada por los medios de comunicación oficiales como una de las ciudades pioneras en la implementación del Nuevo Código de Policía[4], lo cual lejos de ser una gran noticia, consideramos que es parte de un panorama de imposición del modelo económico capitalista, que favorece las grandes empresas y los intereses de quienes detentan el poder económico dentro de los círculos de administración municipal y obstaculiza formas de economía propias e informales en las clases populares, mediante el miedo que genera la fuerza, el autoritarismo y las sanciones policivas.
En información entregada por la Alcaldía y la Policía Metropolitana de Tunja[5], encontramos que las conductas más castigadas en virtud al nuevo código policial tienen que ver con, “irrespetar” o “reñir” con la autoridad, consumir o portar sustancias que alteran el sentido, realizar actividades económicas sin el cumplimiento de normativa vigente y ocupar indebidamente el espacio público, las cuales suman en 2017 o 2018, suman más de 1600 comparendos realizados, comportamientos que tienen que ver con el poder de la Fuerza Pública como aparato de coacción estatal y con la búsqueda de oportunidades laborales de las clases populares, frente a la desigualdad propia del modelo económico colombiano.
Del mismo modo, encontramos que por medio de comparendos impuestos en el periodo de marzo de 2017 a septiembre de 2018, la Alcaldía Municipal ha recaudado 317.173.372 millones de pesos, los cuales a la fecha no hemos sido informados de su destinación, pero que en virtud al mismo código de policía, deberán ser administrados por los alcaldes para prevenir las violaciones de las normas de convivencia, sin embargo, procesos sociales como ANJECO Boyacá, han buscado hacer una veeduría de esos dineros, con el fin de que puedan convertirse en proyectos productivos que beneficien a las comunidades, como por ejemplo los vendedores ambulantes, que son quienes sufren el rigor del modelo económico y las normas de orden público.
Ahora bien, puntualizando en la cuestión militar, encontramos que cuando el país decía caminar hacia la construcción de paz, hechos como la entrada de Colombia a la Organización de Países del Atlántico Norte (OTAN) como suplente, o las distribuciones de los presupuestos nacionales de 2017 y 2018, el aumento de los asesinatos y hostigamientos de los luchadores y luchadoras sociales por vía judicial[6] o extra judicial, indican que la realidad nacional no venía caminando en una dirección irrestricta hacia la paz y más bien se preparaba para un aumento del uso de la violencia estatal para la gestión de los problemas nacionales y continentales.
Para el análisis actual del poder militar en Boyacá, cabe mencionar que hechos como las violaciones a los derechos humanos efectuados por parte de las fuerzas armadas contra la población campesina de la zona rural del municipio de Pajarito a mediados de 2018[7], o la orden de traslado del tropas del Batallón Bolívar desde la región del Catatumbo hacia Boyacá como fruto de la ruptura de negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional ELN, contrastan con el hostigamiento, persecución y estigmatización de la Fuerza Pública contra la población, así como la expedición de recientes fallos judiciales donde se condena al Estado, por ejecuciones extrajudiciales realizadas en el departamento en años anteriores[8].
La llegada de nuevos efectivos puede significar más población flotante en el departamento, más gasto militar en la región contrastado con poco gasto social, nuevos usos de la Fuerza Militar para el tratamiento de la protesta social[9], un aumento en las metas de incorporación de nuevos efectivos al Ejército, las cuales pueden representar que nuestros jóvenes vuelvan a verse intimidados cotidianamente para prestar el servicio militar, como sucedía con las mal llamadas “batidas” hace unos años.
Jóvenes, estudiantes, trabajadores(as), campesinos(as), mujeres en general y demás luchadores sociales, nuestra tarea es defender la vida digna, resistir al avance del militarismo en el país, capacitarse en la disputa política y proponer alternativas al uso indiscriminado de la violencia estatal para resolver cualquier conflicto social.
Emprender trabajos en esta dirección es poner freno al fascismo que amenaza con reagruparse en el continente.
[1]Seminario “Juventud en Resistencia” realizado por la Asociación Nacional de Jóvenes y Estudiantes de Colombia (ANJECO) seccional Boyacá, el 28 de junio de 2018.
[2]Tomado de https://www.eltiempo.com/ archivo/documento/CMS-8731420 el 28 de octubre de 2018 y de https://www. elespectador.com/noticias/nacional/tunja-una-de-ciudades-tasa-mas-baja-de-homicidios-articulo-578401 el mismo día.
[3]Tunja posee la sexta tasa de desempleo más alta en las capitales del país, según publicación física hecha por el Periódico La República en noviembre de 2018.
[4]Tomado de https://www.boyacaradio.com/ noticia.php?id=17447 y de https://www. periodicoeldiario.com/2017/07/28/tunja-es-lider-en-la-implementacion-del-codigo-nacional-de-policia-y-convivencia/ el 28 de octubre de 2018.
[5]Información oficial recopilada por Cusmuy Equipo de Investigación Popular, como parte de la Asociación de Jóvenes y Estudiantes de Colombia ANJECO en Tunja, en noviembre de 2018.
[6]Boyacá no se escapa a los llamados “falsos positivos judiciales”, una práctica que ha buscado infundadamente encarcelar y judicializar a quienes participan de movilizaciones u organizaciones sociales, con el fin de desestimular su actividad política, entre las víctimas de estas prácticas acostumbran a estar los estudiantes de la UPTC, quienes son víctimas directas del aspecto represivo de la militarización en el departamento.
[7]COSPACC
[8]Tomado de http://caracol.com.co/emisora/ 2018/06/07/tunja/1528376026_090845.html el 22 de enero de 2019
[9]En 2013, durante el Paro Nacional Agrario, por la Plaza de los Libertadores de Duitama, patrullaron vehículos de guerra, momentos después de que se presentó una movilización social que terminó con enfrentamientos y disturbios, así mismo, en algunos de los puntos de concentración se presentaron militares armados acompañando a los efectivos de la policía que buscaban el desbloqueo de las vías.
