Andy Burnham acaba de asumir el cargo de primer ministro en el Reino Unido en reemplazo del también laborista Keir Starmer, quien había perdido el apoyo de su bloque parlamentario, lo que obligó su reemplazo. Burnham se venía desempeñando como alcalde del Gran Manchester -una de las áreas urbanas más importante de Inglaterra- y ahora como primer ministro promete ampliar la nacionalización de varias áreas de servicios públicos. Estamos hablando del sexto gobernante desde 2016, momento en que coincidiendo con el Brexit se reproducen gobiernos de corta duración, lo que recuerda la inestabilidad política característica de Italia o Perú.
Burnham asume el gobierno con una amplia mayoría y popularidad, promete aliviar la inflación y el costo que viene descargándose sobre los ingresos de los asalariados. A pesar de declararse socialista, hace parte del ala moderada del Partido Laborista, la que se inclina por una intervención del Estado compatible con la acción privada del capital, acompañada de formas redistributivas que aligeren la desigualdad social. Es decir, se trata de un liberalismo de izquierda que procura mejoras sociales bajo el capitalismo. En ese sentido, el gobierno de Burnham intentará administrar la difícil crisis económica y social que enfrenta el Reino Unido, en especial desde 2008, pero profundizada con su salida de la Unión Europea den 2016 (Brexit).
Entre las más destacadas iniciativas están la nacionalización de las empresas de servicio de agua y energía, sosteniendo además la nacionalización que ya se viene adelantando en el servicio de trenes. Estas empresas fueron privatizadas a inicios de los años noventa bajo el neoliberalismo radical de Margaret Thatcher, y en ese periodo se orientaron a ser el bolsillo de sus inversionistas sin que se realizaran reinversiones para mejorar las redes de suministro. Este ejemplo ratifica que las consecuencias prácticas de las privatizaciones son todo menos la mejora en la llamada eficiencia, por el contrario, conducen a altas tarifas, precarización de las infraestructuras, de la prestación de los servicios y finalmente el riesgo de quiebra financiera, tal como sucede con la empresa de aguas.
También se destaca su política de vivienda destinada en forma inmediata a dar solución a cerca de 3.000 personas en situación de calle, agregando un ambicioso plan de vivienda social con la meta de producir 500.000 soluciones en ocho años, en el que el Estado construye y luego arrienda a precio social, siendo por eso financiado con recursos públicos a través de un bono de vivienda, que se respalda con los flujos futuros de alquileres que percibirían los municipios.
El ciclo de crisis capitalista en Reino Unido se profundizó desde 2008, momento en que su economía crece a una tasa promedio de apenas del 1% anual, situación acompañada de sostenidos déficits externo y del gobierno, los que se han traducido en un grave incremento de la deuda pública respecto del PIB, la que pasó del 51% en 2008, al 98% en 2025. La causa de esa crisis estriba en la debilidad de la inversión privada, orientada más al área financiera y especulativa, o de servicios que a impulsar la producción real, tendencia agravada por la reducción de la inversión pública, cercenada bajo la insulsa regla que hace primar de control férreo del déficit fiscal. De allí que la productividad laboral haya quebrado la tendencia que sostenía de un 2% de crecimiento anual hasta 2008, para descender a sólo 0,24% como promedio anual desde entonces, siendo negativa en los dos últimos años.
El golpe contra el proletariado es múltiple, porque a los recortes en el gasto social se sumaron las altas tarifas proveniente de la privatización, las que jalonaron la inflación y desgastaron el ingreso monetario, mientras el pésimo resultado en productividad se utiliza ideológicamente como justificación para impedir su incremento, de allí que el salario real promedio haya incluso descendido en cerca de 1% por debajo del nivel que tuvo en 2008, fundamento que explica el creciente descontento entre las masas trabajadoras.
Tal situación se ha manifestado en un creciente malestar social dentro del Reino Unido, el que ha dado lugar a sonadas huelgas de masas de carácter nacional como la de las trabajadoras de la salud en 2022, la de ferrocarriles en 2022 y 2024, o de profesores y servicios postales en 2023. Es así que el giro político que puede representar Burnham se dirige a enfrentar algunos de los nocivos efectos de la crisis capitalista, al procurar soluciones al temas sociales de alto impacto como son vivienda, salud o educación, como a renacionalizar empresas quebradas de servicios sociales para evitar que la crisis social y la lucha social se radicalice.
En esa dirección se puede interpretar el fuerte contraste que surge entre su intención de nacionalizar empresas de servicios públicos y las grandes sumas de capital que tal objetivo requiere. Esos recursos ya se presentan limitados por cuanto Burnham públicamente se ha comprometido a no elevar los impuestos claves (renta e IVA) y a respetar las restrictivas reglas fiscales sobre el déficit público, sometiéndose de esa manera a restricciones que en realidad lo dejan con muy poco juego para enfrentar las condiciones de la crisis de acumulación y social.
Por tal razón Burnham parece colocarse en una posición que tiende a reproducir el ya permanente fracaso de los gobiernos tibios para superar las crisis, condición que a su vez ayuda a explicar la profusión de situaciones de inestabilidad política en varios países del mundo, además, de aferrarse a tales restricciones podría tender a repetir el ciclo característico entre privatización → nacionalización y saneamiento → reprivatización, mediante el cual se sostiene la acumulación capitalista de largo plazo.
