En la conferencia el dirigente de la CGTP, Jerónimo López expresó, «estamos convocando a un paro nacional, cívico y popular para el 19 de enero, considerando que tras la muerte de 50 personas en enfrentamientos, varias regiones del país están exigiendo democráticamente la renuncia de la señora Dina Boluarte, elecciones generales para el 2023, la convocatoria a un referéndum para que el pueblo se pronuncie respecto de convocar a una Asamblea Constituyente o continuar con la actual Constitución, y el cambio de la mesa directiva del Congreso».

En este espacio desde la ANP se rechazó la violencia policial contra los manifestantes que ha dejado muertos y desaparecidos. Así como el intento de obstruir ayer la asamblea realizada en la sede de los Trabajadores Telefónicos. Hernando Ceballos, integrante de la ANP manifestó que: «La protesta es un derecho y esperamos que el Ejecutivo y Legislativo respeten la voz y el reclamo del pueblo».

En la conferencia se evidenció que desde entidades gremiales y sociales se exige la renuncia de Boluarte y rechazan el Estado policial al que se ha sometido a la población y manifestantes a quienes se le ha asesinado y perseguido política y judicialmente. Jorge Pizarro vocero en la conferencia indicó que «el 70 % de la ciudadanía está por una Asamblea Constituyente».

La Marcha de los Cuatro Suyos

La protestas en distintas localidades del Perú no se han detenido, en Apurímac, Cusco, Ayacucho, Arequipa, Madre de Dios y Puno pese a las masacres los manifestantes continúan en la calles. Desde el 15 de enero millares de personas se movilizan desde los Cuatro Suyos – división territorial incaica originaria -,  movilizaciones que se dirigen a la capital del país para exigir el fin del régimen Boluarte-Otárola, el cierre del Congreso golpista y oligárquico, y la convocatoria a nuevos comicios generales este 2023.

La marcha de los cuatro suyos consiste en una caravana multitudinaria y colorida de los pueblos del país andino compuesta de vehículos y caminatas. Según información oficial los puntos de movilización pasaron de 36 a más de 100 en los últimos días.

Según los sectores movilizados y las organizaciones sociales la dictadura estableció el estado de emergencia en las regiones de Lima, el Callao, Puno y Cusco, además de otorgar poderes plenos a la Policía para suspender derechos constitucionales de la población. Entre los derechos suspendidos se encuentran: la inviolabilidad de domicilio, las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personal.