Trochando Sin Fronteras – Abril 13 de 2021
Luego de que la Defensoría del Pueblo emitiera una alerta temprana por la eminente reactivación del paramilitarismo en Casanare y Boyacá. Organizaciones de derechos humanos y comunidades afirman que el Estado no garantiza los derechos fundamentales en el territorio.
El Informativo Centro Oriente, dialogó con Tatiana Trina sobre la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo y esto fue lo que comentó:
“Esta alerta temprana responde a las acciones urgentes, denuncias públicas que se han realizado sobre la grave situación de seguridad de la comunidad y las organizaciones sociales»
Tatiana aseguró que desde COSPACC se han emitido comunicaciones, desde febrero 25 del 2021. Comunicaciones en las cuales se evidencia el riesgo inminente para la comunidades, sus organizaciones y líderes.
Contextualizo, además que: “En el 2019 se emitió la alerta temprana 050 y en el 2020 la 026, justamente por ese contexto paramilitar que azota los territorios” Recalcó que el Estado es responsable por los derechos fundamentales y los derechos humanos de las poblaciones de los municipios de Casanare y de Boyacá.
Para Triana las autoridades no han atendido las alertas tempranas anteriores. Afirmación sustentada en la Defensoría, en la que se evidencia que no se han generado acciones concretas para el desmantelamiento del paramilitarismo. Además, recalca qué: “en los municipios incluidos en la alerta 008 del 2021, tienen alta presencia militar con los Batallones No 1 y el 16; mismos municipios donde los paramilitares ejercen control”. Estas coincidencias revelan los niveles de tolerancia y convivencia.
Panfletos y amenazas en territorios militarizados
Luego de la aparición de un panfleto de la Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Defensoría del Pueblo emitió una alerta temprana. Esta evidencia el riesgo para los pobladores de Sácama , La Salina, Tamara, Yopal y Aguazul en Casanare, además de Pajarito, Paya y Pisba en Boyacá.
En la alerta la Defensoría del Pueblo emite una alerta temprana teniendo en cuenta el nivel de riesgo de estos municipios y en especial los líderes sociales, comunales, ambientales y defensores de derechos humanos.
“Este tipo de señalamientos de los grupos armados organizados, particularmente del paramilitarismo, como en este caso de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia AGC, se pueden vincular con las amenazas a líderes sociales, comunales y defensores de derechos humanos y la labor que desempeñan al representar a las comunidades”. aparte de la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo del 16 de marzo del 2021.
En el pasado Casanare y Boyacá fueron azotados por el paramilitarismo durante décadas. En estos departamentos el movimiento social fue debilitado; el tejido social casi destruido y los líderes fueron víctimas de asesinatos, torturas, desplazamiento, desaparición forzada. Acciones con el objetivo de abrir paso a las empresas transnacionales que llegan a los territorios a explotar los recursos naturales.
Es de recordar que en el pasado la justicia estableció la relación entre Empresas, fuerzas Militares y Paramilitares. Desde 1983 desde la Procuraduría General de la Nación se advertía del vínculo entre militares y grupos paraestatales
“En febrero de 1983 el Procurador General hizo público el Informe sobre el MAS, entre los miembros activos de las Fuerzas Armadas que fueron acusados de pertenecer a dicha estructura paramilitar figuraba el Mayor del ejército CARLOS VICENTE MELÉNDEZ BOADA, segundo comandante del grupo Guías del Casanare, con sede en Yopal, asignado a la base militar de Arauca, de la brigada No. 7”.
Aunque estas acciones no pararon, y en las comunidades la estigmatización, amenaza y judicialización es vigente; Las comunidades, sus organizaciones y liderazgos viven hoy nuevamente la zozobra de estar en la mira de los paramilitares y de las Fuerzas Militares.
“Este tipo de señalamiento de los grupos armados organizados, particularmente del paramilitarismo, como en este caso el de AGC se puede vincular con las amenazas a los líderes (a) sociales, comunales, defensores (a) de derechos humanos y la labor que desempeñan al representar a las comunidades, velar por sus intereses ante los proyectos de inversión del Estado y de las empresas del sector extractivo, la defensa de los recursos naturales y demás aspectos de los derechos laborales, de participación comunitaria, contratación laboral y de bienes y servicios”.
Luego del envió de los panfletos diversas organizaciones se pronunciaron al hecho; Estableciendo preocupación sobre la amenaza paramilitar en contra de las comunidades en territorios altamente militarizados. Además, de combinar esta estrategia con la judicialización de los líderes de estas comunidades.
📢 Alertamos la grave situación de seguridad de las organizaciones sociales y comunidad en general del depto de Casanare. En una zona de influencia petrolera, altamente militarizada, se persigue judicialmente y aparecen panfletos amenazantes de las AGC pic.twitter.com/r2jcc5Us2T
— Corporación COSPACC (@CospaccOficial) February 25, 2021
Fuera de micrófono las comunidades expresan su preocupación ante las amenazas y los proyectos de interés económico y estratégico en el territorio. Sostienen que las comunidades, sus organizaciones y sus líderes quedan a la deriva y en gran vulnerabilidad. Segun ellos, la relación entre paramilitarismo y Estado evidente y vuelve para garantizar los intereses de las empresas mineroenergéticas.
