Por ejemplo, en Arauca son diversos los hechos y denuncias sobre la manera en que estructuras que se hacen llamar disidencias de las Farc – EP pertenecientes al Estado Mayor Central (EMC) – desarrollan acciones en contra de líderes y organizaciones campesinas, comunales, étnicas y populares, todo ello, mediante el reciclaje de viejos repertorios de violencia paramilitar y extra institucional.
De la misma forma, son múltiples las denuncias de comunidades en Chocó, quienes dentro de las alertas de gravedad a la que ha llegado la crisis humanitaria en la región, han puesto en conocimiento público las preocupaciones por los vínculos y coordinaciones entre el FFMM y las ACG para asegurar control territorial, situación que aumenta sistemáticamente la violación de sus DD. HH. A la anterior situación, se suman las denuncias de las comunidades del Sur de Bolívar y el nordeste antioqueño que han advertido los escalofriantes impactos del paramilitarismo en la región.
En Cauca se suman los hechos denunciados por La Asociación de Cabildos Indígenas de Toribío, Tacueyó y San Francisco en el sur del país y que comprometen el actuar del EMC, dejan ver el nivel de inestabilidad, agresión e intensidad a los que viene evolucionando el conflicto. A estos graves hechos de agresión de las disidencias de las Farc-EP en el departamento del Cauca y la “sorpresa” por la naturaleza paraca de los hechos, se suma el dato de crecimiento de las fuerzas insurgentes del país y que refleja también el aumento del potencial criminal y territorial de las estructuras paramilitares.
Esta cuestión fue sacada por la tangente por el ministro de Defensa en el debate de control político que transcurrió en el congreso la semana pasada. En su intervención de forma opaca mostró datos de los informes de inteligencia militar, datos que fueron ampliados por las empresas de comunicación y noticias que filtraron a la opinión pública las fuentes de inteligencia militar que evalúan la situación. La generalidad de la información deja ver la relevancia, dimensión y preeminencia que la amenaza paramilitar ha tomado en el contexto actual.
Según los datos el aumento de la capacidad militar de las fuerzas extra estatales se ha dado de forma asimétrica, mientras se supone que organizaciones insurgentes como el ELN han crecido un 6 % y las diferentes expresiones de disidencias de las extintas Farc-EP un 9 %, se reconoce, sin consenso con otras fuentes, que el aumento de la capacidad paramilitar ha llegado al 20 %, al transitar de 4.000 a 5.000 unidades al 2023.
Los datos expuestos contrastan con la cifras del excomisionado Danilo Rueda, quien en 2023 reconoció la existencia de 14.000 paramilitares, al igual que la diferencia entre la cantidad de municipios que las ACG han logrado copar, pues, se oscila entre 209 y 392 respectivamente. A lo anterior, se suma la declaración de las AGC en que se autodenominan Ejército Gaitanista de Colombia, quienes a través de un video hicieron el anuncio y en Bogotá han realizado la colocación de carteles alusivos a dicha organización.
Lo central y preocupante es que por donde se le mire, es esta la amenaza más grande y temeraria que la sociedad tiene al frente de sus anhelos de paz y transformación social, pues resulta de la corrupción y el vínculo de las fuerzas más oscuras y temerarias del poder político y económico el que fenómenos como las empresas criminales de naturaleza paramilitar puedan funcionar, extenderse y consolidarse en medio del actual escenario de crisis humanitaria y regional.
No es posible tal fenómeno de para-militarización territorial sin el contubernio del poder institucional del Estado y la utilización fraudulenta de sus condiciones para por obra y omisión coadyuvar en la concreción de tan lamentable situación de desestabilización y asedio territorial. Es imposible que el elefante entre a la cristalería y sus destrozos pasen desapercibidos, sin exclamación alguna, más que el silencio cómplice y la acción homicida.
