Trochando Sin Fronteras – Agosto 20 de 2020
Por: Sandra Yanneth García H.[1] – Colaboradora Trochando Sin Fronteras
…solo es posible una política de redistribución
de renta con eficiencia si tú tocas la estructura
de la propiedad. Pero para tocar la estructura
de propiedad, yo tengo que recordar a los
amigos, que es necesaria una revolución.[2]
Las cuarentenas se plantearon como óptimas medidas para aplanar la curva de expansión del Covid-19, decretadas por los gobiernos como forma de evitar la saturación del sistema de salud mientras se preparaba para atender a quienes enfermasen del virus. Sin embargo, en Colombia, regiones como el Amazonas y Chocó colapsaron de inmediato, y Bogotá ya supera el 90% de ocupación de UC’s[3] , luego de 4 meses.
El aislamiento social y preventivo en lo fundamental ha permitido la imposición de reajustes para la desregulación y sobre explotación laboral; el desempleo ya se duplicaba en mayo llegando al 21,4% en nuestro país. Las medidas implementadas por el gobierno colombiano para atender a los mayormente golpeados por la pandemia, han expresado una vez más la corrupción del sistema político, mientras la muerte, el desempleo y la miseria se naturalizaron como los costos que deben pagar “los pobres” por ser pobres. Pese al nivel de empobrecimiento producto de la concentración y sobreacumulación de capital, la comprensión de lo social parece desvinculada del andamiaje económico y político imperante en nuestra sociedad; por tanto, la política social se ha reducido a segmentar la clase trabajadora y a formular estrategias financieras para extraer réditos con los subsidios e ingresos hasta de las familias más empobrecidas, después de todo es por miles que se pueden contar los trabajadores informales, las madres cabeza de hogar, los jóvenes sin posibilidades de estudio que luchan por un mejor futuro.
Lo social se ha minimizado como una cuestión de asistencia a los más pobres de los pobres -valga la redundancia-; la pobreza es explicada como una deficiencia de ingresos monetarios a nivel individual o familiar, ocultando así la estructuración de las relaciones sociales bajo la contradicción capital – trabajo, haciendo una separación ideológica entre lo social y lo económico, y ocultando la apropiación privada del producto social. Por tanto, es importante recuperar la concepción marxista de la producción social, pues el trabajo no es un contrato individual capitalista –trabajador (esa es la forma aparente), sino la forma social a través de la cual la sociedad produce su existencia fundada en la explotación del trabajo y la naturaleza bajo el régimen capitalista.
Se hace perentorio ubicar lo social como expresión de las contradicciones que genera un modo de producción sobre la vida, relaciones e interacciones de la población en un tiempo y lugar específico, mayoritariamente desposeída de los medios de producción y bienes básicos. Abordar lo social implica entender cómo se gestionan y suplen las condiciones de existencia en una sociedad; cómo se organiza la producción y se distribuyen los bienes mismos para garantizar la existencia humana. En este orden de ideas, tratar las problemáticas sociales en nuestra sociedad requiere dar cuenta de la concentración de la riqueza (sobre la propiedad y renta) como una cuestión económica y política que conlleva al difícil o precario acceso a bienes y servicios de vida para la mayor parte de la población; entender la pobreza significa entender las formas en que es desposeída y sobre explotada la fuerza de trabajo de hombres y mujeres cuya remuneración está por debajo del valor que representa suplir sus necesidades básicas, y donde el empleo formal y las relaciones asalariadas prácticamente se han perdido como derechos fundamentales.
Desde la racionalidad capitalista y las directrices de los organismos financieros internacionales, las necesidades comunes se pueden resolver por el mercado, el Estado actúa mediante programas asistenciales para quienes no logran integrarse allí; la política social dejó de ser vista como una inversión para cualificar la fuerza de trabajo y proteger al trabajador, y se entiende ahora como una externalidad del crecimiento económico, por tanto un “gasto” que tiene que asumir fundamentalmente el Estado.
Lo social se ha enmarcado en la concepción liberal del desarrollo humano[4] como una cuestión relativa a las libertades y capacidades individuales; un andamiaje teórico e ideológico aparentemente crítico a la tradicional idea de la pobreza, pero que resulta siendo un salto a la naturalización del desempleo. Aparecen nuevas formas de medir y tratar la pobreza desde la multidimensionalidad y el ingreso monetario; una tercera vía expuesta como neutral por su nivel de tecnicismo, para superar los problemas políticos de cada país y corregir algunos efectos del mercado.
Ideas que en lo concreto tienen un corte positivista, asistencialista y centralizador; en lo fundamental no han podido contener en absoluto la pobreza, siempre amarrada a los frecuentes periodos de crisis económica y estructura de desempleo, pero si robustecieron la dependencia vía endeudamiento y primarización de las economías latinoamericanas.
El Estado abandona a su propia suerte a algunos sectores y promueve a otros: la reducción de los subsidios estatales en algunas actividades tiene su correlato en el papel protagónico que ha jugado en los procesos de privatización de las empresas públicas. Los nuevos beneficiarios del Estado son las grandes corporaciones transnacionales, las élites financieras y, en general, los actores mejor articulados a las nuevas líneas de dinamismo del mercado internacional. “En nombre de la soberanía del mercado, el Estado recurre al subsidio y promoción de condiciones de competitividad, acumulación y rentabilidad de ciertos actores”[5].
Las políticas para proveer seguridad social a las familias trabajadoras fueron desmanteladas ante el recorte del gasto social y la sostenibilidad fiscal, luego de décadas de plusvalía extraída sobre la base salarial de la clase trabajadora. Se implantaron los programas de transferencias (en especie y monetarios) con préstamos del FMI y que vienen operando en buena parte de los países del Tercer Mundo especialmente en América Latina, luego de la recesión económica a finales de los años noventa en donde se terminó de derribar la estructura industrial y con ello la estructura de empleo. El nuevo diseño de las políticas sociales, de las que no se desprendieron los gobiernos alternativos durante la ola del progresismo en la región latinoamericana, se fue completando con el proceso de saqueo de los medios naturales de vida y la privatización del sistema de infraestructura y bienes de consumo colectivo.
En el caso colombiano se implementaron los programas de transferencia monetaria condicionada principalmente con el programa Familias en Acción, se apalancaron operadores privados para ejecutar programas de transferencia en especie y prestar los bienes y servicios sociales en general, y se fortaleció la fuerza pública para controlar las regiones inicialmente con el Plan Colombia y posterior Plan Patriota; todos ellos se constituyeron en la política social de nueva generación para atender la pobreza y contener sus efectos. Estos programas se suponía, serían por un corto periodo mientras la crisis de finales de los años 90 se superaba y las familias cobraban la capacidad de independencia económica; sin embargo se siguen reencauchando por su aparente efectividad, pues implica poco gasto público, amplia cobertura y focalización en la extrema pobreza, y porque finalmente aunque informe tras informe las instituciones encargadas planteen que se han mejorado los índices de pobreza, no se ha logrado que las familias tengan mejores condiciones de vida, el 99% de las familias atendidas por Familias en Acción son trabajadoras informales.
Tras la crisis social profundizada por la pandemia la lógica de la política social no ha cambiado, por el contrario se implementó el programa Ingreso Solidario y la entrega de mercados, además de agilizar las entregas monetarias y flexibilizar los condicionamientos de los programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor; pero el drama día a día se manifiesta en el hambre, la penuria de la vivienda, la brecha educativa y digital… En síntesis, son programas no solamente insuficientes y segmentados, sino devastadores de infraestructuras sociales y comunitarias para la demanda de bienes y servicios de consumo colectivo.
Sobre este planteamiento revisemos algunos núcleos problematizadores de este tipo de política social que nos permita vislumbrar otro entendimiento de lo social y de gestionar formas colectivas para la seguridad social y vida digna:
1. Indicadores y metodologías para la bancarización de la pobreza
Bajo la concepción que el ingreso monetario permite el acceso de toda la población al consumo básico, la política social se ha centrado en viabilizar subsidios o transferencias monetarias en las cuales se otorga, según ciertos criterios, determinado valor moneda; este ingreso debe permitir a cada individuo o familia acceder a un bien o servicio dentro de la oferta del mercado reconociendo su subjetividad, pero en realidad no es así, si tenemos en cuenta que la oferta de todo bien y servicio necesario para la vida está en manos de grandes monopolios, y sigue dejando por fuera buena parte de la población.
Los organismos rectores de la política fiscal y social han generado una serie de “novedosos” indicadores que relativizan la pobreza, generando esquemas econométricos que pierden de vista las condiciones estructurales e históricas de la pobreza. El tema, por ejemplo del cambio de la metodología del SISBEN es un efecto de esa concepción, si bien las metodologías anteriores presentaban barreras para identificar familias que necesitaran las ayudas o programas sociales, el SISBEN IV está orientado a reducir beneficiarios y a contemplar la variable de “capacidad de generación de ingresos” como “el sueño” de salir de la pobreza; pero además sobre el propósito de la bancarización a la población, recoge y utiliza una amplia base de datos que les permite dar información a las empresas para ubicar estrategias de crédito incluso a los sectores empobrecidos de la población,
… En agosto de 2018, el DNP y Experian firmaron un Acuerdo de Intercambio de información para habilitar el cruce de información entre las dos instituciones y así trabajar por su interés común. En el caso del DNP, se busca utilizar la base de datos de riesgos financieros de Experian para “efectuar cruces con la información de la base de datos del SISBÉN” y mejorar la calidad de la información buscando inconsistencias … El acuerdo también beneficia a Experian, pues se le ofreció acceso a la “información no reservada” para el desarrollo de aplicaciones y servicios que serían utilizados por las instituciones bancarias para facilitarles el acceso al crédito a personas de bajos recursos[6].
El indicador de la pobreza multidimensional ha obstaculizado llegar a la población más vulnerable; para ilustrar, el Programa de Alimentación Escolar- PAE- en cabeza del ministerio de educación ha tenido que volver al indicador de las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI- como un mecanismo más simple y eficiente para ubicar la población objeto del programa, pues el indicador de pobreza multidimensional dejaba por fuera muchos estudiantes con deficiencias en alimentación[7].
La vivienda siendo una de las mayores deudas sociales, como política funciona con una clara segmentación del mercado y la pobreza; el Estado subsidia la demanda y oferta, es decir a la familia que necesita el bien vivienda con capacidad de endeudamiento y a la empresa constructora que ofrece la unidad habitacional. Presentado como programa con fines sociales oculta el negocio que significa para una constructora obtener grandes réditos por vender cientos o miles de unidades familiares estándar en reducido espacio, con el beneficio de exención tributaria y con subsidios estatales; dinero tramitado mediante la banca privada, con formas de endeudamiento sobre los mínimos ingresos de muchas familias trabajadoras, consumándose así el matrimonio del sector financiero y constructor. En la política de vivienda se ha invertido buena parte del presupuesto público durante casi dos décadas, pero sigue dejando por fuera buena parte de la población careciente estructuralmente de un techo[8].
2. Privatización y saqueo, el negocio con los bienes básicos de existencia Otro aspecto a replantear de la política social implantada por los organismos financieros internacionales, es la cuestión de la eficiencia, que apalanca y sustenta la privatización y más allá, el saqueo de las pensiones y la seguridad social de la clase trabajadora. Los recursos para las pensiones en manos hoy de los fondos privados en su mayoría, ha dejado a 7 de cada 10 ancianos sin pensión; sin embargo, en lugar de cambiar el sistema de seguridad social privatizado, desde el Estado se genera el programa Colombia Mayor, que consiste en otorgar un ingreso económico de $80.000 mensuales a los adultos mayores más empobrecidos de este país. Pero el desangre no para, recientemente el gobierno nacional ha
planteado la propuesta de la hipoteca inversa que permite a los bancos abalanzarse sobre el patrimonio familiar como la única opción que le queda a una persona que ya no tenga edad ni salud para trabajar y no logre una pensión[9].
Los sistemas de salud y de educación han logrado incorporar mayor población, es decir ampliar la cobertura, pero se ha hecho financiando al sector privado principalmente, como por ejemplo los colegios en concesión, o los subsidios para la educación superior[10], y la obligación a afiliarse al sistema privado y contributivo de salud así sea trabajador informal; el correlato de estos programas y convenios es la segmentación social y el detrimento de la calidad en la prestación pública de servicios, pues cada vez hay menos recursos para mejorar las plantas profesionales e infraestructuras públicas de salud y educación.
Este concepto de la eficiencia que se fundó sobre la idea que el Estado era corrupto e ineficiente y por tanto el sector privado ofrecería mejores caminos para brindar los bienes y servicios sociales, hoy da al traste con la revelación de la cantidad de formas para expoliar los recursos destinados a atender las necesidades básicas de numerosas familias; el ejemplo más claro quizás, nuevamente el PAE-, financiado a través del presupuesto público (PGN y SGP) mayoritariamente, llega a una cobertura del 69% y es ejecutado en la actualidad a través de terceros, lo que ha propiciado el robo de estos recursos mediante diferentes estrategias de corrupción, el clientelismo político y la desmejora de la calidad de los productos entregados a los estudiantes,
Según la Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN) de 2015, el estado alimentario y nutricional de los niños y niñas colombianos no ha mejorado significativamente en cuanto a malnutrición por déficit –expresada en retraso en talla y ha empeorado de manera dramática en cuanto a malnutrición por exceso –sobrepeso y obesidad–[11].
3. Impuestos para apalancar el negocio de la pobreza
Otro ingrediente en la configuración de la política pública actual, es la financiación de los programas sociales, sostenidos a partir de endeudamiento público con la banca privada e internacional y de impuestos regresivos -es decir a la clase trabajadora-, apalancando esencialmente a los operadores privados y el clientelismo electoral que lo circunda.
La panacea del gobierno actual para aliviar la pobreza extrema en el marco del Covid-19, ha sido adelantar el programa de Devolución del IVA –van dos jornadas a la fecha-, una estrategia de “justicia con los más pobres” según el gobierno y sus consejeros, que en lo real no representa sino el 1% de la tasa de pobreza12. Medida rechazada por amplias capas de la sociedad, porque justificó incrementar el IVA al 19%, siendo un impuesto que precariza aún más las condiciones de las familias trabajadoras especialmente en las principales ciudades, donde el costo de la canasta familiar va en aumento.
El siguiente recuadro ilustra el peso de este impuesto en los recaudos de la nación:
Elaboración propia a partir de Detalle Presupuesto General de la Nación 2020
Los ingresos corrientes nacionales que representan la mayor parte del presupuesto general de la nación se sustentan
sobre la renta (a la propiedad y al trabajo salario) y el consumo, pero van en su mayoría al pago de la deuda externa que entre el sector público y el privado ya llegó al 50% del PIB[13]. Es decir, el Estado amplía los impuestos a la clase trabajadora principalmente para pagar la gran deuda a la banca internacional y privada, pero reduce el gasto social y lo ancla a la capitalización de los gremios económicos más ricos de este país, gracias al proceso de privatización y desmantelamiento del patrimonio público.
Finalmente es importante señalar que el sistema de otorgar subsidios ha generado una noción paternalista y clientelar de la política, menoscabando el tejido social y la lucha por la dignidad. La segmentación social ha posicionado la idea generalizada de que “el pobre quiere todo regalado”, y que los bienes de consumo colectivo deben ser pagados con el trabajo individual a los prestadores privados, olvidando cómo se ha desmantelado el patrimonio, el sistema de servicios públicos y los derechos laborales, a partir de la producción social y la lucha proletaria.
La individualización del acceso a los bienes y servicios sociales ha conducido al menosprecio del trabajo y lucha popular, por una capa de la población aparentemente de clase media, quien justifica muchas veces la represión y el control social de la fuerza pública, como política de seguridad. La seguridad social como un bien conquistado por la lucha de la clase trabajadora, ha sido reemplazada por la idea de la seguridad ciudadana.
La indignación por la injusta alza de los impuestos fue borrada por uno o dos días de ganga en la rebaja de los impuestos para la compra de electrodomésticos y demás bienes.
Las propuestas y exigencias en una franja del movimiento social de la mano con el progresismo latinoamericano, tiene que ver con la Renta Básica Universal, una fórmula además propuesta por la misma CEPAL y Fedesarrollo en el caso Colombiano, que no va más allá de reivindicar una transferencia monetaria y de minimizar las reivindicaciones sociales, legitimando la idea de la pobreza como carencia de ingreso monetario por tanto se puede paliar con un subsidio, y posponiendo aún más la tarea de construir una estructura productiva y un sistema de bienes de consumo colectivo que genere condiciones de vida digna para las mayorías, quienes por generaciones han producido la riqueza social.
Referencias
[1] Trabajadora Social con Maestría en Estudios Políticos Latinoamericanos. Trabaja en el equipo de Investigación y Formación de la Asociación Red Itoco. Docente de Trabajo Social de la Universidad Central Tiempo parcial
[2] Netto. José P. Programas de reducción de la pobreza y nuevas formas de asistencialismo. Pág 27.
[3] Saludata Observatorio de Salud de Bogotá
[4] El premio Nobel de economía (1998), Amartya Sen planteó elementos filosóficos y económicos para examinar la pobreza desde la noción de realizaciones y capacidades sustituyendo la de necesidades, de allí se gesta el Índice de Desarrollo Humano –IDH- con Naciones Unidas para medir cómo los pobres distribuyen el ingreso. Junto a J. Rawls han influenciado el liberalismo bajo la premisa de la “Justicia Social” de la que ha bebido parte del liberalismo, el progresismo y el movimiento social en América Latina.
[5] García T. Andrés (2009) Los Programas de Transferencias Condicionadas: mecanismos de legitimidad política del orden neoliberal en América Latina. El caso de Familias en Acción. Pontificia Universidad Javeriana –Maestría en Política Social; Bogotá. Pág 14.
[6] Experimentando desde la pobreza pág 19
[7] Evaluación del Programa de Alimentación Escolar -PAE-. 2016
[8] En Colombia encontramos cifras de déficit habitacional por encima del 90% en regiones como el Chocó y Vichada; en Bogotá, la cifra es del 13,9%equivalente a cerca de 336.000 hogares.
[9] Hipoteca inversa precariedad financiera y desigualdad social
[10] La estrategia de inclusión a los jóvenes que no acceden a la educación superior ha sido la de subsidiar algunos estudiantes sobresalientes en su rendimiento escolar -Ser pilo paga ahora denominado Generación E-que subsidian la oferta privada y la demanda individual en lugar de financiar la educación pública superior.
[11] El programa de alimentación escolar, robo de los recursos a los más necesitados
[12] Reconocido por la representante del PNUD en el foro “Devolución del IVA ayuda a los menos desfavorecidos», del Diario La República el 21 de abril de 2020
[13] Deuda externa de Colombia, por primera vez equivale al 50% de su PIB
